Sentencia Nº Legajo nº 9684/1 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2014

Fecha10 Abril 2014
Número de sentenciaLegajo nº 9684/1
EstatusPublicado
EmisorSuperior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 10 días del mes de abril de dos mil catorce, se reúne la Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los jueces P.T.B. y C.A.F., a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto el día 27 de agosto de 2013 por la Querellante Particular M.J.M.G., por su propio derecho y con el patrocinio letrado del abogado J.E.F., que originó el presente legajo nº 9684/1, caratulado: "MENDIBURU, R.O. s/ Querellante Particular impugna inconstitucionalidad art. 265, último párrafo C.P.P. ", del que RESULTA I) Que la Dra. M.M.R., en su carácter de Juez de Control Sustituta, dispuso declarar la inconstitucionalidad del artículo 265 último párrafo del código procesal vigente en cuanto autoriza al Juez de Control a resolver la oposición de la víctima o querellante particular al archivo dispuesto por el F., por resultar violatorio de lo establecido por esquema constitucional vigente y, en consecuencia, devolver las actuaciones al Ministerio F. a los fines correspondientes Para arribar a tal decisión principalmente se tuvo en consideración lo resuelto por este tribunal en Pleno en el legajo "Sogorbe" nº 5725/1, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 265 del C.P.P. y la resolución nº 24/12 de Procuración General, en el entendimiento que la jurisdicción no se puede inmiscuir en una cuestión de la exclusiva órbita del acusador público, sobre todo teniendo en cuenta que la presente investigación no se encuentra formalizada y no existen personas de existencia física determinadas a quien imputar el deceso de la víctima que originara la investigación F. preparatoria Que contra esta resolución M.J.M.G., por derecho propio y con el patrocinio letrado del letrado J.E.F., interpuso recurso de impugnación a fin de que se revoque la decisión de la Juez de Control, se aplique el artículo 265 del C.P.P. y se ordene la producción de pruebas y ampliaciones de informes solicitadas por la querella En el desarrollo de sus agravios la parte querellante destacó que la decisión recurrida tenía argumentos aparentes y sin adecuado sustento legal para declarar la inconstitucionalidad del art. 265 del C.P.P. En ese sentido explicó las razones por las cuales no consideraba esa normativa contraria a lo estipulado por el artículo 120 de la Constitución Nacional y que no resultaba aplicable el fallo "Q." de la CSJN pues sus presupuestos fácticos difieren al del caso. Así, estimó que la "...independencia a la que alude la norma constitucional hace referencia al imposibilidad de poner al Ministerio Público F. bajo la órbita de alguno de los tres poderes, y NO a la imposibilidad de que un Juez de la Constitución determine o no la continuación de las actuaciones, o en definitiva, controle el proceso penal, y tenga la última palabra respecto un determinado proceso o acto procesal". Para más adelante agregar que tal imposibilidad de revisión de las decisiones del Ministerio Público F. seria contraria a la forma republicana de gobierno y a la voluntad del legislador expresada en el último párrafo del artículo 265 del C.P.P. Agregó que la decisión en manos del Acusador Público sin atender a los reclamos de la querella deniega el derecho a la jurisdicción de la víctima, con cita de los artículos 18 de la CN, 8, párrafo 1º de la CADH y 14.1 del PICyP. Considera respecto del hecho investigado que se podría tratar de un delito culposo dado que podría existir un incumplimiento de los deberes por parte del encargado del sector y/o Gerente del Mantenimiento y/o del señor C. Encargado de Seguridad de la Planta. De ahí la relevancia de los testimonios de personas a las que sindicó en la investigación preliminar y que oportunamente se ofrecieron como prueba al F., quien decidió citar sólo a alguno de ellos. Sostuvo la ilegalidad manifiesta del deber de iniciar de oficio todas las acciones penales –art. 71 de cód. penal- y exigió que se investigue...

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