Sentencia Nº C-49/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 3 de Agosto de 2017
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la P.incia de La Pampa, a los 3 días de agosto de dos mil diecisiete, se reúne la sala C del Superior Tribunal de Justicia, constituida por los Dres. J.R.S. y E.D.F.M., como presidente y vocal, respectivamente, a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: "Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (Disposición n° 16/16 SSE) c/ P.incia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa", expediente n° C- 49/2016 del que

RESULTA:

I. A fs. 53/65 vta., Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (PCR), por apoderado, interpone demanda contencioso administrativa contra la P.incia de La Pampa y solicita la declaración de nulidad de la resolución 16/2016 de la Subsecretaría de Ecología (SSE) –y sus consecuentes, disposición 63/2016 y decreto 1728/2016– mediante la cual se le impuso una multa de cien (100) haberes básicos de un ministro del Poder Ejecutivo.

Narra que el viernes 12 de diciembre de 2015, a las 07:00 hs, PCR detectó un derrame de hidrocarburos en el área de El Medanito, como consecuencia de una traba en la charnela de la válvula de retención, haciendo que rebalse la cámara de purgas de la batería nº 3, con afectación de una superficie de sesenta metros cuadrados. Agrega que la empresa comenzó a realizar las tareas de saneamiento de manera inmediata.

Señala que ese mismo día, encontrándose aquellas tareas en estado avanzado, las autoridades provinciales tomaron conocimiento del derrame mediante una inspección realizada en el área.

Relata que al día siguiente, esto es, el 13 de diciembre, la inspección operativa de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería realizó el informe 80/15 en el que se indica el avance de las obras y el saneamiento en un 70 % del suelo afectado.

Agrega que el lunes 14 de diciembre de 2015, a las 12:25 hs, PCR notificó el derrame a las autoridades provinciales e informó su ubicación exacta, el tipo de incidente, la causa y su evolución, el plan de contingencia, el equipamiento y los recursos humanos afectados a las tareas de saneamiento, los recursos naturales dañados, el tiempo estimado de restauración, acompañando material fotográfico de los hechos.

Expresa que la SSE, mediante la disposición 16/2016, rechazó el descargo realizado y aplicó a PCR una multa equivalente a cien (100) haberes básicos de un ministro del Poder Ejecutivo.

Expone que contra esa disposición planteó un recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio, los que fueron rechazados mediante la disposición 63/16 y el decreto 1728/16, respectivamente. -

En el punto IV del escrito de demanda, manifiesta que la primera infracción que se le atribuye fue la supuesta notificación tardía del derrame incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 53 del decreto 458/2005.

Al respecto, sostiene que la Subsecretaría de Ecología consideró erróneamente que la comunicación fue realizada tardíamente ya que el plazo de 48 horas previsto en la referida norma jurídica debe computarse en horas de días hábiles.

Cita doctrina y jurisprudencia que avalan su razonamiento y concluye que la determinación del plazo en horas que establece el artículo 53 del decreto 458/2005 no alcanza para invertir la regla según la cual los plazos administrativos deben computarse en días hábiles.

Respecto de la segunda infracción imputada, esto es, el incumplimiento de las pautas ambientales y obligaciones en materia de seguridad que deben cumplirse en las baterías colectoras y de medición, expresa que la empresa cumplió con sus obligaciones y que del expediente administrativo no surge haber incumplido con los recaudos establecidos en los incisos g y k del artículo 36 del decreto 458/2005.

Asevera que el incidente se debió a un infortunio sumamente infrecuente e imposible de evitar (caso fortuito), a pesar de cumplir perfectamente con todas las medidas de seguridad previstas en el artículo 36 del decreto 458/2005.

Finalmente, refiere que la multa aplicada constituye un supuesto de exceso de punición, dado que la obliga a pagar una suma de $ 933.197 por dos infracciones de carácter meramente formal.

Finalmente, considera que la cuestión puede ser resuelta sin necesidad de producirse más pruebas, pues, por un lado, la primera cuestión se refiere a la interpretación de la forma en que debe computarse el plazo de 48 horas previsto en el artículo 53 del decreto 458/2005; y por otro, la segunda cuestión radica en la apreciación irrazonable y arbitraria de los hechos que hizo la SSE.

Sobre esa base, aclara que el ofrecimiento de prueba es solo de modo subsidiario.

Hace reserva del caso federal y solicita que se declare la nulidad de las disposiciones 16/2016 y 63/2016 de la SSE y del decreto 1728/2016 del Poder Ejecutivo, todo con expresa imposición de costas a la demandada.

II. A fs. 87/111 comparece al proceso el Estado provincial representado por los Dres. J.A.V. –Fiscal de Estado–, M.E.Á. y H.J.D., constituye domicilio procesal, contesta la demanda y solicita su rechazo, con costas.

Para ello, y por imperativo procesal, niega cada uno de los hechos expuestos por la empresa actora.

Explica que las disposiciones impugnadas se presumen legítimas dado que han sido dictadas por la Administración pública en uso de facultades que le son propias, en el marco de un expediente administrativo y conforme a los antecedentes de hecho y de derecho. -

En relación a los hechos del caso, menciona que el derrame fue detectado a las 7:00 hs del 12 de diciembre de 2015 y que fue comunicado por la empresa el 14 de diciembre de ese año, siendo claro que PCR excedió el plazo de 48 horas que regula el artículo 53 del decreto 458 para dicha comunicación.

Sostiene que el plazo es fijado en...

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