Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 10-12-2018

Fecha10 Diciembre 2018
EmisorTribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (Argentina)
Provincia: Santa Cruz
Localidad: RÃo Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -SecretarÃa Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2220/17-TSJ
Interlocutorio N°: 638.-
Actor: OJEDA ORLANDO AMERICO Y OTRO
Demandado: MURCHISON S.A.
Objeto: LABORAL
Fecha: 10-12-18
Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 638
FOLIO Nº 3683/3688
PROT. ELECT. TSS1 020 S.181
RÃo Gallegos, 10 de diciembre de 2018.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “OJEDA ORLANDO AMERICO Y OTRO c/ MURCHISON S.A. s/ LABORAL�, Expte. N° O-969/13 (O-2220/17-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar Sentencia; y
CONSIDERANDO:
I.- Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora (cfr. fs. 414/419 vta.), por intermedio de su letrado apoderado, Dr. M.N.¡s C., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de MinerÃa de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 410/412 vta., que confirmó la sentencia de Primera Instancia. Esta última rechazó la demanda entablada, con costas.-
II.- El caso se presenta en los siguientes términos: los Sres. Orlando Américo O. y Julio César L. promovieron demanda laboral contra “Murchison S.A. Estibajes y Cargas Industrial y Comercial�, en procura del cobro de diferencias salariales, arguyendo que sus remuneraciones no eran liquidadas de conformidad al Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 ni tampoco reflejaban el pago de los aumentos otorgados (cfr. foja 182).-
A su turno, la empresa demandada sostiene que el convenio aludido no se encuentra vigente, puesto que su perÃodo de validez se extendió hasta el 31 de enero de 1992 y, además, su caducidad quedó ratificada por el Decreto Nacional Nº 817/92 (cfr. foja 211 vta.). Consiguientemente, solicitó el rechazo total de la demanda, con costas a la contraria (cfr. foja 214).-
La sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda incoada, con costas (cfr. foja 392 vta.). Apelado este pronunciamiento por la parte actora, la Alzada lo confirmó (cfr. foja 412 vta.) Para asà decidir, los jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones aseveraron que el convenio colectivo de trabajo quedó sus-pendido en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nacional N° 817/98, lo que coincide con lo informado por el Sindicato de Capataces y Estibadores Portuarios. Igualmente, refieren que de la prueba pericial contable producida en la causa surge que los jornales básicos percibidos por un capataz durante el perÃodo 2011/2013 concuerdan con los salarios comunicados por el sindicato (cfr. foja 412).-
III.- Contra dicho acto sentencial, los actores interponen recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley (cfr. fs. 415 vta. y 418 vta.).-
En cuanto al primero de los motivos enunciados, sostienen que la sentencia en crisis denota una postura totalmente incongruente, parcial y arbitraria, que no hace mérito ni profundiza en los argumentos vertidos por su parte (cfr. foja 415 vta.).-
Postulan que el fallo se basa únicamente en que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 43/89 quedó suspendido, pero no analiza de ningún modo los fundamentos desplegados por su parte respecto de que un decreto no puede derogar un convenio de este tipo. Manifiestan que aún habiéndose derogado y no establecido un nuevo marco legal debe estarse a lo normado en el convenio que regulaba la relación laboral (cfr. foja cit.).-
Indican que la Excma. Cámara de Apelaciones tampoco analizó los argumentos expresados en torno al principio de irretroactividad de la ley y a que nunca una nueva ley o norma puede afectar derechos adquiridos -como los que existen en el presente caso- ni hechos cumplidos (cfr. foja 416).-
Afirman que el fallo en crisis violenta lo normado por el artÃculo 7 de la Ley N° 20.744 y el artÃculo 14 bis de la Constitución Nacional (cfr. foja 417).-
Expresan que la sentencia cuestionada de ningún modo ha hecho mérito de sus alegaciones al expresar los agravios y que, por el contrario, ha entrado en la búsqueda de justificaciones de la demandada de un modo sintético y sin analizar puntillosamente los argumentos de su parte. Añaden los recurrentes que esta circunstancia sienta un precedente peligroso para la seguridad jurÃdica de los trabajadores y nulifica el fallo (cfr. foja 417 vta.).-
Refieren que la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones viola las formas y solemnidades sustanciales para el procedimiento, al formular argumentos que constituyen verdaderas defensas que ni siquiera la propia demandada esgrimió, suplantando a esa parte en abierta violación al derecho de igualdad de las mismas (cfr. foja cit.).-
Alegan que los magistrados de la Alzada realizaron una apre-ciación errónea de la prueba pericial contable, de la cual surge claramente que la de-mandada adeuda diferencias salariales (cfr. foja 418 vta.).-
En relación al segundo de los motivos invocados, esto es, la violación de la ley, los recurrentes sostienen que se ha violado el principio de congruencia. Explican que se ha aplicado erróneamente los artÃculos 7 y 14 bis de la Constitución Nacional y, finalmente, que se ha omitido la aplicación del artÃculo 13 de la Ley N° 25.877, que instala el principio de
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