Sentecia definitiva Nº 96 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 20-10-2009

Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
Número de sentencia:96
///MA, 20 de octubre de 2009.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del S.erior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores V.H.S.N., A.I.B. y L.L., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: "KÜHN, MARÍA CECILIA Y OTROS C/ CONSEJO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/APELACIÓN” (Expte. Nº 23557/09 STJ), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.

V O T A C I O N
El señor J. doctor V.H.S.N. dijo:


Vienen los presentes autos en virtud del recurso de apelación contra la Sentencia de fs. 268/276 vlta. de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ia. Circunscripción Judicial en su carácter de Tribunal Contencioso Administrativo por la que se rechazó la acción contencioso administrativa.


Para así resolver la Cámara entendió en lo sustancial que:
1. Los actores no se encuentran legitimados para entablar la presente acción por entender que la Sra. H.P.T. (cedente de los actores) no era propietaria ni poseedora con lo cual no puede haber cedido derechos que no tenía.


2. La resolución del CODEMA no puede ser tachada de irregular e ilegítima porque ha sido dictada por autoridad competente en pleno ejercicio del poder de policía de custodia del ambiente (art. 84 y 85 de la C.. P..) por lo que no ha actuado con el desvío de poder aludido por los accionantes.

Los actores se agravian por las siguientes cuestiones:


1º) el Tribunal incurre en plus petición al considerar la falta de legitimación activa puesto que ello no fue opuesto como defensa por parte de la demandada y en todo caso, debió declararse en forma previa. Además no tiene en consideración que la sola posesión otorga legitimación para la presente acción. Entienden que al resolver de esta manera sobre la legitimación se viola el derecho a la jurisdicción al introducirse en otro proceso (Expte. Nº 218/2005 del Registro del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Viedma). Asimismo se vulnera el debido proceso y la defensa en juicio.
-

2º) Respecto a la cuestión ambiental, que sustenta el rechazo de la acción, se agravian por considerar que no existe riesgo ambiental, que no está acreditada la finalidad preventiva y que no se analiza debidamente el propósito urbanístico contemplado en el Plan director del Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de SAO. También consideran que se ha prescindido de prueba esencial.


La Procuradora General en su dictamen de fs. 320/329, advierte que el a quo a fallado extra petita pues al pronunciarse sobre la propiedad de los lotes en cuestión ha ido más allá de lo debatido en la presente litis –ilegitimidad de la resolución del CODEMA- donde se debate una acción contencioso administrativo y no una cuestión civil.


Por ello estima que deberá anularse el fallo de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, remitiendo al origen para que con distinta integración dicte nueva sentencia.

Ahora bien, pasando a resolver el recurso de apelación, entiendo que el objeto de la acción entablada en autos contra la Provincia de Río Negro –CODEMA- es declarar la nulidad o ilegitimidad de la Resolución Nº 219/05 del Consejo de Ecología y Medio Ambiente.
-

Tal objeto quedó definido con claridad en la audiencia preliminar prevista en el artículo 361 CPCC, a fs. 202, donde se circunscriben y delimitan las cuestiones litigiosas. Allí la parte actora manifiesta que lo que pretende demostrar con la prueba ofrecida es la desviación de poder por parte del CODEMA en el dictado de la Resolución 219/05. Por su lado la parte demandada entiende que obró conforme sus facultades y deberes y que dictó dicho acto con un fin precautorio dentro de su deber de velar por la preservación del ambiente.

Es decir lo que viene a resolución del tribunal –la materia en conflicto- es exclusivamente determinar si el Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la Provincia al dictar el acto administrativo -Resolución 219/05- cumplió con los requisitos legales para ello.

Planteado lo cual, se advierte que le asiste razón al recurrente en cuanto la Cámara se ha extralimitado al fallar sobre la falta de legitimación con sustento en que la actora no es propietaria ni poseedora de las tierras sobre la cual se expide la Resolución en debate. En este punto la sentencia es dictada en violación al principio de congruencia atento la titularidad de dichas tierras no viene a discusión en esta oportunidad y es un punto controvertido en otras actuaciones. La legitimación se encuentra suficientemente acreditada con la sola ocupación de dichas tierras sin importar el carácter de la misma a los efectos de la presente acción.


