Sentencia Nº 93 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 30-07-2010

Fecha de Resolución:30 de Julio de 2010
 
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///MA, 29 de julio de 2010.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores V.H.S.N., A.Í.B. y L.A.L., con la presencia del señor S. doctor G.G.L., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "FONSECA, MARIANO EDUARDO C/ MEDINA, SERGIO Y OTRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 23808/09-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 107/111 vlta. por la parte actora contra la sentencia definitiva de fs. 99/103, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?


V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor V.H.S.N. dijo:

1.- Llegan las presentes actuaciones a mi consideración a raíz del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor a fs. 107/111 vlta. contra la sentencia de fs. 99/103 de la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que rechazó su reclamo, incoado por despido en los términos del art. 246 de la L.C.T. –v. fs. 18 vlta.-, y le impuso, además de las costas, una multa en razón de la temeridad que habría asumido en el pleito.

La conclusión del grado acerca de la improcedencia del /// ///-2- cese asumido formalmente por el actor, esto es, su falta de justificación, se basó en que el vínculo laboral invocado carecía en definitiva de respaldo fáctico indispensable en las constancias de la causa. Pero no es esto lo que al cabo resulta objeto de revisión en esta etapa extraordinaria, en tanto declarado inadmisible, y por ende rechazado íntegramente por la Cámara el recurso extraordinario a fs. 119/120, este Superior Tribunal hizo lugar al recurso de queja y habilitó así el tratamiento del principal tan sólo respecto del agravio articulado por el actor contra la multa impuesta por su conducta temeraria, con fundamento en lo dispuesto en los arts. 34, inciso 6), y 45, del CPCCm..

Sobre este último aspecto cabe tener presente que el tribunal a quo reputó del todo reprochable que el actor acudiera a la jurisdicción laboral con una motivación, pese a lo invocado en la demanda, ajena a una cuestión de esa índole, puesto que consideró que si la acción respondió a la estrategia de que no hay mejor defensa que un buen ataque, F. equivocó el camino y debe pagar con esas consecuencias (v. fs. 102).

2.- Según lo he adelantado, contra aquella decisión el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en definitiva, fue concedido por este Superior Tribunal exclusivamente acerca de la multa en cuestión, de modo que se impone a continuación circunscribir el análisis tan solo a este aspecto de su crítica recursiva.

En este sentido, sostiene -en los términos de fs. 110/111- la improcedencia de la temeridad de conducta adjudicada como antecedente de la multa impuesta e impugna la medida por contraria a derecho y arbitraria, en tanto dicha aplicación afecta su derecho de defensa en juicio y de recurrir a la justicia conforme a su ejercicio pleno, consagrado en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial.
///
///-3- Manifiesta asimismo que el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo expresamente determina los requisitos de la conducta maliciosa o temeraria de las partes, fundamentalmente la del demandado, tal como sucede en caso de que se advierta algún propósito obstruccionista o dilatorio en reclamos por accidentes laborales, o bien cuando, teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestione la existencia de la relación laboral, se hagan valer actos cometidos en fraude al trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opongan defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho.

Afirma además que las sanciones por conducta temeraria importan su aplicación restrictiva, de suerte que deben ser analizadas y fundamentadas por los magistrados y sólo resultan aplicables en casos extremos, en los cuales no exista posibilidad de duda alguna acerca de que la parte ha actuado con dolo y manifiesta mala fe.

En favor de su postura, procura reivindicar que nada de ello ocurrió en los presentes autos, y que nada tampoco se expresó en la sentencia sobre los actos que merecerían encuadrarse como conducta temeraria, más allá de la afirmación de que atacó creyendo que ello era la mejor defensa. Por tanto –sostiene-, sólo ejerció su derecho de defensa frente a irregularidades cometidas por los demandados, así como por la falta de retribución del trabajo efectivamente realizado y probado en los presentes autos.

Insiste en que no se acreditó que hubiera retenido el cheque ni que lo hubiera cobrado, ni existía conducta alguna en el expediente que pudiera merituarse como maliciosa o temeraria, pues sólo reclamó lo que en derecho consideró que le adeudaban los demandados; asimismo, que nada indicaba que hubiera obrado con dolo o mala fe, sino que fueron los propios demandados los que, por medio de amenazas y actitudes ///
///-4- violentas, intentaron persuadirlo de que renunciara al inicio de la presente acción.

De acuerdo con esta postura, trae a colación jurisprudencia sobre temeridad y malicia en los términos del art. 275 de la L.C.T.; para finalizar, añade que nada justifica la violencia y que su reconocimiento como explicación que justifique el intento de hacer justicia por propia mano –en caso de los demandados- proveniente de un magistrado, es una explicación lamentable y poco ejemplificadora. Pide entonces que se rechace la multa impuesta a su cargo como sanción por conducta temeraria.

3.- Ingresando en el análisis del recurso, exclusivamente habilitado respecto de la cuestión punitiva, en pos del derecho de defensa pretendidamente vulnerado según el recurrente, en modo alguno pueden desatenderse las implicancias que en el caso tiene el principio de congruencia procesal, vinculado con la decisión recaída en lo sustancial del litigio, esto es, la ausencia de carácter de trabajador dependiente del pretensor.-
Sentado ello en la causa por decisión definitiva, según el sistema probatorio pertinente, reafirmada por resolución denegatoria de este Superior Tribunal de la vía extraordinaria sobre lo principal decidido, se sigue sin dificultad la falta de operatividad en el caso sub examine de las prescripciones de la Ley de Contrato de Trabajo que tienen por supuesto necesario la existencia de una relación jurídica entre un trabajador y un empleador.

En tal sentido, debo poner de resalto que el agravio vertido por el recurrente, tal como se ha visto en la precedente reseña, ha sido estructurado sobre el concepto de temeridad de conducta previsto en el art. 275 de la L.C.T., el cual supone -conditio sine qua non- la existencia de una relación laboral, que ciertamente no podemos reputar configurada en autos, y que a fortiori resta cualquier ///
///-5- virtualidad al dispositivo precitado, aun mediante interpretación a contrario sensu, precisamente porque no se da en el caso bajo examen la calidad imprescindible de trabajador...

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