Sentencia Nº B- 01/2010 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016

EmisorSuperior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
EstatusPublicado
Número de sentenciaB- 01/2010

SANTA ROSA, 22 de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Los presentes autos caratulados: "ABERÁSTURI, Héctor Roberto y Otros c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. N° B- 01/2010) radicado en Sala C, Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

1.- A fs. 51/102, los Sres. Héctor Roberto ABERASTURI; Fabián Marcelo ALLARA; Alfredo ALONSO; Manuel Alberto ALVAREZ; Susana Graciela ALVAREZ; Jorge Marcelo AMADO; María del Carmen ANDREANI; María Cristina BALADRON; Eduardo Aníbal BAZO QUEIROLO; Alberto Oscar BLANCO; Maximiliano BOGA DOYHENARD; Graciela Silvia Rosa CAMPIANI; Silvia Liliana CANOVAS; Jorge Oscar CAÑON; Guillermo Rubén CASAL; Franco Héctor José CATALANI; Silvia Ethel CEBALLOS de MANGO; Mabel Elvira COLLA; Jorge Osvaldo CORRAL; Guillermo Horacio COSTANTINO; Horacio Alberto COSTANTINO; Oscar Alfredo Federico DE MARCO; Analía Rosa de VEGA; Abel Bartolomé Rafael DEPETRIS; Carlos Roberto ESPINOLA; Verónica Elba FANTINI; Alberto Hugo FARIAS; Carlos Antonio FLORES; Etelvina Leonor FLOREZ; Jorge Aníbal FORASTIERI; José Aníbal Cayetano GALEANO; Héctor Daniel GANZA; Luis Alberto GARCIA; María del Carmen GARCIA FAVA; Diego Mauricio GAVIOT; Juan Carlos GAY; Carlos Alberto GONZALEZ; José Luis GONZALEZ; Guillermo Federico GORCHS; Jorge Luis HOWE; Noemí Esther IGLESIA de ORIHUELA; Amelia Carmen JOFRE; Carlos Omar JORGE; Laura Rosa JUAN; Rosa LACAVA; Oscar Walter LARROCCA; Anahí Eva LEGUIZAMON; Mabel Iris LIBE de STOK CAPELLA; María del Carmen LOS ARCOS VIDAURRETA; José Sixto Luis MARRERO; Graciela Cristina MARTIN; Carlos Alberto MATTEI; Alberto José MAZA; Oscar MELLONI; Nelda Beatriz MENDIBURU; Raúl Ramón MIÑO; Sergio Gustavo MONTANO; Olga Elida OSSO de ALONSO; Alfredo Ricardo OZINO CALIGARIS; Marcelo Luis PAGANO; Lidia Inés PECHIN; Carlos Federico PELLEGRINO; Carlos Guillermo PERDIGUES; Alejandro Raúl PEREZ BALLESTER; Garciela Cristina María PETAZZI de RODRÍGUEZ; Raúl RAVERA; Alvaro José REYES; Beatriz del Carmen Amalia RODRÍGUEZ; José Francisco RODRÍGUEZ; Rodolfo Fabián RODRÍGUEZ; Susana Beatriz ROMA (por sí y en representación de sus hijos Juan Pablo Baglietto y Nicolás Ignacio Baglietto); Manuela ROSALES; Carlos María SALINAS; Celso Luis Oscar SALVAI; Evelio José Enrique SANTAMARINA, Horacio Mario TOLOSA; Walter Eduardo Raúl VACCARO y Mirtha Lidia MARZOLI, con poder otorgado a los Dres. Luis Alberto Telleria, Adrían Sánchez y Luis Eduardo Stok Capella (quien sustituyo su poder a favor de Juliana Stok Capella, fs. 138) interponen Acción Contencioso Administrativa contra el Gobierno de la Provincia de La Pampa, requiriendo la nulidad del Decreto N° 2752/09 dictado por el Señor Gobernador de la Provincia de La Pampa, como así también de la Resolución antecedente Nro. 137/09 dictada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Poder Ejecutivo provincial, a la vez que se pretende la inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad, y/o inoponibilidad de las leyes provinciales, y/o actos administrativos consecuentes que –indican-, se plantean a lo largo de la demanda, y/o que frustren la pretensión de los accionantes.

Aclaran que la pretensión jurídica, esencial y de fondo, es que se califique de remuneratorio y bonificable el importe pagado a los actores en su calidad de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, bajo el concepto originalmente denominado “Suplemento Acordada 56/91” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inicialmente calificado de no remuneratorio y no bonificable, al que posteriormente mediante Acuerdo N° 1260/91 del Superior Tribunal de Justicia, calificara de remuneratorio pero no bonificable.

Importes que fueron objeto de posteriores denominaciones con los mismos efectos (remunerativos, no bonificables).

Indican los actores que, al calificarse los mencionados importes de remunerativos y bonificables, dichas sumas deben considerarse integrantes del monto base para el cómputo, liquidación y pago de todos aquellos adicionales y rubros que se abonan por causas o motivos específicos, y que se calculan porcentualmente en referencia a las mencionadas remuneraciones básicas.

A saber, compensación por función, permanencia en el categoría, responsabilidad funcional, y antigüedad, con el consecuente reajuste del sueldo anual complementario, y lo pagado en concepto de vacaciones.

