Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 13-09-2011

Fecha de Resolución:13 de Septiembre de 2011
 
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P.incia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: T.unal Superior de Justicia -Secretaría C.il-
Instancia: Extraordinaria P.incial Expte. N°: S-1.565/07-TSJ
Sentencia N°: 522
Actor: S.C.M.
Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS
Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS
Fecha: 13-09-11
Texto: TOMO XV – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 522
FOLIO Nº 2.927/2.939
PROT. ELECT. TSS1016S.111
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la P.incia de Santa Cruz, a 13 días del mes de septiembre de dos mil once, se reúne el Excmo. T.unal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. D.M.M., Dr. E.O.P., Dra. A. de los Ángeles M., bajo la presidencia de la Dra. C.S., para dictar sentencia en los autos: “S.C.M. c/ MUNICI-PALIDAD DE RÍO GALLEGOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº S-10.474/03 (S-1.565/07-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. E.O.P., 2º) Dr. D.M.M., 3º) Dra. A. de los Ángeles M. y 4º) Dra. C.S.; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTION: Es procedente el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 253/255?; SEGUNDA CUESTION: Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la PRIMERA CUESTIÓN el Dr. P. dijo:
I.- Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. T.unal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación que interpusiera la parte actora a fs. 253/255, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo C.il, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 242/247, aduciendo violación de la ley.-
Se agravia en los siguientes términos: “…mi parte considera violado en la sentencia contra la cual interpongo la casación, lo dispuesto en el art. 164 inciso 5to., aplicable a los fallos de Cámara por el art. 165 del mismo C.P.C. Y C., en cuanto a la resolución de V.E. omite totalmente ‘la aplicación de la ley’ que determine el fundamento legal de la conclusión a que llega. En efecto, en todos los considerandos que llevan al rechazo de la apelación, no se menciona ley alguna, como tampoco en la parte resolutiva. Ello así, se provoca una notoria indefensión, porque los jueces deben basar sus fallos en las normas vigentes, y aquí se omiten, teniendo la sentencia solo fundamento aparente en consideraciones generales que no se arraigan en norma alguna, ni procesal, ni civil, ni penal, ni por derecho alguno…” (confr. fs. 253). Agrega que “…a su vez la sentencia contra la cual recurro en casación, ha omitido ‘la relación suscinta (sic) de las cuestiones que constituyen el objeto de juicio’ y los ‘fundamentos’ que corresponde extraer de las mismas conforme lo mentan los incisos 3ro y 4to. del art. 164 del C.P.C. y C., aplicable a los fallos de la Cámara por el art. 165 del mismo cuerpo legal, en la medida en que ha omitido considerar las constancias que surgen del expediente penal S-16782/99 que se allegó como prueba a la causa, donde consta a fs. 8 que mediante oficio 433 del 21/04/99 el Juzgado de Faltas informa al Juez de Instrucción ‘que el rodado no registra causa alguna como así tampoco se encuentra secuestrado a disposición del Juzgado de Faltas’. Es evidente entonces, que la ‘falta de causa’ y la ‘falsedad de la afirmación del ente municipal’, no se ha tenido en cuenta, por cuanto, de ello surge que no puede haber acto alguno que justifique el secuestro, ni falta alguna sancionable, y en consecuencia, el posterior remate carece de causa, no pudiendo haber ‘cosa juzgada’ que me prive de mi propiedad. Ello así, la sentencia de V.E. ha violado el art. 17 de la Constitución Nacional… No ha mediado sentencia alguna por no haber intervenido autoridad judicial, no siendo tal el Juzgado Municipal de Faltas, pero además, el propio Juzgado no… aplicó mediante sentencia firme, medida alguna que aún laxamente pudiera entenderse como autorización para privar al suscripto del uso del vehículo, y menos aún su venta posterior. Es decir, he sido privado del uso y goce de mi propiedad tanto por un secuestro injustificado, como por una venta posterior que la entidad realiza sin causa alguna…” (confr. fs. 253 y vta.). Manifiesta que “…la carencia de fundamento en derecho de la sentencia que impugno por casación, también surge de la falta de análisis de las ordenanzas municipales 1262 y ordenanza 4732 y Decretos Municipales 3771 y 936/03, aunque posteriores al secuestro del automotor dado que allí se norma lo referente a la venta de ‘cosas abandonadas y perdidas’, siendo evidente que el automotor de mi propiedad no lo era, puesto que las acciones ante la Justicia Penal de Instrucción y los requerimientos ante el propio Juzgado de Faltas, implican la imposibilidad de considerar ‘abandonado el automotor’. Pero además de ello, el propio secuestro por supuesta falta de un tercero, implica que el propio municipio no encontró el vehículo abandonado, sino que lo ‘sustrajo’ de la vía pública, implicando la