Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 08-04-2019

Fecha de Resolución: 8 de Abril de 2019
 
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Provincia: Santa Cruz
Localidad: Río Gallegos
Fuero: Tribunal Superior de Justicia -S.retaría Civil-
Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2268/18-TSJ
Interlocutorio N°: 3480
Actor: MACÍAS, E.M.
Demandada: PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.
Objeto: SUMARÍSIMO LABORAL S.R.L
Fecha: 08-04-2019
Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3480
FOLIO Nº 5942/5946
PROT. ELECT. TSS1 022 I.191
Río Gallegos, 8 de abril de 2019.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “MACÍAS, E.M. c/ PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. s/ SUMARÍSIMO LABO- RAL”, Expte. Nº M-25.138/14 (M-2268/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
CONSIDERANDO:
I.- Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación for- mulada por la Sra. Vocal, Dra. R.G.F., que a foja 373 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del ar- tículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integra- do el tribunal que dictó la sentencia de fs. 301/321.”.-
En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II.- Asimismo, los presentes autos vienen al Acuerdo en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letra- do apoderado, D.M.R.P. (cfr. fs. 344/356 vta.), contra la sentencia dicta- da por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de M.- ría de la Primera Circunscripción Judicial. Esta última revocó la sentencia de Primera Instancia e hizo lugar a la demanda. En consecuencia declaró la nulidad del despido del actor (comunicado el 7 de marzo de 2014); ordenó la inmediata restitución en su puesto de trabajo o en uno acorde a su actual estado de salud; condenó a S. a abonar los salarios caídos desde el 7 de marzo de 2014 hasta su efectiva reincorporación y al pago de la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto de daño mo- ral, con más los intereses a tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días a contarse desde la fecha del distracto declarado nulo y hasta su efectivo pago; y con imposición de costas en ambas instancias a la demandada (cfr. fs. 301/ 321).-
III.- Que la parte recurrente sustenta su casación en: “una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso (Ley 22250 y CCT 75/76)”; en la violación al artículo 17 de la Constitución Nacional y del principio de congruencia del artículo 164 del CPC y C; y en la incorrecta interpretación al caso de autos del artículo 476 CPC y C. También cuestiona el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones por estimar que se aparta de la doctrina sentada por el “superior” en lo que hace a la arbitrariedad en la apreciación de la prueba sometida a su análisis y que fuera interpretada en perjuicio de su mandante (cfr. fs. 346 y vta.).-
Entiende que se violó: “la doctrina legal de V.E. por exceso ritual manifiesto.” (cfr. foja 347).-
Estima que la sentencia de Cámara ha incurrido en arbitrariedad, violando la defensa en juicio, el principio de la doble instancia y el debido pro- ceso legal -derechos de raigambre constitucional- (cfr. foja 347 y vta.). Dice que: “La arbitrariedad se magnifica al desnaturalizar una forma -proceso sumarísimo del art. 476 (sic) del C.P.C. y C.-, empleándola en exceso, malversando en sus fines, e im- portando normas del Derecho Civil, en la especie el art. 1078 del C.C, (sic) aplicando una norma legal bajo un supuesto inexistente, como es la Ley n° 23.592 -antidiscriminatoria-, e inaplicando en el sub lite la norma correspondiente, es decir, la Ley 22250 y el CCT 75/76, es decir ignora las normas especiales que correspondía aplicar.” (cfr. foja 347 vta.).-
La recurrente agrega que: “...es el marco legal de la relación laboral que el propio actor la invoca en su demanda, más allá que luego reclame rubros como el daño moral, propios del Derecho Civil, en una mixtura totalmente incompatible con el tipo de procedimiento sumarísimo elegido para litigar, y que al ser receptada por en el (sic) fallo puesto en crisis lo invalida como pronunciamiento válido.” (cfr. foja 351).-
Señala que las causas de la arbitrariedad son: “Haber ignorado normas procesales generales y Especiales. Haber fundado el fallo en normas ajenas al proceso laboral, contrariando principios fundamentales de la Ley 22.250, Convenio de la UOCRA, cuando se han acreditado los presupuestos para que dicha normativa sean aplicables (sic). Haber dado fundamentos aparentes. Haber incurrido en exceso ritual manifiesto.” (cfr. foja 347 vta.).-
Considera que la Alzada no valoró que en el recibo de sueldo de la actora surgía que se trataba de un trabajador encuadrado en el régimen laboral de la construcción, amparado por el CCT 75/76. Afirma que esta norma no garantiza la estabilidad absoluta de tales trabajadores y que una vez concluida la obra para la cual fueron contratados finaliza el vínculo entre las partes (cfr. foja 348 vta.).-
Manifiesta que: “El actor se encontraba afectado a la obra 'Servicio de ejecución de obra para el lavadero de
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