Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 26-11-2015

Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2015
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
 
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P.cia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Única Expte. N°: O-673/10-TSJ
Sentencia N°: 1000
Actor: OTAMENDI Y CIA SRL
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Fecha: 26/11/15
Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1000
FOLIO Nº 3067/3075
PROT. ELECT. TSS1 025 C.151

En la ciudad de Río Gallegos, capital de la P.cia de Santa Cruz, a los 26 días del mes de noviembre de dos mil quince, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, D.. D.M.M., A. de los Á.M., P.E.L.C. y el Sr. Vocal S., Dr. D.N.F., bajo la presidencia de la Dra. Clara S. para dictar sentencia en los autos: “OTAMENDI Y CIA S.R.L. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº O-673/10-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. A. de los Ángeles M., 2º) Dra. P.E.L.C., 3º) Dr. D.M.M., 4º) Dr. D.N.F., y 5°) Dra. C.S.; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la de- manda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamien- to corresponde dictar?.-
A la primera cuestión la Dra. M. dijo:
I.- Que OTAMENDI Y CIA S.R.L., por intermedio de su apo- derado, Dr. L.I.M., a fs. 40/51 vta. interpone demanda conten- cioso administrativa contra la P.cia de Santa Cruz - Ministerio de la Producción - Dirección P.cial de Transporte, modificándola a fs. 71/72, con el objeto que este Alto Cuerpo declare la nulidad del acto administrativo individualizado como Disposición N° 1213-DPT/09 de fecha 27/11/2009 (conf. fs. 40 vta. y 46 vta.); y “…Emita declaración de certeza sobre los alcances del inciso U del art. 5 en relación con el inc. K del art. 53, ambos de la ley 24.449, la que fuere adherida por la P.cia de Santa Cruz mediante ley N° 2417” (cfr. fs. 40 vta.).-
Relata que “…conforme surge claro del acta N° 003977 de fecha 11/01/2008… el Sr. M.G.F. en dicha oportunidad era depen- diente de mi mandante… Que teniendo en cuenta ello es de aplicación el art. 76 de la ley nacional N° 24.449… Mi mandante es una persona jurídica que no puede ser punible por las presuntas infracciones que se constatan con relación a las reglas de circulación… Que conforme se desprende del acta y de la disposición N° 1213-DPT/09, se imputa la infracción de los artículos 34, 40 inc. C), 53 inc. K) y 56 de la ley nacional N° 24.449… Que por tales motivos mi mandante, persona jurídica, no es punible por las infracciones de los art. (sic) 40 C), 53 inc. K) y 56 de la mencionada norma por cuanto se trata de faltas cometidas por un dependiente respecto de las reglas de circulación. Por lo tanto, la acción debió enderezarse contra el Sr. M.G.F....” (cfr. fs. 41 vta./42).-
El actor aduce que “…Conforme se desprende de la resolución en crisis, se imputa a mi mandante la infracción a los artículos 34, 53 inc. K) y 56 de la ley nacional N° 24.449… Que el acta se formuló en la Sub Comisaría Ramón Santos ubicada dentro de la provincia del (sic) Chubut… Que la sede de mi mandante se encuentra en la calle San Martín y J.N. de la ciudad de Caleta Olivia. Por lo tanto es claro que el vehículo circulaba fuera del ámbito de su jurisdicción… ‘…10.- Siempre que el vehículo circule fuera del ámbito de su jurisdicción, su Certificado de Revisión Técnica (CRT) tendrá una validez adicional de DOS (2) meses, vencida la misma para efectuar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) fuera de su jurisdicción deberá obtener expresa autorización de la Autoridad Jurisdiccional (AJ) donde se pretenda realizar la misma…’. Que a la fecha del acta de infracción (11/01/2008), el vehículo en cuestión estaba amparado por la normativa citada, no pudiendo imputársele a mi mandante que circulaba con verificación técnica VENCIDA. No obstante ello conforme se acreditó oportunamente al momento de realizar el descargo, con fecha 23/01/2008 se aprobó la revisión técnica del vehículo en cuestión. Por todo ello, es que solicito se deje sin efecto la sanción aplicada...” (cfr. fs. 44 y vta.).-
Asimismo afirma que “…el vehículo en cuestión en dicha oportunidad 11/01/2008 no era utilizado como transporte de carga de ningún tipo, simplemente era un vehículo afectado a los empleados a los fines de su desplaza- miento entre los distintos puntos de negocios de mi mandante… del acta de consta- tación no surge ni en el espacio para las observaciones, que el vehículo en cuestión estaba cargado, poseía algún tipo de carga, individualización de remito, carta de porte o cualquier otra documentación que haga presumir que se realizaba el transporte de personas o cosas. Insisto, un vehículo que tiene la capacidad de realizar transporte de cargas o cosas, no puede ser considerado sin más un servicio de transporte y exigír- sele una habilitación y demás requisitos…” (cfr. fs. 44 vta./45). Por lo expuesto, el actor estima que no debe ser sancionado en atención a lo dispuesto en los artículos 53 inc. k) y 56 de la Ley Nº 24.449 (por falta de inscripción como vehículo de transporte) (conf. fs. 45).-
