Sentencia Nº 94 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 29-08-2013

Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2013
 
EXTRACTO GRATUITO
///MA, 29 de agosto de 2013.-
VISTO: Las presentes actuaciones, caratuladas: "REMON BRIAN C/ REMON HUGO Y OTRO S/RECURSO DE REVISIÓN” (Expte. Nº 22427/07-STJ-) puestas a despacho para resolver, y:
CONSIDERANDO:

El señor J. doctor E.M. dijo:

El Sr. J. M.A.G., a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y S.N.. 3 de la ciudad de Cipolletti, en cumplimiento de lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, en el auto interlocutorio Nº 73/09 obrante a fs. 408/414, eleva las presentes actuaciones a este Cuerpo, para la resolución del recurso de revisión -art. 303 bis, inc. 3 y 4 del CPCyC- interpuesto a fs. 270/283 por la Dra. A.F., apoderada de B.N.R., contra el auto de fecha 7 de julio del año 2000 que homologó el acuerdo celebrado con fecha 14 de abril de 2000 (Convenio de Pago definitivo para la cancelación del conflicto entre J.R.C. y H.R.R. padre de quien fuera menor de edad, B.N.R. y Convenio de Distribución), en los autos "C.A.M.S." Expte.Nº 10685/98.

Recibidas las actuaciones se ordena vista a la Procuración General, cuyo dictamen luce a fs. 873/888.



Allí, la Sra. Procuradora General, Dra. L.L.P., considera que los vicios de fondo advertidos de consuno con la ausencia de un accionar protectivo en salvaguarda del interés superior de quien fuera -por entonces- menor de edad; más la prueba producida ante el Sr. J. delegado de trámite que evidencia el ocultamiento fraudulento del acervo, constituyen una cuestión de gravedad institucional que amerita la declaración de nulidad de la homologación del acuerdo particionario y de todo lo actuado con posterioridad.

Manifiesta la inconveniencia del acuerdo para los intereses del menor, que permite considerar inválida la homologación dispuesta, sumado a la violación de los artículos 59, 61, 297, 437, 494 y 3465 que lo tornan manifiestamente nulo -arts. 299, 1043, 1044-, todos del Código Civil.


Considera que es evidente la existencia de una actuación fraudulenta que supuso el ocultamiento de bienes, la utilización de valuaciones fiscales irrisorias en beneficio del Sr. C. (hermano de la causante) y en claro perjuicio del entonces menor de edad B.R., manipulando de esta manera los derechos del aquí recurrente.


Señala que, de la prueba ofrecida, surge la existencia de la Sociedad de Hecho “Calzados-Deportes C. y Cía.” cuyo contrato data del 30 de mayo de 1986; sociedad que no fue incluida oportunamente en el acervo hereditario -no obstante el conocimiento de su existencia y de la participación de A.M.C., madre de B., con un 15% del Capital Social en el contrato originario-, evidenciándose así el ocultamiento malicioso de los bienes administrados por la mencionada sociedad.

Agrega que no termina allí la maniobra fraudulenta toda vez que, fallecida la Sra. C. se cambió el contrato social y la sociedad comienza a girar comercialmente como “C. y Cia. Sociedad de Hecho”, la que opera comercialmente y/o tributa actividades de Tienda-Calzados-deportes y servicio de Hotelería, que no fuera inscripta en la DGI ni DGR y que siguió tributando bajo el mismo CUIT y número de Ingresos Brutos que correspondían a la Sociedad de Hecho originaria, excluyendo claramente a la causante y, en consecuencia, opina que se despojó a B.R. de cualquier porcentaje que como heredero le correspondía.


Puntualiza que esta circunstancia se evidencia liminarmente a partir del informe pericial de fs. 400/403 (expte 10685/98 autos: “C.A.M.s.ón”, ante el Juzgado Civil 7, Sec.7), efectuado por el contador P., al que remite el informe pericial de la Cra. M.R. (fs. 806/816). Expresa que en aquél, se determina la existencia de dos contratos de sociedades de hecho. También surge que el monto expresado en dólares que corresponde al 15% del capital social perteneciente a la Sra. A.M.C. es equivalente a (U$S 69.686,40), esta participación no fue luego incorporada al contrato social de “C. y Cía”. Añade que la sociedad ha sido administrada por el Sr. C., y el menor no ha percibido sus utilidades.

Señala la Sra. Procuradora General que en el mencionado informe se afirma que “a pesar del fallecimiento de uno de los socios, y las posteriores modificaciones del Contrato de Sociedad de Hecho, no consta la baja de la Sociedad de Hecho de la que originariamente formaba parte la Sra. A.M.C.. Considera que ello implica que fueron también ajenos al acervo hereditario los frutos (rendimiento-ganancias) desde la creación de la misma y hasta la celebración del nuevo contrato social.

Sostiene que lo manifestado surge de las constancias de las respectivas pericias practicadas en el marco de la prueba, la acreditación de la ampliación del objeto social (fs. 534); cambio de titularidad del Hotel Tortorici a favor de la nueva sociedad (fs. 543/544) y los distintos informes producidos.