omisión de V.E. de considerar estas normas legales y subsumirlas con los hechos, una violación evidente de los incisos 3ro. y 5to. del art. 164 del C.P.C. y C., en la medida en que es aplicable a los fallos de Cámara…” (confr. fs. 253 vta.). Aduce que “…la sentencia de V.E. ha violado el art. 499 del Código C.il, puesto que el mismo indica que ‘no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos… o de las relaciones civiles’. Ahora bien, en el caso de autos, no hay ‘obligación’ por el cual el suscripto deba responder, en la medida en que no ha sido pasible de ninguna sanción, y por eso es erróneo decir que ‘hay cosa Juzgada’. En primer lugar, porque no ha mediado proceso judicial sobre el secuestro y la venta, pero también porque aún considerando que ha mediado ‘proceso administrativo’, el mismo no tiene fundamento alguno, al haber negado el Juzgado de Faltas la existencia de falta sancionable, y por ello ordenó la devolución del vehículo al suscripto, SIN NOTIFICAR NI CONCRETAR LA MEDIDA. Y por otro lado, la venta en sí, es un ‘hecho’, y como aplicado a un bien de mi propiedad no abandonado ni perdido, un ‘hecho’ injustificado, que implica acto irregular de la autoridad administrativa…” (confr. fs. 253 vta.).-
Concedido el recurso de casación a fs. 267 y vta., se ponen los autos a disposición de las partes para que aleguen su derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la ley 1687, la actora hace uso de este derecho a fs. 270 y vta. y la demandada a fs. 272/273.-
La demandada argumenta que se está pretendiendo -mediante el recurso que nos ocupa- inducir al tratamiento de cuestiones de hecho y prueba ajenas a esta instancia extraordinaria y que “…cabe señalar que ni en la demanda ni en ninguna otra oportunidad el actor hizo mención puntual a lo que surge del oficio N.. 433 del Juzgado Municipal de Faltas, sino que tal argumento es introducido recién en esta instancia, lo que demuestra que la contraparte se ha esforzado por ‘buscar y encontrar’ algún argumento que le permita estructurar un caso ‘proponible’ ante V.E..- Sin embargo el argumento del actor en torno al informe que contiene el Oficio 433 es absolutamente equivocado… El Juzgado Penal solicitó informe al Juzgado Municipal de Faltas respecto al vehículo dominio Z-021244 y por ello mismo el oficio 433 informa respecto de dicha patente automotor y no otra. Pero lo concreto y definitivo es que el vehículo secuestrado y que es en torno al cual se estructuran tanto el proceso admi-nistrativo como el judicial, corresponde al dominio J-021244 tal como surge de las constancias obrantes en ambos procesos penal y administrativo… Por último, resta destacar que el actor una vez más pretende desconocer cuestionar los actos administrativos llevados a cabo por la Municipalidad de Río Gallegos (todos, según se probó, en ejercicio de facultades regladas), cuando en verdad ha quedado suficientemente demostrado que aquél consintió los mismos, resultando así improcedente la vía indemnizatoria en sede civil…” (confr. fs. 272 vta./273).-
A fs. 275 se corre vista al Sr. Agente F. ante este Alto Cuerpo, quien se expide a fs. 176/278 y expresa que “…A poco que se avance en el análisis sugerido… es dable advertir que el recurrente no ha logrado demostrar que el razonamiento que motiva la solución a la que arriba el a-quo presenta vicios o irregularidades de la entidad exigida para dar sustento al remedio casatorio, debiendo reconocer este Ministerio F. que el resolutorio atacado resulta escueto, no explayándose en fundamentaciones necesarias para un mayor entendimiento, sin perjuicio de ello no logra advertirse el quebrantamiento de forma dado que se ha respetado la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, como asimismo considero que contiene los mínimos fundamentos y la aplicación de la ley que exige el art. 164 inc. 5º del C.P.C. y C. y se encuentra encuadrada dentro de los parámetros establecidos por el art. 34 inc. 4º de la referida norma legal...” (confr. fs. 277 y vta.).-
Agrega que “…De acuerdo a la doctrina conocida como subsunción, es decir, adentrándonos en el examen de la correcta aplicación del derecho, esta F.ía considera que analizados los agravios respecto a lo que el quejoso llama la violación de la ley y de normas constitucionales y de derecho sustancial, los mismos no resisten el menor análisis atento que de la lectura de sus fundamentos solo surge una mera disconformidad del recurrente con lo resuelto por el a-quo, no demostrando la existencia de arbitrariedad o absurdo de tal entidad, que hagan viable la petición en el carril impugnaticio (sic) intentado, encontrándose ayuno de motivación el presente como para conmover dicho resolutorio... Lo hasta aquí expuesto me lleva a afirmar que en el resolutorio impugnado no se ha violado la ley ni vulnerado el derecho de defensa conforme lo alegara la actora, siendo opinión de esta F.ía que el Recurso de casación interpuesto no es procedente...” (confr. fs. 277 vta./278).-
II.- Que, el actor alega haber comprado un automóvil (marca
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