Se advierte que la Resolución que se cuestiona, define como destinatarios de la orden que emite en su artículo 1º. Allí prescribe: “ordénese a los poseedores, tenedores, propietarios por cualquier título, ocupantes y/o inquilinos de las parcelas 200.109 y 260.110, sección IA1, parte de los lotes 1 y 21, fracción B y G, Colonia Pastoril Chilavert- Plano de mensura duplicados 3483, ubicadas en el Área Natural Protegida Bahía San Antonio…”.


Con ello queda de manifiesto que la cuestión del carácter en el cual se encuentran ocupando dicha tierra (tenedores, ocupantes, inquilinos, propietarios) no es relevante para la cuestión de autos y por ende no incide en la legitimación para cuestionar un acto que le es aplicable.
-

En cuanto al segundo agravio, referido al reconocimiento de legitimidad del acto cuestionado, preliminarmente corresponde efectuar una introducción que se hace necesaria atento los precedentes de este STJ referidos a la cuestión venida en recurso, y en la que ya han participado los actores.


También debe tenerse en consideración que en autos "KÜHN, M.C. s/ACCION DE AMPARO" (Expte. Nº 20613/05-STJ-), - resuelto por sentencia 116 del año 2005, en oportunidad que los mismos actores pretendieron por la vía del amparo dejar sin efectos ejecutorios la resolución que hoy cuestionan, ya expresé que, si bien aquella acción no era la idónea para cuestionar el acto administrativo, el mismo no se advertía como ilegítimo o arbitrario.




Luego en los autos caratulados: "TARRUELLA, H.R. c/MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/APELACIÓN" (Expte. Nº 20899/06-STJ-), por Sentencia Nº 93 del año 2006 se rechazó el recurso de apelación contra la sentencia que resolvió no hacer lugar a la demanda entablada por H.R.T. contra la Municipalidad de San Antonio Oeste.


En aquel momento el actor interpuso demanda contencioso administrativa contra el citado Municipio, donde requirió: 1) se ordene la revocación de la Resolución N° 1071/01 del J. de Faltas, por la que se decretó la clausura, por tiempo indeterminado, de la obra en construcción en la parcela 200.109, parte del lote 1 y 21, fracción B y G de la Colonia Pastoril Chilavert; y 2) se determine la incompetencia del municipio para aplicar en dicho inmueble los Códigos de Falta y Edificación.- -

Allí se resolvió, en cuanto importa en autos, la cuestión de la competencia del Municipio de San Antonio Oeste tanto para aplicar el Código de Edificación en zonas rurales como para disponer la clausura de las obras que no se adecuaban a dicho Código.


Al respecto cabe reiterar que en orden a facultades de los Municipios la C.itución Provincial reconoce su existencia como célula originaria y fundamental de la organización política y establece el principio de prevalecía de la normativa municipal en caso de contradicción o superposición de normas. El texto constitucional le ha otorgado autonomía y le ha conferido todos los poderes necesarios para su cometido.

En tal sentido este Cuerpo ha manifestado que “El municipio se inserta en un ámbito de actuación más amplio que el delimitado a la Nación y a las Provincias. Por tanto si bien la autonomía municipal importa el reconocimiento de un "status" jurídico propio, ello no significa una equivalencia jerárquica, sino que sus posibilidades de actuación deben coordinarse y armonizarse con el reparto de competencias y atribuciones que efectúan la C.itución Nacional y Provincial respecto de cada uno de esos niveles de gobierno” (STJRNSC.: Se. Nº 15/05 en autos: "FRIDEVI S.A.F.I.C. c/MUNICIPALIDAD DE VIEDMA s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/APELACION”, Expte. Nº 19566/04-STJ-).
-

En un sistema republicano y federal como el estatuido por nuestra C.itución Nacional, se encuentran presentes tres grados estaduales: nacional, provincial y municipal. Cada uno de ellos tiene definida una zona de facultades propias y otra zona de facultades concurrentes.
-

En uso de las facultades propias el Municipio de San Antonio Oeste ha dictado los Códigos de Edificación y el Urbano, y el Plan Director de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Antonio Oeste”. A su vez el legislador provincial ha sancionado normas que son de aplicación concurrente como por ejemplo la Ley N° J 3262 que reglamenta la edificación en lotes que se encuentren fuera de ejidos urbanos y para ello permite la delegación en los municipios de su aplicación y la ley Q Nº 2951 que establece el marco regulatorio costero. La fiscalización actual en lo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba