Sentencia Nº C-27/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2017
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dr. J.R.S. y por su Vocal, D.E.F.M., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "INARCO S.A. c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa”, expediente Nº C-27/15, reg. Sala C del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:

I.- A fs. 145/181 vta., H.M.M., en carácter de P.d.D. y representante legal de “I. SA”, con el patrocinio letrado de los Dres. L.A.T. (h) y M.E.T., interpuso demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa, persiguiendo la declaración de nulidad de los Decretos números 343/15 y 716/15, dictados por el Poder Ejecutivo Provincial, mediante los cuales se dispuso la rescisión contractual de la obra “Construcción Estadio Polideportivo de la ciudad de Santa Rosa (LP)” y fue rechazado el Recurso de Reconsideración deducido por la parte.

Pretende que declarada la nulidad de los actos administrativos impugnados, el contrato se declare rescindido por razonable imposibilidad de cumplimiento de la obra en ejecución, sin culpa del contratista. Asimismo, hace reserva de los derechos y acciones por la indemnización integral de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los actos jurídicos cuya nulidad peticiona.

Informa que las actuaciones administrativas referidas a la contratación de la obra pública en cuestión, se encuentran contenidas en el Expte. N° 11.059/05 caratulado: “Ministerio de Obras y Servicios Públicos- Dirección General de Obras Públicas- Construcción Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa – LP” y que el Decreto n° 343/15, carece de causa o motivo, resultando una motivación aparente.

Acusa que la administración obvió, sin razón alguna, una ampliación de la presentación de I. SA en la que se solicitaba la rescisión del contrato por la razonable imposibilidad de la ejecución de la obra y que los actos se fundaron en informes técnicos y actos institucionales cuyo contenido es opuesto a los informes emitidos por los técnicos que actuaron por la Provincia, por lo que hubiese correspondido hacer lugar al recurso presentado por la empresa.

Considera que se violó la garantía del proceso legal y los derechos de defensa y de propiedad de I. SA.

Respecto del Decreto n° 716/15 de agotamiento de la vía administrativa, aduce que omite valorar correctamente los informes técnicos, además de adolecer de un grave vicio de procedimiento, por cuanto no se llevó a cabo ninguna de las medidas probatorias ofrecidas por su parte.

En el apartado V detallan los hechos y el derecho, manifestando que la obra contenida en el Expte. n° 11059/05, encuentra su antecedente en una obra prevista para la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, que era de menor envergadura que la que del proyecto para esta ciudad, por ello y sumado a la ausencia de una debida proyección de la obra, devino en la elaboración de un pliego licitatorio incompleto e insuficiente.

Informa que adjudicada la obra a I. SA, se firmó el Contrato n° 61/06 con la Provincia de La Pampa, mediante el que la empresa se comprometió a que los trabajos de ejecución de la obra del M. se efectuasen en un todo de acuerdo con los Pliegos de bases y Condiciones Generales para la Licitación de la Obra, Memoria Descriptiva, Cláusulas Particulares y Generales, Presupuesto Oficial y Planos (cláusula segunda), habiendo llevado adelante la construcción de la obra, y previo montaje de la estructura cubierta del techo, efectuó los cálculos pertinentes, sin embargo, ese montaje de la estructura cubierta de techo colapsó.

Considera que los errores en que incurrió la empresa para efectuar los cálculos, fueron provocados o inducidos por los defectos contenidos en los pliegos de la licitación, particularmente porque la obra fue licitada sin proyecto, sin perjuicio de ello I. SA se hizo cargo de los gastos que significaron los errores, por lo que le adjudican a la provincia la responsabilidad. I. SA contrató a su cargo al I.M.P.A., profesional que determinó que la única viabilidad para que el defectuoso proyecto pudiese concluirse, significaba la existencia de una nueva obra.

Conforme a este nuevo proyecto y cálculo, el tonelaje de la estructura y cubierta metálica del techo del M. pasó de noventa (90) toneladas previstas a novecientas (900) toneladas y ello cambió la ingeniería de lo proyectado, suponiendo un desafío técnico único en el mundo.

Manifiesta que en tanto el referido ingeniero realizaba los trabajos, entre la Provincia de La Pampa y la empresa se celebró el Contrato n° 23/08 (09/4/08), que tuvo por objeto prever el presupuesto con que se había de afrontar la ejecución de los trabajos adicionales de la obra, entendiéndose por tales el ajuste alzado, fijándose un plazo de ciento veinte (120) días corridos para ejecutar los trabajos contados a partir del Acta de reinicio de la obra.

