Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 30-11-2017

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2017
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -S.retaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2123/16-TSJ
Interlocutorio N°: 618.-
Actor: DE LOS S.B.F.
Demandado: POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Objeto: S/ AMPARO
Fecha: 30-11-2017
Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 618
FOLIO Nº 3554/3560
PROT. ELECT. TSS1 014 S.171
Río Gallegos, 30 de noviembre de 2017.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “DE LOS S.B.F.C./ POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ AMPARO” Expte. Nº B-18.287/16 (D-2123/16-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y:
CONSIDERANDO:
I.- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 83/92 vta. por el C. General (R) José Luis Cortes, en su carácter de Jefe de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 57/65.-
Esta última, confirmó la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 31/38 que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por el actor ordenando a la Policía de la Provincia de Santa Cruz que, sin perjuicio de mantener, en caso de considerarlo conveniente, la situación de pasiva del agente De los Santos, se abstenga de descontarle haberes hasta tanto se resuelva su situación y se decida la penalidad a aplicar en el sumario administrativo. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 152, inciso b), de la Ley Nº 746 y rechazó la inconstitucionalidad del artículo 119, inciso d) (conf. foja 38).-
II.- Ante esta solución la parte demandada interpone recurso de casación a fs. 83/92 vta.. Lo fundamenta en violación y errónea aplicación de la ley (conf. foja 83 vta.) y arbitrariedad (conf. fs. 91 vta./92).-
La recurrente se agravia porque la Cámara sostuvo que el mundo policial no podía erigirse en una excepción al control judicial y a las normas legales, constitucionales y convencionales, que constituyen el lente de aproximación a esas reglas propias del estado policial (conf. foja 85 y vta.). Y afirma, en ese marco, que aquélla “…parte de un precepto que esta parte jamás ha argumentado ni ha sido la lógica ni (sic) fundamento del recurso. Por el contrario esta (sic) fuera de toda dudas (sic) la facultad constitucional que tienen siempre y en todo momento los jueces de realizar el control judicial de legalidad y en lo atinente a su razonabilidad, ello no ha sido puesto en duda por esta parte…” (cfr. foja 85 vta.). Agrega asimismo que “La decisión adoptada por la Jefatura de Policía… ha sido legal teniendo en vista lo normado en la Ley 746…y dicha decisión no fue facultativa, sino que hacerlo constituyó su obligación.” (cfr. foja cit.).-
Asimismo, se agravia porque la Cámara sostuvo que la situación de pasividad tiene como principal consecuencia la percepción de la mitad del salario que, por su carácter netamente alimentario, integra el derecho de propiedad del amparista y su afectación solo puede ser tolerada en casos extraordinarios (conf. foja 86). En relación a ello, alega que “Resulta contrario a la lógica o al derecho que se premie a un Funcionario Policial, que es ubicado en situación de Pasiva -por ende no cumple con el servicio efectivo- con el cobro total de sus haberes, máxime aun (sic) cuando dicha situación deviene de una conducta antirreglametaria, poniendo en riesgo la disciplina institucional y la exigencia a los funcionarios policiales de cumplir y hacer cumplir la ley, ante ello, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos.” (cfr. foja cit.). Agrega, en tal sentido, que la situación de pasividad en la que se ubicó al amparista genera como consecuencia obligatoria la aplicación inmediata del artículo 152, inciso b), de la Ley Nº 746 que establece que el personal que reviste en tal situación percibirá el 50 % del sueldo y que “…el ad quo y ahora el ad quem, ha (sic) declarado inconstitucional…” (cfr. foja 86 vta.), siendo que dicha solución “…no es arbitraria ni irracional, ni menos inconstitucional.” (cfr. foja cit.), y que dicha reglamentación “…ha sido debatida por el Legislador y ha sido aplicada correctamente por el Administrador justamente mediado (sic) una situación extraordinaria (la del amparista) en el caso concreto.” (cfr. foja 87). Para finalizar sosteniendo que “…mal puede, el ad quem, tachar de inconstitucional el Art. 152º inc b de la Le (sic) 746, por el solo hecho de considerarla una afectación al derecho de propiedad (Art. 17 CN) ignorando que dicho derecho ha sido objeto de una adecuada, prudente y razonable reglamentación” (conf. foja cit.).-
Por otra parte, se agravia de que la Cámara haya afirmado que no era una cuestión menor el vencimiento de los plazos de tramitación del sumario policial, y que cualquier plazo superior al previsto en la reglamentación policial agravaba la situación alimentaria del amparista y constituía una afectación del debido proceso legal; puesto que se trata de un argumento que no tiene relación directa con la retención de haberes y con el encuadre administrativo dado al caso (conf. foja 87). Señala, en tal sentido, que “Los plazos administrativos no implican directamente que una vez vencidos los mismos provoquen un agravamiento de la situación alimentaria…dado que los mismos tienen como fundamento que las sanciones disciplinarias que se dicten tengan aplicación practica y cumplan el fin correctivo para el cual han sido establecidas.” (cfr. foja 87 y vta.). Y que en el caso de autos, se trató de un encuadre administrativo producto de la situación procesal en causa judicial que presentaba el efectivo policial y no de una sanción disciplinaria derivada de un sumario administrativo ni mucho menos que tal decisión sea una medida preventiva cautelar y sujeta a plazos de duración de instrucción de sumario (conf. foja 87 vta.).-
Afirma que “…me agravia la resolución recaída, toda vez que no se encuentra probado perjuicio alguno causado al efectivo policial…respecto del descuento del haber mensual en un 50%...” (cfr. foja 87 vta.) y que no puede “…hablarse de una quita confiscatoria, cuando el descuento realizado es del 50% de su salario, percibiendo la otra mitad del salario…” (cfr. foja 88 vta.). Esgrime en relación con esto último, que “…el amparista no se encuentra prestando funciones del mismo momento en que tomó conocimiento de la Disposición Nro. 884-D.1-“R”/16 por la cual se lo situaba en situación de pasiva conforme lo establece el Art. 152 Inc. B de la Ley Nro. 746. En todo caso, esta situación beneficia al amparista, toda vez que no presta funciones laborares y continúa percibiendo el 50% de su haber mensual. Por lo que presumo, el ad quem pretende que esta Institución Policial abone la totalidad del salario mensual al amparista quien no se encuentra prestando servicios, tornándose injusto abonar un salario cuando no se encuentra realizando tareas y a su vez deviene arbitrario y desigual para sus pares, quienes cumplen con la jornada laboral.” (cfr. foja cit.).-
Esgrime que la resolución de la Cámara se apartó de la Ley a aplicar al caso concreto, de la Ley de Personal Policial Nro. 746 y el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial Dcto. 2091/72, las cuales, sostiene, enmarcan el procedimiento a seguir para este tipo de situación y que al momento de dictar la Disposición en crisis, su parte obró dentro de los marcos legales resolviendo declarar la “situación de pasiva” del efectivo policial con la retención de haberes pertinente (conf. foja 88 vta.). Y asimismo se
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