Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 27-11-2012

EmisorTribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (Argentina)
Fecha27 Noviembre 2012
PROVINCIA: SANTA CRUZ
LOCALIDAD: RIO GALLEGOS
FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SECRETARIA: PENAL
INSTANCIA: TERCERA
INTERLOCUTORIO Nº:013
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 27/11/12

AUTOS: “VARIZAT DANIEL ALBERTO S/DOBLE LESIONES GRAVISIMAS EN CONCURSO IDEAL CON DOBLE LESIONES GRAVES EN CONCURSO IDEAL CON MÚLTIPLES LESIONES LEVES -11 HECHOS- EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES GRAVES -1 HECHO- EN CONCURSO IDEAL CON SEPTUPLES LESIONES LEVES”, Expte. Nº 3187 (V-608/19/T.S.J.)


RIO GALLEGOS,27 de noviembre de 2012.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “VARIZAT DANIEL ALBERTO S/DOBLE LESIONES GRAVISIMAS EN CONCURSO IDEAL CON DOBLE LESIONES GRAVES EN CONCURSO IDEAL CON MÚLTIPLES LESIONES LEVES -11 HECHOS- EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES GRAVES -1 HECHO- EN CONCURSO IDEAL CON SEPTUPLES LESIONES LEVES”, Expte. Nº 3187 (V-608/19/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
CONSIDERANDO:
I.-) Que, llega la presente causa a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, en razón de los recursos de casación articulados a fs. 1257/1271 por el defensor del condenado Daniel Varizat; a fs. 1272/1274 por el Fiscal de Cámara de la Primera Circunscripción Judicial y a fs. 1286/1295 vta. por la querella, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1238/1251, que encuentra al imputado, autor penalmente responsable en orden a los delitos lesiones graves en siete personas y lesiones leves en dieciseis personas todas ellas en concurso ideal (arts. 90, 89 y 54 del Código Penal) a la pena de TRES años de prisión en suspenso (art. 26 del mismo ordenamiento legal) y al pago de las costas procesales (art. 29 inc. 3º del C.P.).-
II.-) A fs. 1300/1301 vta. se hace lugar a los recursos impetrados por la defensa, el fiscal y los querellantes. A fs. 1321 mantuvo el recurso ante esta Alzada, el Sr. Fiscal ante el Excmo. Tribunal Superior, a fs. 1322 mantuvo el recurso la parte querellante, y a fs. 1323 hizo lo suyo la defensa del imputado.-
Concretamente el Sr. Fiscal manifestó su agravio a fs. 1272/1274. Planteó que "...he de enrostrar a la sentencia que tiene por objeto el presente recurso, puntualmente, en el tratamiento de la cuarta cuestión, haber incurrido en errada y arbitraria aplicación de la ley sustantiva penal en la mensuración del monto de la pena impuesta al condenado..." solicitó que se case parcialmente el fallo impugnado y se imponga la pena de cinco años de prisión al Sr. Daniel Alberto Varizat por el delito por el cual fue condenado.-
Por su parte, la querella hizo su planteo a fs. 1286/1295 vta., manifestando que "...la resolución impugnada de fecha 29 de diciembre de 2008 es un compendio de yerros que serán debidamente determinados por esta parte, en tanto todas estas circunstancias se han dado en la sentencia casada de distinta manera y grado... que el primer error consiste en la calificación jurídica de la conducta reprochable a Varizat, lo que constituye una errónea aplicación de la ley sustantiva huérfana la resolución de argumentos suficientes como para fundar la misma... otro error de razonamiento en la aplicación del derecho vigente en que incurre el Tribunal a quo, consiste en la calificación de las lesiones, jurídicamente hablando... Inobservancia de las normas que este código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, y en cuanto los hechos trascurridos en el juicio..."; hacen reserva del caso federal, y adhieren al recurso impetrado por el ministerio fiscal.-
En tanto la defensa, planteó como agravios -en un breve resumen- "...1) la errada aplicación del derecho de fondo que se realiza por parte del Tribunal, en sus dos votos que reunieron la mayoría, en relación a la aplicación del instituto de la legítima defensa, art. 34 inc. 6to del C.P. y legítima defensa de terceros art. 34 inc. 7mo. del C.P.. La viabilidad de estos dos institutos ha sido claramente desarrollada por la defensa al momento del alegato, no existiendo fundamentos, a nuestro criterio para excluir la aplicación de ambas en base a los argumentos desarrollados en la sentencia, cabe aclarar además, que con relación a la legítima defensa de terceros, no obstante ser un elemento introducido en el debate no ha existido pronunciamiento. 2) La violación al principio de indiscutida raigambre constitucional del in dubio pro reo, que emerge en el presente de la desatención y valoración parcial e infundada de una de las pericias realizadas sobre la persona del imputado, desde que se ha tomado para fundamentar el decisorio aquella que resulta más perjudicial a mi defendido. En tal sentido se ha citado especialmente en el alegato por parte de este Ministerio el precedente 'in re Abraham Jonte'... 