Sentencia Nº CF-18559/2022 de Superior Tribunal de Justicia, 29-12-2022

Fecha29 Diciembre 2022
Número de expedienteCF-18559/2022
EmisorSuprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Tipo de documentoSentencias
MateriaDEFENSA DEL CONSUMIDOR,COMPRAVENTA DE AUTOMOTORES,FALTA DE ENTREGA DEL AUTOMOTOR,RESOLUCION DEL CONTRATO,RESTITUCION DE SUMAS,PACTO COMISORIO EXPRESO,DAÑO MORAL,CAMBIO JURISPRUDENCIAL,PRUEBA DEL DAÑO,CODIGO CIVIL Y COMERCIAL,DAÑOS PUNITIVOS

(Libro de Acuerdos Nº 7 Fº 1981/1987 Nº 486). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, los señores jueces de la Sala I Civil, Comercial y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, doctores S.M.J., M.G.M. y F.F.O., bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº CF-18.559/22, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-184.579/2021, (Cámara en lo Civil y Comercial – Sala II – Vocalía 5) Acción emergente de la ley del consumidor: R.V.L. c/ Línea Cero Automotores S.R.L.”.

El Dr. Jenefes dijo:

La Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial -mediante sentencia dictada el 20 de abril de 2022- hizo lugar a la acción emergente de la Ley de Consumidor promovida por V.R. en contra de Línea Cero Automotores S.R.L. En consecuencia, resolvió el contrato que los vinculaba y condenó a la demandada a abonar a la actora, en el plazo de diez días, la suma de $915.565 en concepto de daño directo, moral y punitivo, con más intereses. Impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios profesionales.

Para así decidir, tuvo en cuenta que ambas partes reconocen haber firmado el 08/07/19 la solicitud de suscripción Nº 0001-00001572, por un automotor marca Nissan, modelo M.A.P.D.. Que la actora abonó los seis primeros anticipos y accedió al beneficio de realizar una oferta para obtener el vehículo. Al final, pagó el 19/02/20 una seña por $240.000 por uno usado.

Dejó sentado que se encuentra discutido si la causa del incumplimiento fue por motivos ajenos a la empresa (pandemia) y si el monto entregado como seña corresponde sea devuelto en forma doble por aplicación del art. 1059 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCN).

Consideró que la demandada reconoció en su responde que el término para la entrega de la unidad podía tener una demora de tres meses. Que si bien es cierto que el 16 de marzo del 2020 se decretó el aislamiento obligatorio, éste duró hasta el 12 de abril del mismo año; de ahí en más, fueron las provincias las que decretaron las medidas a seguir. En Jujuy, en agosto de 2020, finalizó la conocida “Fase 1”.

Destacó que la actora esperó un año sin que le entregaran el vehículo y que recién remitió carta documento el 12/01/21 solicitando la rescisión del contrato, más la devolución de todo lo pagado. Concluyó que la demandada no puede ampararse en la pandemia para justificar su incumplimiento.

Sostuvo que la facultad de rescindir el contrato y solicitar la restitución de lo pagado se encuentra establecida en el art. 10 bis de la ley 24.240, por lo que hizo lugar a la demanda.

Al cuantificar los rubros indemnizatorios solicitados ponderó que se acreditó el pago del derecho a la suscripción ($4.000) y seis anticipos de $6.000, por lo que corresponde su devolución, más el interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que cobra el Banco de la Nación Argentina, por lo que fijó el rubro en $77.934,18.

Respecto a la devolución doble de la seña, entendió que no procedía porque nada se pactó al respecto, por lo que condenó solo al pago de $437.630 correspondientes al monto entregado ($240.000), suma a la que le añadió igual interés que al rubro anterior.

Respecto al daño punitivo, luego de transcribir el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) y su caracterización, fijó como equitativo -teniendo en cuenta el abuso del poder dominante evidenciado en el menosprecio por los derechos individuales- la suma de $200.000 por el incumplimiento acreditado de las obligaciones legales siendo una conducta reprochable al no haber entregado el vehículo en el tiempo convenido.

Por último, fijó en concepto de daño moral $200.000 remitiéndose al criterio sentado por la Sala en los Exptes. C-51.192/15, Nº C-122.951 y Nº 143.030. Consideró la unificación del régimen de responsabilidad, el principio de reparación plena y la posición como parte débil del consumidor.

En contra de lo resuelto, se presenta el Dr. Y.R.C., en nombre y representación de Línea Cero Automotores S.R.L., e interpone recurso de inconstitucionalidad.