Continúa diciendo que “Teniendo en cuenta lo argüido en el punto anterior respecto de la finalidad del vehículo, que el inc. K) del art. 53 mencionado no se encuentra reglamentado, lo que agrava la situación de mi mandante por cuanto en principio existiría una contradicción o incoherencia con relación a lo establecido por el inciso U del art. 5 de la ley de tránsito que tampoco está reglamen- tado, los distintos criterios que tienen las distintas autoridades en los distintos puestos camineros y la gran cantidad de actas labradas como consecuencia de ello, es que se solicita a V.E. la declaración de certeza respecto de los alcances del inciso U del art. 5 en relación con el inc. K del art. 53, ambos de la ley 24.449, la que fuere adherida por la P.cia de Santa Cruz mediante ley N° 2417. Particularmente en el caso del vehículo Toyota Hilux dominio EEM-054, ante tantas diversidades de criterio y ante el labrado de actas por diferentes interpretaciones de las distintas autoridades… Es por ello oportuno que V.E. declare los alcances del inc. k del art. 53 en relación al inc. U del art. 5. Concretamente esta parte precisa que se indique: 1.- Cuando se considera que existe transporte de cargas? (sic) Ello debe ser considerado en abstracto o en concreto, es decir, se debe llevar carga o que tener (sic) la posibilidad de llevarla? 2.- En consecuencia, cuando existe la obligación de inscribirse como transporte de carga el vehículo? (sic) Lo que indicaría exactamente cuando se cometería la infracción. 3.- Por último en qué jurisdicción corresponde realizar la inscripción, en la que corresponda según el domicilio en todas las jurisdicciones que se circule? (sic) Que (sic) sucede con los vehículos que transitan la mayoría de las provincias? (sic) Deberían inscribirse y cumplir todos y cada unas de las reglamentaciones? (sic) Esta parte considera que ello es irrazonable, razón por la cual se acude a V.E a los fines de dar luz a tanta oscuridad” (cfr. fs. 45/46).-
Agrega que “…no es de aplicación la reincidencia del art. 82 de la ley 24.449 y menos aún en los montos que se pretenden aplicar. Teniendo en consideración los montos que se pretenden aumentar las multas aplicadas, se puede fácilmente descifrar que se ha aplicado el inciso 3 del art. 82, es decir, se da por su- puesto que se ha (sic) cometido previamente tres infracciones y es por ello que se au- menta en tres cuartos la multa aplicada. Ello es a todas luces irrazonable y arbitrario por cuanto, no se indican las supuestas infracciones cometidas, ni fechas, ni lugares, ni actas, ni expedientes donde tramiten, ni si han quedado firmes, entre otras cues- tiones necesarias, razón por la cual es totalmente infundado aumentar la sanción apli- cada acudiendo a la herramienta de la reincidencia. Conforme se desprende de la resolución en crisis, la misma sólo se limita a citar el artículo 82, lo que hacen a la misma nula de nulidad absoluta por falta de causa y motivación, violentando el art. 7 incisos b) y e) de la ley de procedimientos administrativos N° 1260. Por tales mo- tivos, se plantea la nulidad del acto administrativo, atento que la resolución que pre- tende aplicar irrazonablemente multas, carece de la más mínima motivación, lo que hace al acto nulo, debiendo ser esto así declarado. Todo acto administrativo debe tener los elementos o requisitos que el art. 7 de la ley 1.260 exige…” (cfr. fs. 46 y vta.); y que “…Estos vicios que en el accionar normal de la administración podrían ser relatividades, adquieren gravedad y magnitud cuando el acto administrativo tiene caracteres como los de las presentes actuaciones donde la resolución está destinada en última instancia a la aplicación de una sanción de naturaleza penal…” (cfr. fs. 47 vta.).-
A fs. 48, apartado VI, solicita la suspensión del acto adminis- trativo atacado, la que es rechazada por este Alto Cuerpo mediante resolución de fs. 209/212 vta..-
Finalmente ofrece prueba y hace reserva del caso federal (conf. fs. 50 vta./51 vta.).-
II.- Que, corrido traslado de la demanda, es contestada a fs. 82/86 por el Estado P.cial, representado por la Dra. R. de los Ángeles Mercado, por medio de la cual solicita el rechazo de la demanda, con costas. En relación al argumento de la actora en que no es responsable por la infracción cometida por su dependiente basándose en el artículo 76 de la ley nacional 24.449, entiende que “…ello no es así ya que las faltas atribuidas al dominio cuya propiedad reconoce la actora no son meras faltas de infracción o circulación, sino que hacen a la posibilidad de circular en la vía pública del vehículo, ello conforme al acta de infracción que consta en el expediente y de los propios dichos de la actora. (Estamos hablando de revisión técnica obligatoria y habilitaciones.). Por ello
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