Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 09-08-2016

Fecha de Resolución: 9 de Agosto de 2016
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Única Expte. N°: D-724/13-TSJ
Sentencia N°: 1019
Actor: DE DIOS MANUEL
Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Fecha: 09/08/16
Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1019
FOLIO Nº 3163/3169
PROT. ELECT. TSS1 019 C.161

En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 9 días del mes de agosto de dos mil dieciséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “DE DIOS MANUEL C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº D-724/13-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 4º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y 5º) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:
I.- Que, a fs. 30/31, se presenta, Manuel De Dios, con el patrocinio letrado de los Dres. Nora Galindo y Bernardino Zaffrani interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, a efectos “…se revoque el Acuerdo N° 2637 de fecha 12 de Setiembre de 2012… y en consecuencia se ordene a la accionada restituir el cargo base del haber inicial con que fui jubilado, esto es CLASE XVII - 2° Jefe de Departamento II, Personal de la Administración General de Vialidad Provincial…” (cfr. fs. 30).-
Expresa que se le concedió el beneficio de la jubilación ordinaria, determinándose como cargo base el indicado en el párrafo que antecede, conforme a las categorías estipuladas en la Ley N° 820. Afirma, que en el año 2011, se arribó a un acuerdo, en paritarias celebradas entre los representantes de los empleados de Vialidad Provincial, la Autoridad Provincial y la Caja de Previsión Social, mediante el cual se modificó el escalafón de los empleados de Vialidad de Santa Cruz, dejándose sin efecto el vigente que fue en base al cual se le reconoció el beneficio de la jubilación. Dicho acuerdo fue homologado por el Decreto Provincial Nº 1291 del 28 de junio de 2011, estableciéndose que el nuevo escalafón entraría en vigencia el 1º de Septiembre de ese año.-
Sostiene, que a raíz de dicho acuerdo, la Caja, a partir de noviembre de 2011, procedió a modificar el cargo base en su beneficio jubilatorio, pasándolo a la categoría X y luego, a raíz de un reclamo que realizó, a la categoría XIII. Agrega que tal baja de categoría motivó el reclamo, que concluyó con el Acuerdo N° 2637/12 que por la presente acción intenta nulificar.-
Señala que “…no escapará al criterio de ese Tribunal [que] el Acuerdo en crisis, es violatorio no sólo de la ley vigente N° 820, sino de derechos de raigambre constitucional, como lo son la jerarquía de las normas jurídicas (art. 31º) el derecho a la seguridad social (art. 14 bis) y el derecho de propiedad (art. 17)…” (cfr. fs. cit.).-
Apunta que la nueva categoría que se le otorgó (XIII), fue creada por Decreto, mientras que la original, en base a la cual se lo jubiló, fue establecida por la Ley N° 820. Ello, desde su óptica, viola el principio de jerarquía de las normas establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, ya que un decreto no puede modificar una ley. Sostiene, que una norma sólo puede ser modificada o dejada sin efecto por otras normas de igual o superior jerarquía, pero nunca por una de inferior jerarquía. Afirma, que en el caso sucede lo contrario, un decreto modifica un escalafón establecido por una ley. Por ello solicita, además, se decrete la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11. Asimismo, agrega que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional está destinado a garantizar a los beneficiarios un nivel de vida acorde con el que tuvieron durante los años de trabajo.-
Manifiesta que “…si bien en el sub lite y hasta el momento no se redujeron mis haberes, al reducirse mi categoría de XVII a XIII, de mantenerse la decisión de la accionada, no tengo garantizado que en el futuro dichos haberes sean proporcionales a los que perciben quienes realizan actualmente la misma tarea, función y categoría que tenía cuando estaba en actividad” (cfr. fs. 30 vta.).-
Añade que su jubilación es un derecho adquirido que ha ingresado en su patrimonio y se encuentra protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.-
Finalmente, aduce que la modificación en su cargo base del haber jubilatorio es ilegítima e inconstitucional y por ello pide se decrete la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11 y revoque el Acuerdo Nº 2637/12.-
Ofrece prueba y funda su derecho y hace reserva del Caso Federal.-
II.- Que, corrido traslado de la demanda, es contestada a fs. 48/51 por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, representada por el Dr. Fernando Guillermo Agüero y con el patrocinio de la Dra. Nélida Silvia Garrigue. Allí exponen que “La lesión o perjuicio que invoca el actor no es actual sino hipotética y futura lo que altera el objeto del proceso, y afecta el principio de congruencia, porque por esta vía se intenta tutelar una eventual afectación a futuro que podría producirse o no…” (cfr. fs. 49).-
Alegan, que el Acuerdo Nº 2637 resulta ajustado a derecho, porque fue dictado en el marco de la Ley Nº 1782 y sus modificatorias, Ley Nº 1260 y su Decreto Reglamentario. El mismo tuvo por objeto poner fin al reclamo administrativo del actor; y explican que el servicio jurídico del organismo dictaminó, en el marco del expediente administrativo, que de hacerse lugar el reclamo del actor ello conllevaría a un ascenso en pasividad, por lo cual, debía rechazarse el pedido. Afirman, que la Administración General de Vialidad Provincial informó que “…la equiparación actual de Clase XIII se corresponde con el haber inicial de la Jubilación Ordinaria otorgada a partir del 01 de Noviembre de 1997; esto es el Cargo Base Clase XVII 2° Jefe Dpto. II” (cfr. fs. 49 vta.). Asimismo, consideran que es improcedente el planteo de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11, toda vez que dicho decreto se dictó en el marco de la Ley Nº 2986 que rige las negociaciones colectivas que se celebran entre la Administración Pública Provincial y las Asociaciones Sindicales; y que “…dicho Decreto de modo alguno es contrario a la Ley 820 la que en el Capitulo Décimo Sexto regula el funcionamiento de las Comisiones Paritarias…” (cfr. fs. 50).-
Consideran, que no existe la inconstitucionalidad alegada por la contraria dado que la negociación colectiva homologada mediante el Decreto Nº 1291/11 fue realizada en el marco del artículo 58 de la Ley Nº 820. Dicen que “…En cuanto al Decreto 1291/11, homologa el acuerdo paritario realizado por las partes pero no integra el convenio
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