Consecuente con lo vertido, buscan por el proceso la rectificación de las liquidaciones de dichos adicionales y/o rubros por las diferencias no abonadas producto del consecuente reajuste, con más los intereses devengados desde que cada diferencia se produjo hasta su íntegro y efectivo pago.

Indican, asimismo, que constituye objeto de esta acción, la extensión retroactiva de la pretensión desde los cinco (5) años anteriores a la que en definitiva se repute la fecha de inicio del reclamo administrativo y, hacia el futuro, hasta que se produzca en forma definitiva la rectificación salarial producto de esta acción.

Y ello, por cuanto, consideran que el último reclamo efectuado el veintitrés (23) de octubre del año dos mil siete (2007), que diera lugar al Expediente N° 13.931/07, y a estas actuaciones judiciales, resulta ser una prosecusión de las vías administrativas iniciadas con anterioridad en los expedientes "MAZA" y "JOFRE".

En el marco de las pretensiones jurisdiccionales perseguidas, los actores interponen la inconstitucionalidad del artículo 97° inciso “2” punto “d” de la Constitución de La Pampa y del artículo 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo, al establecer una instancia judicial única, resintiéndose con ello la tutela judicial y la garantía de defensa en juicio por cuanto, lo decidido por el único tribunal colegiado, solo será pasible de una revisión extraordinaria federal, privándoselos de una instancia ordinaria de apelación ante eventuales errores judiciales.

Ello, con fundamento en los artículos 8° inciso “2”, 25° inciso “2” punto “b”, 28° y 29° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 18 y 75° inciso “22” de la Constitución Nacional.

Expresan que la acción está promovida dentro del plazo de los treinta (30) días hábiles judiciales computados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa emitida por Decreto N° 2752/09 y que fuera notificada el treinta (30) de noviembre del año dos mil nueve (2009); que la misma –la acción-, se dirige contra la decisión definitiva del respectivo recurso jerárquico (art. 2° inc. “h” y 16° CPCA); y que está limitada a las cuestiones que fueron debatidas previamente (art. 18° CPCA), y que se cumple –en la presentación-, con los recaudos del art. 25° del CPCA.

Precisan el alcance de la acción indicando que persiguen la recalificación o correcta calificación jurídica –como remuneratoria y bonificable-, de las sumas que oportunamente el STJ dispuso pagar mediante Acuerdo 1259/91, bajo la denominación “Suplemento Ac. 56/91 CS”, con las consecuentes correcciones y abono de las diferencias salariales existentes a su favor. Éstas últimas, a resultado de tomar en cuenta los importes como integrativos del haber básico y del monto para el cálculo de los adicionales como compensación por función, permanencia en la categoría, responsabilidad funcional y antigüedad; con más las correcciones por sueldo anual complementario y vacaciones.

Se explican para ello indicando que los adicionales se calculan porcentualmente en relación a los haberes básicos, de allí que, debiendo tal suplemento en cuestión integrar el básico por ser pago de servicios ordinarios y generales, y no una asignación específica.

Hacen un reconto de los reclamos sucedidos mencionando los autos caratulados “MAZA, Alberto José y Otros s/ Pedido de corrección de liquidación de haberes mensuales” –Expte. N° 67-11/98; y “Dra. JOFRE de OZINO CALIGARIS y Otros s/ Pedido de corrección de liquidación de haberes mensuales” – Expte. N° 223-11, los cuales concluyeron con las Resoluciones N° 342/98 y 343/98, que motivaran –éstas últimas-, la demanda contencioso administrativa “LACAVA, Rosa y Otros c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa” –Expte. N° 349/98. Causa, ésta última, que culmina con el rechazo de la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa.

Agotadas las vías recursivas contra la sentencia del STJ, los aquí actores dicen que continuaron la vía administrativa mediante la presentación por ante el Sr. Gobernador del escrito “Prosiguen la vía administrativa – requieren remisión de los antecedentes de su reclamo – formulan reservas”, dando lugar a la causa administrativa “Ministerio de Hacienda y Finanzas s/Remisión de Antecedentes”, donde se dicta Resolución N° 137/09 por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas el que, recurrido, originara el dictado del Decreto N° 2752/09. Ambos, se entiende, denegatorios de su pretensión.

A continuación se explayan sobre el porqué debe calificarse jurídicamente de remuneratorio y bonificable, aclarando que hasta el mes de septiembre del año dos mil cuatro (2004), se les liquidó el “Suplemento Acordada 56/91” bajo el código “033”, para luego, a partir de octubre del año dos mil cuatro (2004), liquidarse como código “044” “Suplemento D 2046/04”, con las mismas características de no bonificable. Cambio de denominación que no vino –para con los actores-, el fundamento y procedencia de su reclamo.

Dicen que cronológicamente se estableció, por el art. 8° del Decreto N° 1711/92 desde el primero de julio del año 1992, y por el art. 8° del Decreto N° 1584/93 a partir del primero de julio del año 1993, que los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial percibiesen un suplemento mensual remunerativo no bonificable, indicándose que aquellos observan lo dispuesto por el Acuerdo N° 1259 del 15/11/91 del STJ. Luego, por el art. 25° de la Ley N° 1208 (presupuestaria año 2004), se previó desde el primero de enero del año 2004 otro suplemento mensual remuneratorio no bonificable. Ello así, hasta septiembre del año 2004.

En el mes de octubre...

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