Sentencia Nº 98 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 03-11-2011

Fecha de Resolución: 3 de Noviembre de 2011
 
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///MA, 02 de noviembre de 2011.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la P.incia de Río Negro, doctores V.H.S.N., A.I.B. y R.H.M. -por subrogancia-, con la presencia del señor S. doctor G.G.L., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “SUAREZ, PEDRO ROLANDO C/ DIOMEDI, J.; DIOMEDI, A.E. Y MAPFRE ASEGURADORA A.R.T. S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte Nº 25009/10-STJ), elevados por la Sala II de la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 744/755, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N

A la primera cuestión el señor J. doctor V.H.S.N. dijo:

1.- EL CASO TRAÍDO A ESTA ETAPA EXTRAORDINARIA:

Llegan estas actuaciones a mi consideración con motivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 744/755 por Mapfre Argentina A.R.T. S.A. -abierto por vía del recurso de queja, según resolución de fs. 804/805- contra la sentencia condenatoria de la Cámara del Trabajo que le atribuyó responsabilidad en el caso.

2.- LO DECIDIDO EN LA ETAPA ANTERIOR:

2.1.- El Tribunal de grado hizo lugar por unanimidad a la pretensión resarcitoria de P.R.S. y, con /// ///-2- fundamento en el sistema de responsabilidad civil, condenó a los codemandados J.D., A.E.D. y Mapfre Aseguradora A.R.T. S.A. a resarcir los perjuicios sufridos por aquel en concepto de daño emergente –pasado y futuro-, daño psíquico, daño moral y daño por lucro cesante.

2.2.- Tras tener por acreditado el padecimiento y su vinculación causal con hechos jurídicamente relevantes en materia de responsabilidad civil –sobre cuyo análisis se volverá oportunamente-, la Cámara afirmó que, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema desde 2004 a la fecha, el sistema de protección frente a los riesgos del trabajo ya no es tan sólo lo que está regulado por la Ley de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) y sus normas reglamentarias, sino además lo que fundamentalmente ha dicho el Máximo Tribunal en esta materia.-
En tal sentido, el a quo recabó en la jurisprudencia señera de la Corte, en la que se puso de resalto la oposición a reglas constitucionales básicas implicada en el régimen especial –L.R.T.-, así como su deficiente técnica legislativa y su precariedad en materia de prestaciones dinerarias y contingencias cubiertas, extremos que provocaron el grado máximo de intervención judicial en cuestiones de forma de pago de prestaciones (“Milone”), competencia de comisiones médicas y Justicia Federal (“Castillo”), reparación de enfermedades laborales excluidas de un listado cerrado de enfermedades profesionales (“Silva”) y responsabilidad civil del empleador (“A., “Cura”, “Llosco”, “C. y “A.”).

Así –fundamentó la Cámara-, a pesar de su vigencia formal, la regulación legal en tratamiento fue perdiendo eficacia jurídica, tanto que consideró que expedirse acerca de la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24557 sería redundar sobre algo obvio, por lo que prefirió remitirse a los precedentes citados, pero destacando además la importancia /// ///-3- del caso “.” (Fallos 322:709), cuyo mérito radica -según dijo- en aportar mayor precisión sobre el lugar que ocupan las A.R.T. en la prevención de los riesgos del trabajo y, especialmente, sobre las obligaciones que pesan sobre ellas, cuyo incumplimiento desencadena claramente una responsabilidad de naturaleza civil.

La Cámara advirtió entonces que las A.R.T. pueden ser responsabilizadas en el marco del régimen previsto por el Código C.il cuando concurren los presupuestos del ordenamiento general para imponer tal responsabilidad, de suerte que, acreditado el nexo de causalidad adecuado entre el incumplimiento de los deberes de la A.R.T. y el daño sufrido por el trabajador, aquella puede ser obligada a reparar el daño conforme con el cauce previsto en el Código C.il.

En esa línea de pensamiento, y con remisión a los conceptos del fallo de la CSJN en la casusa “.” del 31-3-2009 (ya cit.), concluyó que la responsabilidad civil de la aseguradora obligada a dar la prestación médica adecuada transitaba por fuera de las limitaciones del contrato de seguro y debía responder solidariamente por el estado de salud actual del actor, por imperio del art. 1074 del Código C.il, en cuyo mérito “…toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otra será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido…” (cfr. fs. 700).

2.3.- En tal inteligencia -sostuvo-, resulta responsabilidad esencial de las A.R.T. la tutela de la salud de los trabajadores, para lo cual están obligadas a prever y desarrollar una organización para la prestación del servicio y, dentro de ese contexto, por sí o valiéndose de la actividad de terceros, son responsables de que el sistema funcione en plenitud. En caso de que ello no ocurra -agregó-, deben responder por los daños que se ocasionen a los destinatarios // ///-4- de las prestaciones, a tal punto que, con relación al trabajador, la A.R.T. no puede excusar su obligación alegando los actos de su prestador, pues el obrar de un tercero excluyente de responsabilidad exige la carencia de vínculo entre ambos.

Ahora bien, en el particular supuesto del art. 1074 del Código C.il -continuó-, si queda debidamente acreditado que la omisión de otorgar la prestación debida ocasionó un perjuicio, la aseguradora es responsable, porque la ley le impuso la obligación de cumplir el hecho que, omitido, permitió que el estado de salud que el trabajador tenía al momento en que la prestación debió cumplirse se perdiese, hasta llegar, como en el caso, a la incapacidad total y definitiva que definió el informe pericial médico realizado en estos autos (cfr. fs. 703).

Así, la Cámara entendió que la omisión de un diagnóstico, la demora en la recuperación, la deficiente atención y las altas médicas inadecuadas motivaron con seria probabilidad el avance de las patologías derivadas del golpe originario. Consideró entonces que la débil situación del trabajador, que estaba obligado a ser atendido por la aseguradora contratada por la patronal, exigía de aquella una mayor preocupación frente a la patología derivada de un evento accidental dañoso, en el marco de su deber de seguridad social, máxime por su alto grado de especialización y superioridad técnica en temas de salud e integridad psicofísica y moral laboral que la ley le impone.

De tal modo -concluyó-, ocurrido el siniestro, el accidentado se convierte, sin dejar de ser “dependiente” de su empleador, en “paciente” de la A.R.T., para quien, conforme al art. 26.7, apartado 3, de la L.R.T., se establece que las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a, b y c, se otorgarán hasta su curación completa o mientras // ///-5- subsistan los síntomas incapacitantes. Y si la A.R.T. no logra explicar plausiblemente que ha seguido un procedimiento adecuado para revertir un determinado estado de cosas, ha de responder reparando los daños de un tratamiento banal, como lo describió en el caso el perito médico de autos (cfr. fs. 705).-
3.- EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY.-
3.1.- La aseguradora funda su recurso en que el fallo habría vulnerado, con notoria...

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