Luego de reseñar el cumplimiento de los recaudos formales de admisibilidad y los antecedentes de la causa, expresa los agravios.

Alega que el Tribunal realizó una valoración parcializada de los extremos fácticos y una interpretación equivocada del derecho.

Señala que la actora jamás solicitó en su escrito de demanda la nulidad del contrato, específicamente de la cláusula quinta a fin de que se pueda condenar al reintegro de lo pagado en concepto de suscripción y los seis anticipos, por lo que lo resuelto afecta el derecho de propiedad de su representada al despojarla de toda o mínima ganancia en su rol comercial, sin reconocer -ni siquiera- los gastos administrativos que tiene toda empresa al efectuar sus tareas.

Se agravia por la indemnización fijada en concepto de daño moral. Entiende que este rubro es improcedente en tanto al tratarse de una relación contractual es de interpretación restrictiva. Cita jurisprudencia que entiende aplicable y destaca que no hay prueba que demuestre la preocupación, frustración e impotencia argumentada en la sentencia. Insiste que no hay prueba alguna que haga procedente este rubro.

Se queja por último del daño punitivo fijado, el que califica de exorbitante y desproporcionado teniendo en cuenta los antecedentes de la causa y las escasas pruebas presentadas.

Sostiene que existe falta de justificación de las pautas fijadas por la ley para la graduación de la pena: gravedad del hecho y circunstancias concretas del caso.

Alega que el Tribunal omitió ponderar la pandemia que perjudicó a todo el rubro comercial y que la jurisprudencia local entiende que sólo en caso de extrema gravedad y de trascendencia social o cuando se demuestra un dañador indiferente debe proceder su aplicación. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Efectúa otras consideraciones a las que remito para ser breve, hace reserva del caso federal y peticiona.

Corrido traslado es contestado por la Dra. P.T. en nombre y representación de V.L.R.. Solicita el rechazo del recurso por los fundamentos que expone (fs. 33/35).

Integrado el Tribunal (fs. 49) se remiten las actuaciones a la Fiscalía General a los fines dispuestos por el art. 9 inc. 4º de la ley 4346. Se expide la Sra. Fiscal General Adjunto -Dra. A.E.D.- por el rechazo del recurso (fs. 54/57 vlta.), por lo que se encuentra la causa en estado de resolver.

El primer agravio debe ser rechazado.

El recurrente no se hace cargo de los fundamentos dados por el a quo e insiste en argumentos dados en la instancia anterior (cfr. fs. 60 y vlta.) sin aportar ningún elemento nuevo de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada, por lo que el agravio debe rechazarse conforme criterio sentado por la Corte Federal (Fallos 322:1580, entre otros) compartido -reiteradamente- por este Superior Tribunal.

Se queja porque la actora jamás solicitó la nulidad del contrato, específicamente la cláusula quinta, sin embargo no refuta el argumento dado por los sentenciantes, es decir, la facultad de rescindir el contrato que otorga el inc. c) del art. 10 bis de la LDC, que prescribe: “El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a … c) Rescindir el contrato con derecho a restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan”.

Se trata de la facultad de resolución del contrato que se reconoce al consumidor y usuario y que será ejercida por éstos ante el incumplimiento de las obligaciones del proveedor de bienes y servicios. Resuelto el negocio jurídico oportunamente celebrado, aquellos tienen derecho de que se les restituya lo que han abonado por el producto o servicio, pues así lo determina este inciso. La norma establece un pacto comisorio a favor del consumidor o usuario aunque las partes no lo hayan acordado explícitamente. Desde luego, tendrán que comunicar al proveedor su voluntad de resolver el contrato (cfr. G.S.P. – P.S.C., “Ley de Defensa del Consumidor Comentada”, pág. 95/96, Cáthedra, 2018).

En igual sentido, “Se trata de un pacto comisorio expreso pero legalmente impuesto, que opera como el contractual, solo a favor del consumidor. … S.H., C. y P. que en este artículo se regula lo que la doctrina tradicionalmente denomina como pacto comisorio expreso, la primera forma de cláusula resolutoria concebida en nuestro derecho, a la que luego se agregó la forma implícita regulada en los artículos 1087 y 1088 del CCyC” (cfr. F.M.Á.L. en “Manual de Derecho del Consumo”, pág. 407, Erreius, 2017).

La cláusula quinta de las “Cláusulas y Condiciones del Contrato de Compra de Vehículos por Sistema de Financiación” invocada por el recurrente, trata de otro...

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