Asimismo, resalta que se debe adicionar el precio vil de las valuaciones fiscales que fueron presentadas a la partición, el que se infiere del cotejo entre los valores denunciados oportunamente y el informe efectuado por la perito tasadora M.L.C. (fs. 646 y sgtes). Cuestión que fuera advertida por la Cámara Civil de Cipolletti en su sentencia de fecha 03.11.06 que luce a fs. 976 del expediente sucesorio.
-

Indica que de la pericia efectuada por la perito tasadora el valor de la propiedad (local comercial Hotel Tortorici) asciende a la suma de $4.921.000 (fs.708) al año 2010. Destaca que el inmueble se encuentra habilitado para funcionar desde el año 1992 (conforme informe de la Subsecretaria de Turismo de la provincia de Neuquén, a fs. 543/544). Opina que ello vale para ilustrar la clara maquinación fraudulenta de los adultos intervinientes en la sucesión en perjuicio del entonces menor de edad.


Enfatiza que del informe de fs. 525, elaborado por el Municipio de Cutral Co, el Hotel Tortorici se encontraba aún a la fecha de emisión del mismo Noviembre del 2009- a nombre de los hermanos J. y A.M.C. y sin embargo no se incluyó como parte del acervo.



Subraya que en el caso en análisis sobresale la conducta maliciosa, la intencionalidad, el engaño, la situación desfavorable de B.R. y su indefensión, todo lo cual lleva a la necesidad de revisar la partición de bienes integrantes del acervo hereditario.
-

Concluye que se debe declarar la nulidad del resolutorio de fecha 07/07/2000, dictado por el Sr. J. Dr. C. y V., con remisión de las actuaciones al origen a fin de que el Sr. B.N.R. haga valer sus derechos como heredero de A.M.C., de conformidad a lo que establecen los Códigos de fondo y de rito.



Pasando a considerar el recurso de revisión impetrado, adelanto mi coincidencia con el dictamen de la Procuración General.


En el particular caso de autos, de la prueba producida surge que los intereses del menor B.N.R. no han sido debidamente representados y defendidos al momento de suscribir el Convenio luego homologado.

-

Corresponde reseñar que a fs. 53 del Expte. N° 10685/98 caratulado “C.A.M.s.ón” (adjunto a las presentes actuaciones) la Sra. Asesora de Menores de Cipolletti, en fecha 18 de febrero de 1999 omite pronunciarse respecto a la petición formulada a fs. 45 de designación de un administrador judicial del sucesorio para defender los derechos y bienes del menor.


Del mismo expediente surge, a fs. 84/85, que el 23 de junio de 1999 los apoderados de H.R. insisten con la necesidad de la designación del administrador (formulado previamente a fs. 45), que proteja el patrimonio de los herederos, máxime cuando uno de ellos es menor y se encuentra bajo la guarda de sus propios deudores del sucesorio, con fundamento en un informe pericial del Gabinete Técnico Contable del TSJ de Neuquén (agregado a la instrucción penal del Expte. 25.557, en Cutral-Co, con copia obrante a fs. 80/83 del sucesorio) del cual se desprende que a enero de 1999, sólo por la supuesta exclusión maliciosa de la causante de la sociedad de hecho que conformaba con sus padres y hermanos, se estaría perjudicando al sucesorio en un monto estimado mínimo de U$S 241.505,00 al 31 de enero de 1999.

A fs. 107 (Expte. sucesorio), en el mes de marzo de 2000, el Dr. C. y V. designa administrador judicial al Dr. R.J., conforme el art. 709 CPCC, ordenándole tome posesión de los bienes de la herencia, confeccione inventario y practique rendiciones mensuales (no se visualiza en el mencionado expediente aceptación ni notificación de tal designación).

A fs. 218/220 (Expte. de la sucesión), el 19 de abril de 2000, los abogados representantes de J.R.C. y H.R.R. por derecho propio y en representación de su hijo menor- designan administrador de común acuerdo al Sr. J.R.C.; denuncian bienes sucesorios y presentan un convenio de distribución de bienes sujetos al acervo hereditario, a los efectos de su homologación previa vista a la Asesora de Menores.
Se advierte de fs. 120/121 (del Expediente sucesorio), la celebración de un "Contrato de Sociedad de Hecho" que da cuenta de derechos sobre una explotación comercial de compra y venta de artículos deportivos "CALZADOS-DEPORTES CALA y CÍA”, constituida en el año 1986, que integraría el sucesorio y que funcionaría en el inmueble de la Calle Roca Nº 490 de CUTRAL CÓ (NC 09-30-050-3525).


Como bien observa la Sra. Procuradora General en su dictamen, en el convenio de distribución propuesto, el inmueble sito en Roca 490 de Cutral Co- queda en dominio exclusivo del Sr. C. (condómino de la causante) y no se hace referencia a ningún derecho emergente de la sociedad a favor del sucesorio. El inmueble aparece valuado en la suma de Pesos setenta y un Mil ($71.000,00) -valuación fiscal- sin reconocerse compensación adicional alguna por su real valor económico (valor llave y porción correspondiente de mercadería). Igualmente en relación al Hotel TORTORICI en la ciudad de Cutral Co y una confitería en esa localidad, denunciados en el expediente. Tampoco se hizo referencia alguna respecto de los frutos civiles que necesariamente debieron producirse desde el fallecimiento de la causante en el año 1992; los cuales habrían sido percibidos por el Sr. J.C., sin constancia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA