Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 05-07-2018

Fecha de Resolución: 5 de Julio de 2018
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2100/16-TSJ
Interlocutorio N°: 628.-
Actor: DEFENSORIA PÚBLICA Nº 2
Demandado: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO
Objeto: S/ ACCION DE AMPARO
Fecha: 05-07-2018
Texto: TOMO XIX – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 628
FOLIO Nº 3611/3620
PROT. ELECT. TSS1 010 S.181
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a cinco días del mes de julio de dos mil dieciocho, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “DEFENSORIA PÚBLICA Nº 2 c/ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ACCION DE AMPARO”, Expte Nº D-35.380/16 (D-2100/16-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández y 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público Oficial, Dr. Walter Alfredo Martínez a fs. 36/52?; SEGUNDA CUESTIÓN: Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Peretti dijo:
I.- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 36/52, por el Dr. Walter Alfredo Martínez, en su carácter de titular de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 de la ciudad de Caleta Olivia, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/35; que desestimó la apelación interpuesta por la actora contra la providencia de Primera Instancia que había rechazado “in limine” la acción de amparo por considerar que la demandada -Servicios Públicos Sociedad del Estado- no había actuado con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas (cfr. foja 22).-
Sintéticamente, mediante la presente acción procura -el amparista- se provean los servicios de agua potable y electricidad, a un grupo de personas que han ocupado viviendas en los barrios denominados: “Bicentenario 40 Viviendas”, “Barrio 62 Viviendas” y “Barrio 187 Viviendas” de la Ciudad de Caleta Olivia (cfr. foja 10 y vta.).-
Basa su pretensión en la Constitución Nacional y diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos (incorporados a la Carta Magna por el articulo 75, inciso 22) que cita a fs. 15/16 vta.. Referencia que se demanda el acceso a derechos humanos fundamentales, de incidencia colectiva, y considera que la legitimación para accionar proviene de los artìculos 43 de la Constitución Nacional y 1º y 2º de la Ley de Amparo Provincial Nº 1117.-
Importa destacar que al interponer la demanda, también se requirió una medida cautelar en los siguientes términos: “En consecuencia, es que esta parte solicita hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión que V.S. dicte una medida cautelar innovativa a fin que la demandada provea en la forma y por los medios que se determine la cantidad diaria de cien litros de agua por persona (siendo este un cálculo de necesidad mínima de agua por persona, teniendo en cuenta que tirar de la cadena insume por lo menos 20 litros de agua y una ducha 50 litros).” (cfr. foja 19 vta.).-
Como ya se indicara la demanda fue rechazada “in limine” en Primera Instancia y la Cámara, aunque con distintos fundamentos, mantuvo tal decisión.-
Para así resolver, el tribunal de Segunda Instancia señaló: “Sin entrar en consideraciones respecto de la necesidad o importancia de los servicios que reclama, no puede dejar de desconocerse que todas las personas aquí representadas se encuentran ‘ocupando’ -como ellos mismos lo manifiestan- numerosas viviendas a las que habrían accedido sin legitimación alguna, puesto que en principio ellos mismos invocan haber sido ocupantes en forma pacífica. Como correlato de ello, se tiene presente que en la causa penal mencionada supra, se ha ordenado el desalojo de las viviendas para las cuales aquí se reclaman servicios, por encontrarse en trámite la investigación de un presunto delito de ‘usurpación’. Es decir que ab initio las personas que constituyen este grupo de afectados colectivo, carecen de derecho subjetivo para reclamar los servicios como pretenden […] No puede dejar de desconocerse que los interesados son ocupantes de numerosas viviendas correspondientes a ‘planes sociales de viviendas’ destinadas eventualmente a ser adjudicadas a numerosas familias que por su parte también tienen un derecho en expectativa al respecto. Así las cosas, no puede pretenderse que por vía de resoluciones judiciales se resuelvan problemas habitacionales -como señala el propio recurrente- que deben buscar solución por otras vías y a través de otros organismos del estado. Toda vez que los afectados de autos carecerían de un derecho subjetivo tutelable, tal como se ha descripto en forma precedente entendemos que el recurso incoado no puede prosperar, debiendo confirmarse la providencia atacada (arts. 28, 43 y ccs. Constitución Nacional).” (cfr. foja 34 y vta.).-
