Sentencia nº 660 de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucuman - Sala en lo Civil y Penal, 27 de Julio de 2007

PonenteAlberto José Brito Héctor Eduardo Aréa MaidanaAntonio Gandur
PresidenteAlfredo Carlos Dato
Fecha de Resolución27 de Julio de 2007
EmisorSala en lo Civil y Penal

C A S A C I Ó N

660/2007 En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a V. (27) de Julio de dos mil siete, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores A.C.D., A.J.B., H.E.A.M. y A.G. -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor A.C.D., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "S.A.A.J.F. vs.M. de Yerba Buena y otros s/ Prescripción adquisitiva".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores H.E.A.M., A.J.B., A.C.D. y A.G., se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor H.E.A.M., dijo:

  1. - Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 132/138 por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala IIIa de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común en fecha 17/11/2005, que revocó el fallo apelado y declaró la caducidad de la instancia.

    La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 10/02/2006 (fs. 150). Corrida vista de ley, el Sr. Ministro F. se pronuncia a fs. 159/160 por la improcedencia de la impugnación.

    Examinados los recaudos de admisibilidad del recurso, se advierte que ha sido interpuesto en término contra una sentencia equiparable a definitiva. Conforme a la doctrina de esta Corte, si bien el fallo es de naturaleza interlocutoria, y resuelve una cuestión incidental al admitir el acuse de caducidad de la instancia planteado por la demandada, la índole y contenido de la sentencia aludida satisface el requisito previsto en el artículo 813, inciso a) del CPCC, toda vez que su resultado es poner fin al pleito, impidiendo su continuación (CSJT, entre otras, sentencia Nº 70 del 20/02/2000, autos "R., J.A. vs.D.D. y otro s/ Daños y perjuicios"). El memorial se basta a sí mismo, y propone la doctrina que el recurrente estima correcta, y a fs. 131 corre agregada boleta que acredita el depósito de ley.

    El recurrente expone los antecedentes de la causa, iniciada por su mandante S.A.A.J.F. el 09/8/2000, tendiente a declarar consolidado el dominio por prescripción adquisitiva del lote de terreno descripto en la demanda. Relata que previo al traslado de la misma su parte presentó escrito desistiendo de la acción; y con posterioridad al ello, el día 06/5/2002 inició nuevo juicio ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la VIa N.. Que en fecha 04/5/2004 la accionada interpuso incidente de caducidad de instancia; y en ese momento su parte advirtió la omisión en agregar el escrito de desistimiento, por lo que adjuntó la copia obrante en su poder, allanándose subsidiariamente al planteo de caducidad. Manifiesta que en dicha presentación invocó el carácter unilateral y no recepticio del desistimiento, sin sujeción a formalidad alguna, toda vez que fue articulado previo al traslado de la demanda. En suma, planteó que el proceso estaba ya concluido, sea por desistimiento o por perención, lo cual excluía toda posibilidad de arribar al dictado de una sentencia de mérito sobre el fondo del asunto. Argumentó entonces que no podía caducar un proceso ya desistido; y así lo entendió la Sra. Juez de primera instancia, quien hizo lugar al desistimiento y declaró abstracto el planteo de caducidad (cfr. sentencia del 19/4/2005, fs. 103). La contraria interpuso recurso de apelación, admitido por el tribunal de alzada en los términos del fallo cuya casación reclama.

    Alega que el fallo impugnado es definitivo, por cuanto la decisión de archivo de la segunda causa, dictada por el Juzgado del mismo fuero, VIa Nominación, significa que no existe posibilidad jurídica de continuación del pleito en ninguno de los expedientes. Considera que el caso también presenta caracteres de gravedad institucional, porque se ha puesto en juego la correcta y normal administración de justicia, lo cual trasciende el mero interés de su parte y se proyecta en el de la comunidad toda.

    Invoca violación de la normativa contenida en los arts. 33, 272 y cc. del CPCC, art. 28 de la Constitución de la Provincia y art. 18 de la Constitución Nacional, atribuyendo al decisorio falta de motivación y de congruencia, en violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso. Considera que se ve coartado el acceso a la jurisdicción, y a obtener tutela al derecho de propiedad.

    De una parte, sostiene que la sentencia es nula, por haber omitido tratar el allanamiento formulado y sus consecuencias, en particular respecto a la distribución de las costas procesales (arg. art. 107, CPCC). Entiende que no puede reclamarse a la actora el no haber sostenido esta postura al responder agravios ante la Cámara, dado que el fallo apelado le había sido favorable; y que tal interpretación significa un exceso ritual manifiesto, que además atenta contra le principio de congruencia.

    Le agravia el criterio del tribunal a quo, en cuanto considera que el escrito de desistimiento tuvo carácter interruptivo de la acción, pero luego se habría producido un nuevo plazo en relación al cual declara perimido el proceso. Según afirma, la Cámara se aparta de la doctrina y jurisprudencia vigente sin fundamentación alguna, dado que mediante aquella presentación no procuraba impulsar el trámite sino concluirlo. Seguidamente, refiere a las normas procesales que regulan el desistimiento del proceso, subrayando que si el mismo tuvo lugar antes de la notificación de la demanda, la ley sólo exige que sea inequívoco, sin sujetarlo a una forma determinada. Hace notar que el escrito respectivo se incorporó a los autos sin oposición de la contraria, y que su mandante corroboró aquel desistimiento al iniciar de inmediato un nuevo proceso.

    Por último, impugna la imposición de costas a su parte, sin atender al allanamiento oportuno a la caducidad de instancia. Reitera en tal sentido que la contestación de agravios en segunda instancia no requería un nuevo allanamiento, habida cuenta del resultado favorable obtenido en la sentencia apelada por la demandada. Propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

    A fs. 144/148 la demandada contesta traslado y solicita el rechazo del recurso, con costas a la contraria.

  2. - Examinados los autos, se verifica que en fecha 04/02/2004 la letrada apoderada del municipio demandado solicitó se ponga el expediente a la vista; que según informe actuarial se encontraba paralizado en el año 2002 (cfr. fs. 62). De inmediato, planteó la perención de la instancia, y a su pedido se labró constancia de que no existían escritos pendientes de agregación, excepto el que se adjuntara en ese acto, vinculado al cobro de honorarios del letrado N.B...

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