Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 22-08-2018

Fecha de Resolución:22 de Agosto de 2018
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil-
Instancia: Única Expte. N°: L-776/17-TSJ
Sentencia N°: 1048
Actor: L.N.A.
Demandado: COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-
Fecha: 22/08/18
Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1048
FOLIO Nº 3279/3285
PROT. ELECT. TSS1 008 C.181
Río Gallegos, 22 de agosto de 2018.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “L.N.A.C./ COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº L-776/17, venidos al Acuerdo para resolver; y
CONSIDERANDO:
Voto de la Dra. R.G.F.:
I.- Que a fs. 54/72 vta. se presenta el Sr. N.A.L., con el patrocinio letrado del Dr. H.J.N., interponiendo demanda contencioso administrativa contra el Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz (en adelante el Colegio), con el objeto de que se decrete la nulidad o, subsidiariamente, se revoquen las resoluciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2017 y por el Tribunal de Ética en el Expediente N° 003/2016 TEyD-CPPSC caratulado como “Investigación s/ Denuncia c/ Lic. L.N.A.. Mediante ésta última -confirmada por la Asamblea- se rechazó el planteo de prescripción interpuesto y se suspendió la matrícula profesional del actor por el término de un año. Se dispuso también que al término del plazo señalado, deba realizarse una pericia psicológica para determinar si se encuentra apto para el ejercicio de la profesión e igualmente se estableció una multa de ciento treinta módulos.-
En el acápite II de su presentación solicita el dictado de una medida cautelar -a la que denomina “autosatisfactiva” y de “no innovar”- tendiente a que se suspendan las resoluciones reseñadas hasta el dictado de la sentencia que recaiga en las actuaciones principales, ordenando a la demandada a que se abstenga de ejecutar las sanciones dispuestas (cfr. fs. 54 y vta.).-
En cuanto a la verosimilitud del derecho que invoca, sostiene que el Tribunal de Ética del Colegio le aplicó una sanción injusta, acudiendo a legislación extranjera (cfr. foja 55). Describe la relación que mantuvo con la denunciante y aduce que no cometió ninguna infracción, puesto que la relación del profesional con sus ex pacientes no está vedada por el Código de Ética del Colegio de Psicólogos (cfr. foja cit.). Argumenta que si el proceso perdurara por un lapso mayor a un año, la sanción se ejecutaría antes de tiempo, sin que finalice la acción judicial que por derecho le corresponde (cfr. foja 55 vta.).-
Indica que el peligro en la demora se configura por la mera posibilidad de que el derecho de una persona se encuentre impedido o frustrado de ejercerse. Postula que resulta necesario evitar las circunstancias que obstaculizan su derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita y/o profesión liberal (cfr. foja 56). Finalmente, afirma que fue intimado al pago de la multa en un plazo de diez días y que, para el caso de no hacerlo, la deuda será ejecutada, lo que amerita considerar el peligro que ello acarrea (conf. foja 56 vta.).-
Corrido el traslado a la demandada, es contestado a fs. 94/115 vta. por su representante la Dra. M.C.S.. Allí sostiene que el planteo debe rechazarse debido a que no existe en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, L.N.° 2600 (cfr. foja 105) y asevera que los presupuestos establecidos por el actor a los fines del dictado de la medida cautelar aparecen como insuficientes para agrietar el principio de ejecutoriedad y la presunción de legalidad de los actos administrativos (cfr. fs. 105 vta./106).-
A foja 130 y vta. dictamina el Sr. Agente F. ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido positivo, considerando que “…V.E. debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona” (cfr. foja 130 vta.).-
A foja 131 pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver.-
II.- La impugnación de los actos administrativos definitivos de los Colegios o Consejos Profesionales contiene un trámite específico normado en el Título X del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, L.N.° 2600. Así, el artículo 109 de este cuerpo normativo prevé que las reglas allí estipuladas serán de aplicación a todos los procedimientos previstos por las leyes de creación de los Colegios o Consejos Profesionales u otras normas similares, en materia de impugnación judicial contra: a) los actos que decidan la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en la matrícula correspondiente; b) los actos mediante los que se impongan sanciones en los supuestos contemplados por las normas de aplicación; c) en general, los actos de gravamen emanados de aquellos entes.-
No obstante, el mencionado título no prevé una disposición específica que regule las medidas cautelares, por lo que -a tenor de lo prescripto por el artículo 107 in fine- resultan de aplicación las reglas determinadas en el Título VI. En esta parcela del ordenamiento se tipifican tres tipos de pretensiones cautelares: la suspensión de la ejecución de un acto administrativo (arts. 33 y ss. del CPCA, L.N.º 2600), las medidas positivas (art. 31 del CPCA, L.N.º 2600) y las medidas urgentes (art. 25 del CPCA, L.N.º 2600).-
Ahora bien, la enumeración transcripta no crea un régimen legal de ‘numerus clausus’, ya que queda abierta la posibilidad de su ampliación.-
Por ello, este Tribunal Superior ha sostenido que una medida extraña en principio a nuestra ley adjetiva contencioso-administrativa no puede ser óbice para que los particulares, en el convencimiento que su derecho puede encontrar una mejor tutela cautelar en una medida no prevista en nuestro Código, las soliciten. Es que el sistema cautelar administrativo es típico pero no autónomo en la medida en que se nutre, en forma directa o analógica, de preceptos provenientes de otros ordenamientos. En la materia rige el principio general de admisibilidad de cualquier medida cautelar que sea adecuada a la situación de cuya tutela se trata. Es por tal motivo que el artículo 25 del CPCA, L.N.º 2600, establece que se podrá peticionar la adopción de medidas urgentes -sin decir cuales- que aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente la decisión de fondo, y es por ello, que el artículo 32 del citado ordenamiento nos permite aplicar las medidas cautelares y las normas generales referidas a aquellas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, T.X., Reg. 1031, F. 3208/3211).-
III.- En la especie, al solicitar la medida cautelar el actor la calificó como “autosatisfactiva” y de “no innovar” (cfr. fs. 54 y vta.). Empero, surge diáfanamente que el interesado pretende que se suspendan los efectos de los actos sancionatorios dictados en su
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