Informa que la empresa asumió la responsabilidad total por las deficiencias de los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra y los costos, afirmando que en el convenio quedó claro que se trataba de un nuevo proyecto, el cual fue sometido a la autorización del Poder Legislativo, sancionándose la L. 2516 que autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir el convenio.

Agrega que al asumir la total responsabilidad por las deficiencias en los cálculos de la estructura metálica del techo de la obra, mediante una presentación efectuada por la empresa con fecha 26/3/08, I. SA devolvió los fondos que le fueron pagados en relación a la estructura y apuntalamiento de la obra.

Sostiene que en este punto, la empresa comenzó la ejecución del nuevo proyecto, ejecutando el 80%. Sin embargo en julio de 2012 apareció una contingencia imprevisible, frente a ello el contratista efectuó una presentación de que la nueva estructura no podía ser montada reutilizando el apuntalamiento ya ejecutado en la primera versión cubierta, puesto que la nueva estructura pesaba 900 toneladas, contra las 200 toneladas que tuvo la cubierta aprobada en 2007 por la Dirección de Obras Básicas y Particulares de la provincia. La nueva estructura requería un apuntalamiento total de la superficie a cubrir en forma simultánea, lo que significaba que las torres iniciales construidas para apuntalar eran insuficientes.

Señala que el problema fundamental se constriñó al apuntalamiento y montaje de la nueva estructura y requería de un nuevo plazo y la Administración consideró razonable acceder a la petición de I. SA.

Manifiesta que la nueva estructura proyectada por el Ingeniero Ameijeiras se encontraba finalizada, así como acopiados los materiales para finalizar la obra, pero la cuestión pendiente era el derecho de I. SA a obtener la satisfacción económica para el montaje de la estructura y el plazo para hacerlo y atento el monto dinerario requerido para proceder a ese montaje, la propia Administración entendió que la obra quedaba encuadrada en los arts. 65, 66 y 67 de la L. n° 38, sin perjuicio del incumplimiento en que incurrió la provincia al no observar el art. 11, apartado 5, de dicha ley.

Advierte que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares incumplió con las exigencias del art. 11 de la L. 38, en razón de que ni los planos obrantes en el pliego ni el presupuesto oficial, eran lo suficientemente claros para permitir cotizar adecuadamente la estructura, como también que la empresa, contractualmente, no tiene la obligación de ejecutar la obra que no haya sido definida en el pliego, a pesar de que el sistema de contratación haya sido de ajuste alzado (art. 5, inc. a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).

Agrega que en virtud de la complejidad referida, con fecha 30/12/10 se suscribió el Acta de Paralización con Suspensión del plazo contractual, entre representantes de ambas partes, ad referéndum del Poder Ejecutivo y el Gobernador Provincial remitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados con fecha 25/7/12 (Nota n° 55 SG/12), en el cual requería que se lo autorizara a aprobar la documentación referida al montaje de la estructura y cubierta metálica del Estadio Polideportivo Ciudad de Santa Rosa, de acuerdo a la documentación presentada por el contratista; a la adquisición por la Provincia de los caños necesarios para el apuntalamiento, los cuales debían ser prestados a la empresa para la ejecución de la obra y que debían ser restituidos al finalizar la misma; a otorgar suspensiones y/o prórrogas de la obra fundadas en razones técnicas o climáticas.

Expone que la Legislatura se negó a aprobar dicho proyecto, siendo éste el motivo invocado en el Decreto n° 37/15 del Poder Ejecutivo, de fecha 18/2/15, por el cual se dispuso el levantamiento de la paralización y suspensión del plazo contractual y el inmediato reinicio de los trabajos de la obra.

Con relación a las nulidades de los Decretos números 343/15 y 716/15 alegan que la base está en el citado Decreto n° 37/15 del 18/2/15. Sostiene que la responsabilidad es de la Administración de haber licitado la obra sin proyecto, hecho que generó que el primer montaje de la estructura colapsara por motivos ajenos al contratista.

Manifiesta que la Provincia para fundar los decretos que mediante esta acción se impugnan, insiste en que la L. 2516 del 25/9/09 contiene un Convenio por el cual I. SA había asumido la responsabilidad por los errores cometidos al iniciar la ejecución de la obra en razón de las fallas producidas por los cálculos efectuados por el profesional que originariamente había contratado la propia empresa, conviniendo ampliar el plazo contractual a 420 días corridos para ejecutar el nuevo trabajo, acordándose la realización de los...

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