Sentencia Nº C-84/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:C-84/16

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los dos días del mes de octubre del año dos mil veinte, se reúne la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dr. José Roberto Sappa y por su Vocal, Dr. Eduardo D. Fernández Mendía, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Inarco SA contra Provincia de La Pampa sobre Demanda Contencioso Administrativa”, expediente n° C-84/16, en trámite ante la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:

I.- A fs. 147/179 vta., los Dres. Luis Alberto Tellería (h) y María Emilia Tellería, apoderados de la empresa “Inarco SA”, promovieron demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa, persiguiendo la declaración de nulidad de la Resolución n° 172/16 de fecha 13/6/16, dictada por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, que rechazó la impugnación deducida contra la Medición Final de los trabajos relativos a la Obra “Construcción Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa”, y de los actos administrativos -Resol. 215/16 y Decreto n° 3308/16-, de agotamiento de la vía administrativa.

Pretenden que se anule la aprobación de la medición final de la obra referida y, en consecuencia, se ordene la realización de un nuevo acto con participación de la accionante, en los términos de los arts. 69, 71 y 72 de la Ley n° 38.

Manifiestan que se tergiversó el carácter que investía el inspector ingeniero Roberto Lorda al momento de la medición final, y la actividad del mismo a los fines de esa medición para su certificación, cuestionando los criterios utilizados respecto de los trabajos ejecutados, y los ítems presentados por dicho profesional para la certificación de la misma.

Explican que existe una interpretación caprichosa del contrato de inspección de obra n° 92/09, celebrado entre la Administración y el citado ingeniero, agregando que el plazo de ejecución del mismo fue de trece (13) meses corridos y/o hasta la finalización de la obra a inspeccionar.

Afirman que la finalización de la obra a inspeccionar, se produjo por imperio de la rescisión del contrato de obra pública dispuesta por el Decreto 343/15, y su ratificatorio n° 716/15.

Explican que la resolución impugnada es nula por el carácter de persona particular que invistió el ingeniero Lorda al momento de realizar la medición, quien expresó su inequívoca voluntad de que su actuación era solo voluntaria.

Agregan que la resolución no da explicación alguna respecto de la inobservancia de los arts. 69 a 73 de la ley 38, en relación al acto de medición final.

Expresan que existe una contradicción por parte del ingeniero, ya que con anterioridad a la medición final produjo un informe técnico que contradice los criterios empleados.

Advierten que la Resolución n° 172/16 afectó su derecho de defensa, toda vez que la empresa no tuvo posibilidad de disentir respecto de los ítems presentados por el profesional en la oportunidad que prevé la ley, a efectos del consenso o disenso en relación a la medición correcta de los trabajos realizados, violando el principio de legalidad del actuar estatal que vulnera su derecho de propiedad.

Respecto de los fundamentos del carácter que invistió el ingeniero Lorda, dicen que el acto de medición final partió del supuesto de que el mismo actuaba como inspector de obra contratado por la provincia, y que, en tal carácter efectuaba la medición final de los trabajos ejecutados con motivo de la obra, pero tal acto, fue realizado por quien no se consideraba como agente estatal ejerciendo un rol público, sino en calidad de mero particular sin vínculo con la Administración.

Interpretan que la labor del ingeniero Lorda estaba terminada al rescindirse el contrato de obra, y por lo tanto su labor profesional en manera alguna estaba vinculada al Estado, por ello, dicen, la actividad desplegada por el profesional es insusceptible de fundar un acto administrativo.

Continúan expresando que aun si se aceptara que no actuó de manera personal, el ingeniero habría violado como agente estatal, el deber legal impuesto de realizar la medición con la intervención del representante técnico de la empresa, incumpliendo con el deber impuesto por los arts. 69, 71, 72 y 73 de la Ley 38.

Sintetizan que en su impugnación advirtieron el carácter particular en que actuó el inspector, y la manera en que practicó su informe, violatorio del principio de legalidad de la ley 38, y los criterios utilizados para efectuar la medición final.

Luego analizan los criterios e ítems del acto de medición, sosteniendo que fue realizado de manera unilateral por lo que no tiene validez, pues su parte no pudo disentir sobre el alcance de los mismos.

Afirman que asimismo, y atento el estado de abandono total en que se encontraba la obra a partir de la rescisión, a medida que transcurriera el tiempo mayores serían los deterioros y daños que se producirían, de manera que resultaba imposible constatar, con fecha 29/2/16, el estado en que se encontraba al momento que el ingeniero ejecutó su trabajo.

Señalan que también los agravia que el ingeniero habría certificado, con anterioridad, un avance en la ejecución de los trabajos de la obra, notablemente mayores al que refiere el informe del Acta de medición final.

Insisten en que los vicios de nulidad de la Resolución n° 172/16, se funda en el carácter que investía el ingeniero Lorda al momento de la medición final, la actividad desplegada por el mismo a esos fines para su certificación, y los criterios utilizados para efectuar la medición de los trabajos ejecutados, los ítems presentados y su certificación.

Sostienen que la resolución efectuó un análisis meramente formal de las cláusulas contractuales pactadas entre el ingeniero y la Administración, y que contiene un vicio insuperable al pretender otorgar vigencia a un contrato cuando, de manera expresa, una de las partes manifestó que no estaba vigente, sosteniendo que el inspector tercerizado actuó como un profesional particular.

Expresan que el ingeniero Lorda entendió que al habérsele notificado el fenecimiento del contrato de concesión entre la Provincia e Inarco, había finalizado la obra a inspeccionar y, por ende, no actuó como lo prescribe la ley en los arts. 69 a 73, especialmente los arts. 71 y 72, por lo que no existió medición final.

La simultaneidad en la labor conjunta, no solo permite discutir los resultados de la medición, sino también los métodos y criterios, entendiendo que se afectó su derecho de defensa al no poder participar, ni controlar, el ejercicio de esos derechos, formulando reserva federal al respecto.

Sostienen que Inarco se vio constreñido, frente al hecho consumado, a dejar constancia de su disconformidad, afirmando que no dejó de ejercer sus derechos en los actos procesales pertinentes, a efectos de que la medición final no quedara firme, inclusive al momento de labrarse el Acta Notarial de fecha 29/2/16, no se trató de una medición final sino de una simulación del acto.

Dicen que se pretende sostener que los criterios empleados han sido consensuados a lo largo de la obra, sin embargo afirman que el ingeniero incurrió en una contradicción inaceptable, al producir con anterioridad a su trabajo sobre la medición final, un informe técnico que contradice los criterios que después empleó.

Destacan que desde julio de 2015, cuando la empresa entregó la custodia de la obra a la provincia en perfecto estado de mantenimiento y conservación, sin ninguna...

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