Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 18-09-2013

Emisor:Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (Argentina)
Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Única Expte. N°: F-419/03-TSJ
Sentencia N°: 944
Actor: F.G.M.
Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Fecha: 18/09/13
Texto: TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 944
FOLIO Nº: 2835/2842
PROT. ELECT. TSS1 012 C.131

En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 18 días del mes de septiembre de dos mil trece, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales D.. E.O.P., A. de los Á.M., P.E.L.C. y el Sr. Vocal S., Dr. D.N.F., bajo la presidencia a cargo del Sr. Vocal, Dr. D.M.M. para dictar sentencia en los autos: “F.G.M. C/CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº F-419/03-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. E.O.P., 2º) Dr. D.M.M., 3º) Dra. A. de los Ángeles M., 4º) Dra. P.E.L.C., y 5°) Dr. D.N.F.; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión el Dr. P. dijo:
I.- Que, a fs. 22/30vta., el Dr. G.M.F., por derecho propio, interpone demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de las Resoluciones Nº 2987 de fecha 13/12/01 y su ampliatoria Nº 0131 de fecha 13/02/02 del Consejo Provincial de Educación y del Decreto 2415/02 del 24/09/02 emanado del Poder Ejecutivo Provincial. Mediante los actos mentados en primer lugar se lo sanciona por omitir consignar uno de los cargos que tenía en la docencia, en una declaración jurada, mientras que por el segundo se le rechaza el recurso de alzada que había interpuesto contra las dos primeras.-
Sobre el particular, considera que no existía obligación de declarar el cargo en cuestión porque no lo estaba efectivamente ejerciendo y no percibía por él, haberes. Por esta razón, desde su óptica, se trataba de una información irrelevante para la empleadora y sobre la cual no existía obligación legal alguna que le imponga declararlo.-
El accionante expresa que “…en los actos administrativos aludidos se han producido una serie de vicios que afectan su validez jurídica, contraviniéndose preceptos de carácter constitucional en virtud de tratarse de un procedimiento sancionatorio…” (confr. fs. 22 y vta.), alega que ello es así conforme las previsiones contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica de jerarquía constitucional luego de su incorporación en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, como asimismo a los arts. 18 de ésta última y 8 de la Constitución Provincial.-
Se refiere a continuación, a la Resolución 2987/01, por la cual se le atribuye responsabilidad administrativa por haber omitido declarar, en su declaración jurada, un cargo de P. titular retenido bajo licencia en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 9. Al respecto, el actor considera que “…La resolución omite señalar las normas legales en que se funda, por lo cual carece de motivación suficiente, pero además carece de causa, porque no existe ninguna normativa que se haya violado…” (confr. fs. 23). Afirma, que en el caso “…se ha establecido una discrepancia entre el llenado de una declaración jurada anterior y otra posterior, consistente en que en la primera se ha declarado un cargo en el que no se prestaba servicios efectivos y por lo tanto no se percibía remuneración alguna, y en otro no se lo ha hecho… La administración ha calificado tal circunstancia como una ‘omisión’ y no vacila en equipararla con un ‘falseamiento’… La adjetivación resulta falsa e injuriante...” (confr. fs. 23 vta.). Al respecto, refiere que en el caso no existe reglamentación específica que indique la forma en que deben llenarse las declaraciones juradas aludidas y que en este caso no existe norma que prevea que su conducta sea sancionable y por lo tanto no hay pena alguna para ella. Por lo expuesto, considera el recurrente que se ha cometido un error jurídico de magnitud que ha generado un perjuicio irreparable en su prestigio profesional y ha lesionado su honra injustificadamente. Asimismo, denuncia la comisión de violaciones del procedimiento administrativo en la Resolución Nº 2987/01 que afectan su derecho de defensa y el debido proceso, considerando que se ha propuesto prueba que no fue tratada, no se han respetado los plazos procesales dilatando la notificación de actos producidos en ella, se han ampliado resoluciones firmes, dejándolo en una posición de indefensión y carente de toda seguridad jurídica.-
