Sentencia Nº C-88612/2017 de Superior Tribunal de Justicia, 28-04-2023

Fecha28 Abril 2023
Número de expedienteC-88612/2017
EmisorCámara en lo Civil y Comercial -Sala III-Vocalía 8
Tipo de documentoSentencias
MateriaRESOLUCION DEL CONTRATO,RECHAZO DE LA DEMANDA,SALDO DE PRECIO


En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintitrés, los señores Vocales de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, doctores A.M.L.C., C.M.C. y, por habilitación, M.E.R., bajo la presidencia de la primera de los nombrados, vieron el EXPTE.
N° C-88.612/17, caratulado: “ORDINARIO POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO: ALFIC CONSTRUCCIONES S.R.L. C/ CORREA, L.P.”



La Dra. A.M.L.C., dijo:



1. C.A.F., en su carácter de socio gerente de ALFIC CONSTRUCCIONES SRL, a mérito del instrumento de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada obrante a fs. 03/06 y con el patrocinio letrado del Dr. A.L.R. promueve en contra de L.P.C. demanda ordinaria por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios. Pide se la condene a reintegrar el inmueble que constituyó el objeto mediato del negocio jurídico oportunamente celebrado entre las partes y a abonar una indemnización por los daños y perjuicios que dice irrogados por la resolución contractual.

Reseña los antecedentes del caso manifestando que el 16 de abril de 2013 las partes suscribieron un boleto de compraventa para la adquisición del inmueble de 114.00 m2, individualizado como unidad funcional 28 del edificio sito en Avenida Senador Pérez Nº 118 de esta Ciudad, asumiendo la demandada como contraprestación la obligación de pagar la suma de $ 890.000.
- a concretar con una primera entrega de $ 320.000.- a la firma del convenio; la suma de $ 252.000.- en 36 cuotas mensuales y consecutivas de $ 7.000.- cada una, actualizables conforme al índice estipulado en la cláusula séptima, pagadera la primera de ellas el 10 de mayo de 2013 y la suma de $ 318.000.- -también actualizable con el mismo índice- a cancelar con la entrega de la posesión.

Refiere que la vendedora se obligó a otorgar a la demandada la posesión del inmueble hasta el 30 de julio del año 2015, no obstante ello se concretó el 25 de abril de dicho año.


Relata que la accionada satisfizo el importe correspondiente a la primera entrega ($ 320.000.
-) como aquel pactado en cuotas, más no ocurrió lo mismo con la suma de $ 318.000 que debía cancelarse el 25 de abril de 2015 en que se otorgó la posesión del bien a la compradora.

Dicha circunstancia –prosigue- originó un intercambio epistolar entre los cocontratantes, pues ante el requerimiento de pago formulado por la vendedora, la compradora rechazó enfáticamente la misiva argumentando ausencia de mora en el cumplimiento de la obligación.
Asimismo adujo ilicitud de la pretensión de actualización de las cuotas en atención a lo previsto por el art. 10 de la ley 25.561. A su vez denunció haber abonado dos veces la cuota Nº 21 y adujo que la falta de sellado del contrato suscripto por las partes ante la Dirección Provincial de Rentas impidió el acceso a la justicia a fin de consignar el saldo debido.

Frente a ello –prosigue- velando por la continuidad del contrato, su parte desistió de la actualización del saldo pactado en la cláusula séptima y propuso la aplicación de la tasa activa para el cálculo de los intereses devengados desde el 25 de abril de 2015 –fecha en que la compradora tomó posesión del bien- por lo que la intimó al pago de la suma de $ 453.122,76 que surgía de deducir de la suma de $ 318.000.
- el pago abonado en exceso en concepto de cuota Nº 21 ($ 10.007,23) a cuyo resultado aplicó el interés de la tasa activa desde la fecha señalada.

Refiere que, permaneciendo la contraria incursa en mora, ejerció la facultad resolutoria establecida contractualmente, por lo que notificó mediante carta documento su voluntad de resolver el contrato requiriendo la devolución del inmueble libre de ocupantes con más la reparación de los daños y perjuicios.