3) como consecuencia de lo descrito en el punto anterior, y pese al pedido de la defensa y el contenido de la pericia llevada a cabo por el Dr. Enio Osorio Linares, y en parte conjuntamente con el otro perito actuante quienes concordaron en la existencia de un estado de miedo o pánico en la persona de Varizat al momento del hecho, el tribunal desecha de manera infundada, improcedente y contraria a derecho la existencia de una clara causal de disminución de la facultad cognitiva del imputado para dirigir sus acciones excluyendo la posibilidad de que no haya podido dirigir sus acciones conforme a la comprensión de lo acontecido. Va de suyo la importancia de esta conclusión, porque por medio de la misma se ha impedido la viabilidad de una causal de imputabilidad Art. 34 inc. 1 y la posible incidencia de dicha particularidad si se admitía la existencia de un exceso en la legítima defensa por temor o pánico, aplicación del art. 35 del C.P..." (fs. 1257 vta.).-
Finalmente solicita se case la sentencia y se dicte un fallo conforme a derecho en virtud de lo peticionado, haciendo reserva del caso federal.-
III.-) Que, teniendo en cuenta los argumentos vertidos por las partes, corresponde en primer término, tratar los agravios del Sr. Fiscal de Cámara a la luz de la normativa prevista por el art. 441 inc 2º del C.P.P.. De idéntica manera corresponde tener presente la participación en esta instancia de la parte querellante, la cual carece de facultades para intervenir en forma autónoma, acotando su actuación como 'adherentes' al Ministerio Público Fiscal y por lo tanto la labor jurisdiccional de este T.S.J. se limitará al recurso articulado por éste último, conforme lo fuera resuelto por éste Tribunal mediante Interlocutorio de fecha 11 de diciembre de 32008, Tº XII, Rº 001, Fº 001/003, el que en su punto V.-) establece disponer como medida cautelar, se permita participar como parte querellante en el mismo a los damnificados, sólo con el alcance determinado por el Sr. Fiscal de Cámara, es decir, en carácter de adherente, y en la Sentencia de fecha 16 de octubre de 2009, Tº V, Rº 004, Fº 041/060, el cual quedara firme al ser rechazado el Recurso Extraordinario presentado por la querellante como así el recurso de queja rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
Así las cosas, corresponde tener en cuenta en primer término si la Fiscalía, tiene agravio, toda vez que la pena impuesta no ha sido inferior a la mitad de la requerida, y por lo tanto no tendría expedita la vía casatoria.-
En este sentido el derecho al recurso, por parte de la Fiscalía en los casos del art. 441 inc. 2º, ha sido suficientemente debatido tanto en doctrina y con muchos más argumentos, desde la óptica jurisprudencial.-
En efecto, cabe tener como precedente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Giroldi", en donde el Cimero Tribunal resolvió que "...la forma más adecuada para asegurar la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8º, inc 2º, apart. h), es declarar la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459, inc. 2º del C.P.P.N., en cuanto veda la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias de los tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena...".-
En tal sentido, a partir del fallo de mención el Ministerio Público comenzó también a plantear la inconstitucionalidad de los límites para recurrir establecidos en el art. 458 del C.P.P.N..-
Los principales argumentos para sustentar su postura fueron los siguientes:
a) Inconstitucionalidad del límite para la impugnación prevista en el precepto.-
b) El derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, reconocido en el art. 8º, inc 2º, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual no se encuentra dirigido exclusivamente a quien resulta imputado de un delito, sino también a las otras partes legalmente constituidas en un proceso penal determinado.-
c) Afectación del principio a la igualdad de la intervención de las partes en el proceso (Arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional).-
IV.-) Con relación al primero de los cuestionamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reivindicó en el fallo "Arce" la validez de la norma y sostuvo en esa dirección "...que por otra parte no es ocioso señalar que el Estado -titular de la acción penal- puede autolimitar el ius persequendi en los casos que considere que no revisten suficiente relevancia como para justificar su actuación. En tales condiciones, el fiscal debe ejercer su pretensión en los términos que la ley procesal le concede. Por ello, no puede considerarse inconstitucional la limitación de la facultad de recurrir las sentencias al Ministerio Público cuando se verifique un supuesto como el previsto por art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación en la medida en que, en las particulares circunstancias del "sub lite", no se ha demostrado que se haya afectado la validez de otras normas constitucionales (CS-Fallos, 320:2145).-
Clariá Olmedo sostiene que el fundamento de estas limitaciones tienen un carácter práctico que consiste en evitar el recargo de los tribunales de alzada o el entorpecimiento
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