Posteriormente, hace mención de la Resolución 131, la cual considera nula por idénticos motivos que los señalados para la anterior ya que, según dice, es una ampliación de aquella. Agrega que, además, dicha nulidad se debe a que fue extemporánea por ser ampliación de una anterior ya atacada de nulidad y por aplicar una sanción sobredimensionada, dictada luego de encontrarse notificada y firme la Resolución 2987. En la norma bajo análisis se decreta una sanción adicional la cual, considera el actor, es sobredimensionada y sin fundamento en ninguna norma legal. Por último, con relación al Decreto Nº 2415/02, lo ataca porque, a su entender, contiene vicios procedimentales “…produciéndose una lesión más al derecho de defensa y del debido proceso, al no ser notificada la recepción del expediente en esa instancia a los fines de permitir el descargo a que alude el art. 88 in fine del Decreto Provincial Nro. 181/79...” (confr. fs. 27vta.). No obstante ello, agrega, que hizo dicha presentación y que ésta fue considerada, aunque brevemente, en la resolución de referencia. Sin embargo, la nulidad de esta norma, dice, deriva del hecho que carece de sustento legal la anterior a la cual esta última pretende confirmar.-
Finalmente, plantea “…para el caso de que se confirme la interpretación efectuada por la accionada en relación a la normativa aplicada, dejo interpuesta la petición de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas en virtud de resultar violatorias de las garantías constitucionales ya señaladas...” (confr. fs. 30).-
Ofrece prueba, funda su derecho y hace reserva del caso federal.-
Que corrido el pertinente traslado, a fs. 60/64 contesta demanda la F.ía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, en representación de ambos codemandados (Consejo Provincial de Educación y Poder Ejecutivo Provincial). Señala al respecto: “…podemos decir que el actor basa la presente acción en el razonamiento que la conducta imputada a él no es reprochable, ya que supuestamente no existiría norma alguna que la tipifique. Desde ya, podemos decir con toda seguridad, que la conducta realizada por el Sr. F. está tipificada en toda la normativa vigente de la materia…” (confr. fs. 62). A continuación, realiza la transcripción de los artículos 50 y 54 de la Ley Nº 14.473 y artículos 14 y 28 del Decreto Nº 1609/69, y al respecto expresa que “…Las normas son claras, no hay duda que el actor omitió declarar un cargo en la Declaración Jurada, el mismo no niega esta situación, simplemente se basa en el razonamiento ilógico de la supuesta falta de normativa que tipifique la acción de omitir un cargo en la declaración jurada que no se ejerce efectivamente. Asimismo… entiende el docente que es el declarante el que valora que datos son o no importantes para su empleador. Nada más ridículo que eso…” (confr. fs. 62 vta.). La representante de los demandados, considera que el actor tiene la obligación de declarar el cargo, esté trabajando efectivamente o no, pues el carácter de las declaraciones juradas no sólo son en razón de la remuneración que perciban los docentes sino que también hace a otros fines propios del Consejo Provincial de Educación. Concluye, afirmando que no existieron violaciones al trámite del procedimiento, como así también que los antecedentes del docente fueron tomados en cuenta como atenuante a fin de aplicar la sanción correspondiente. Finalmente, niega la afirmación del actor, de que se haya impedido la vista de las actuaciones. Solicita no hacer lugar a la demanda incoada. Ofrece prueba.-
Que a fs. 69/85, el actor formula las alegaciones que autoriza el artículo 57 del CPCA -Ley Nº 2600-. Allí realiza un análisis pormenorizado de las actuaciones administrativas labradas a raíz de los hechos objeto de este proceso, donde pretende demostrar los vicios cometidos en dicho procedimiento y como, con ellos, se ha violado la garantía del debido proceso. Concluye dicha exposición, señalando que “…se ha aplicado una sanción desproporcionada en relación con el hecho constatado, se han efectuado citas legales erróneas, no se ha considerado la interpretación que más
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