Dicha misiva fue rechazada por la adversaria.


Que, en razón de tales antecedentes, pide la resolución del contrato, por aplicación del pacto comisorio, diciendo reunidos los requisitos para su procedencia, sobre lo que se extiende en alegaciones a cuya lectura, para abreviar, remito.


Reclama la restitución de las prestaciones otorgadas por cada una de las partes y el resarcimiento por los daños y perjuicios que aduce irrogados como consecuencia de la extinción contractual.


De todo cuanto afirma cita derecho, ofrece prueba introduce cuestión federal y pide, en concreto, se haga lugar a su demanda, con costas.


2. Antes de que se confiera el traslado de la demanda, mediante presentación de fs. 75/81 vta. compareció la accionada L.P.C., con el patrocinio letrado de la Dra. M.L.E. y dio cuenta del depósito bancario concretado en favor de la actora por la suma de $ 214.764 a fin de satisfacer la prestación que entendía debida.



Sustanciada la demanda, compareció a contestarla la accionada con el patrocinio letrado de la nombrada profesional.


Luego de puntuales negativas de los hechos alegados por la contraria da su versión de ellos manifestando que en la fecha indicada por la actora suscribió un boleto de compraventa para la adquisición de un departamento.


El precio fue pactado en la modalidad descripta por la accionante en su escrito de postulación.
Seguidamente refiere haber cancelado anticipadamente las cuotas convenidas.

Con fundamento en el art. 10 de la ley 25.561 e invocando su carácter de orden público, tacha de nula la cláusula de actualización de saldos impuesta unilateralmente por la accionante.
Relata que la indexación se aplicó sobre los importes de cada cuota por lo que la última experimentó un incremento del 57,5%.

Alega que en modo alguno recibió el bien en las condiciones pactadas y detalladas en la memoria descriptiva que forma parte integrante del instrumento de venta, pues éste –prosigue- fue entregado sin terminar dos meses antes de la fecha acordada (25.04.15) difiriéndose la cancelación de la tercera y última entrega hasta tanto se materialice la posesión en las condiciones estipuladas lo que -en sus dichos- jamás ocurrió.


Refiere que en el mes de julio del año 2016, el Ing.
F. la intimó al pago del importe correspondiente a la última entrega acordada, en la suma de $ 318.000.- reclamando en la ocasión $ 920.000.- por aplicación del índice de actualización establecido unilateralmente por la contraria.

Con sustento en la reseñada normativa, su parte le propuso –a fin de satisfacer la prestación asumida- la cancelación del importe originariamente pactado ($ 318.000.
-) con deducción de las actualizaciones aplicadas sobre las 36 cuotas y los intereses devengados desde la fecha en que cada suma indebida fue abonada, lo que arrojaba un saldo de $ 216.859.

Tal propuesta resultó rechazada por la adversaria quien pretendió aplicar sobre el monto originariamente pactado ($ 318.000.
-) una tasa de interés usuraria alegando una mora inexistente, a resultas de lo cual reclamó el pago de $ 453.122,76.

Esa pretensión, y la negativa del actor a recibir el pago por ella ofrecido impidieron que su parte cumpliera íntegramente con su prestación.


Con posterioridad –prosigue- la accionante manifestó su voluntad de resolver el contrato, intimándola al resarcimiento por los daños y perjuicios y requiriéndole la devolución del bien bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción judicial.


Refiere que la omisión de sellado del instrumento de venta por ante la Dirección Provincial de Rentas obstaculizó a su parte el acceso a la justicia.


Se explaya sobre el pago indebido como causa fuente de las obligaciones y con sustento en dicho instituto solicita la restitución de lo abonado en concepto de actualización y su compensación con el crédito de la contraria.


Destaca la voluntad de cumplimiento de su parte exteriorizada con el depósito judicial concretado en la causa.


En capítulo aparte
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