Debo destacar que en el pronunciamiento bajo análisis se dispuso, además, que el promotor de la presente, comunique a los distintos organismos de la administración, la situación de los menores y demás personas vulnerables, que describe en autos, a fin que se adopten las medidas necesarias, teniendo en cuenta el riesgo en que podrían encontrarse las personas referidas. Al respecto se señaló lo siguiente: “Todo ello, sin perjuicio de que el amparista comunique a la Oficina Municipal de Protección Integral de los Derechos del Niño/a y Adolescente, la situación particular de los menores mencionados en los presentes y a los organismos estatales que considere pertinentes como ya lo dispuso el Sr. Juez de instrucción….en los que además de a la oficina mencionada dió intervención a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz y Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Caleta Olivia a los fines de que adopten las medidas que consideren convenientes y oportunas en el marco de sus competencias específicas, teniendo presente que niños, niñas y adolescentes podrían encontrarse en riesgo…” (cfr. foja 34 vta.).-
Contra este pronunciamiento, el amparista interpone recurso de casación fundado en inobservancia o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) y b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 36 vta. in fine). Expresa: “…pese a lo escueto de la sentencia no por ello deja de ser de lo más arbitraria y absurda violando palmariamente preceptos convencionales y constitucionales, para lo cual aplica erróneamente la ley y doctrina del caso.” (cfr. foja 37 vta.).-
En primer lugar se agravia porque, la Cámara consideró que los afectados carecen de legitimación para accionar y que lo reclamado no son derechos de incidencia colectiva (cfr. foja cit.).-
Sobre el particular dice que “La legitimación radica en la protección de derechos de incidencia colectiva en su porción subjetiva, y en el presente caso los perjudicados son todos los vecinos de los barrios (donde viven ancianos, jóvenes y niños) quienes sin motivo alguno son privados de los servicios básicos y tratados como ciudadanos de segunda clase, calificándoselos erróneamente de usurpadores […] El art. 43 de la Constitución Nacional prevé que podrá interponer acción de amparo el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, contra cualquier forma de discriminación y ante la vulneración de los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como de los derechos de incidencia colectiva en general.” (cfr. fs. 38 y 40 vta.).-
En el segundo agravio, la crítica radica en que la Cámara, a su entender, no comprendió el alcance del reclamo y así introdujo, en su tratamiento, temas ajenos, como el derecho de propiedad o el déficit habitacional. “No estamos aquí discutiendo el problema habitacional, que se planteará en otro ámbito. Porque si la Justicia solo se conmoverá para tratar quien es el titular de una vivienda y soslayará la dramática situación que viven los habitantes de la ciudad, realmente estamos dejando mucho que desear a quienes acuden en estado de vulnerabilidad ante estos Estrados […] en ningún momento se planteó por esta vía el problema habitacional, sino que se proveyera a los ciudadanos que habitan esos barrios de los servicios básicos de luz y agua potable.” (cfr. foja 43 y vta.).-
Enumera los derechos fundamentales que, considera, se están violando mediante el accionar de la demandada, citando el derecho a la educación, a la seguridad y a la salud. A renglón seguido cita los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que protegen a los mentados derechos, los que, dice están siendo vulnerados por el proceder de Servicios Públicos (cfr. fs. 44/51).-
Como tercer y último agravio indica: “Como la sentencia basa parte de su resolución en un análisis de la calidad de mis representados y la presunta titularidad o aspiración a titularidad de las viviendas, no puede dejar de agraviarnos este tópico que excede lo planteado en el recurso de apelación […] No se pidió al Juez de grado ni a la alzada que por vía judicial resuelva el problema habitacional, sino que impidan que se vulneren los derechos humanos de los vecinos por ser privados de los servicios básicos en forma arbitraria e ilegal.” (cfr. foja 51 y vta.).-
A foja 60, el Defensor
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