Sentencia Nº 92 de Secretaría Civil STJ N1, 27-11-2017

Fecha de Resolución:27 de Noviembre de 2017
 
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VIEDMA, 27 de noviembre de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores E.J.M., S.M.B., A.C.Z., L.L.P. y R.A.A., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: “IGLESIA LLANOS, R. c/MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/APELACION” (Expte. N° 29243/17-STJ-), elevados por la C.ara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 242 y por la parte demandada a fs. 243, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor J. doctor E.J.M. dijo:
1.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA.
Llegan las presentes actuaciones en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 242 y por la parte demandada a fs. 243 contra la Sentencia N° 11/17 de fecha 07/03/2017, dictada por la C.ara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIa. Circunscripción Judicial obrante a fs. 224/238, que en el marco de la disconformidad que el Sr. Iglesia Llanos planteara respecto al monto de la tasa municipal que le fuera impuesta por el servicio extraordinario de limpieza de su lote resolvió: “…I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta, con costas a la demandada, dejando sin efecto por las razones expuestas en el voto rector, la pretensión de cobro por parte de ésta, de la suma de $ 32.199,50 en concepto de limpieza del terreno identificado catastralmente como 051J01503; II.- El importe por tal servicio deberá ser abonado por el actor a la demandada, una vez se determine el mismo, conforme se expone en el voto rector; III.- Regular los honorarios de los Dres. R.F. Iglesia Llanos y D.C.B., en conjunto, en el importe equivalente a Diez (10) Jus…”.
2.- AGRAVIOS RECURSIVOS.
Que a fs. 256/268 el Municipio de General Roca sostuvo que al confirmar la procedencia del cobro del servicio de limpieza del terreno del actor, el Tribunal convalidó la existencia de las condiciones de emergencia y excepcionalidad necesarias para que se lleve a cabo dicho procedimiento, pero consideró que la sentencia de la C.ara analizó la razonabilidad y juridicidad del cuadro tarifario aplicado en base a un parámetro equivocado, con una errónea y arbitraria interpretación de la normativa tributaria municipal.
Su principal agravio se centró en la deficiente crítica efectuada respecto del método de cálculo de la tasa aplicable por el servicio prestado. Enumeró entonces los argumentos que justifican la que, a su entender, resulta una extraña interpretación de la normativa fiscal y entre ellos destacó el de la falta de ponderación del valor fiscal del inmueble objeto de limpieza. Expresó que la C.ara acogió el argumento del actor, entendiendo que el valor fiscal del terreno resultaba un valladar para la cuantificación realizada por el Municipio; ello por cuanto el obtenido a través del método de cálculo indicado por el art. 8° inc a) de la Ordenanza 4685/12 no se ajusta a derecho, ya que el costo del servicio que pesa sobre el contribuyente supera el valor fiscal del bien.
Calificó como argumento obiter dictum a la apreciación que efectúa la C.ara al entender que el método de cálculo de la tasa solo resulta proporcional en los casos de terrenos normales y afirma que este razonamiento no tiene asidero en prueba alguna rendida en autos, ya que se basa en un erróneo concepto que trae el juzgador bajo la forma de presunción con el fin de otorgarle aval a la tesitura de la actora. Por ello afirmó que tal presunción resulta infundada y arbitraria por violar el principio elemental de igualdad tributaria.
Destacó asimismo que no se ha aplicado la máxima “solve et repete” siendo que es el contribuyente quien tiene la carga de demostrar que el tributo es desproporcionado o confiscatorio. Sostuvo así la legitimidad y validez del procedimiento llevado a cabo por el Municipio.
Entendió que el Tribunal se extralimitó en sus facultades pretendiendo legislar cuando en realidad debió aplicar la ley vigente y mencionó que la norma no prohíbe que los empleados municipales sean testigos hábiles en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales.
Expresó que el fallo en crisis incurre en autocontradicción y refiere que el procedimiento seguido en el caso es el prescripto por el art. 5° de la Ordenanza N° 1022/89, del cual se desprende que ante una situación de emergencia el Municipio puede llevar a cabo los trabajos de limpieza por sí, siempre que se acredite tal necesidad y puntualizó que, a la luz de la normativa, la realización o no de la notificación previa al propietario del terreno no resulta trascendente.
Destacó el yerro en la valoración de la prueba producida. Señaló que la Ordenanza N° 1022/89 no prevé en su articulado la sanción de nulidad de lo actuado y que el fallo soslaya la aplicación de la Ordenanza N° 2359/96, que en su articulado sí dispone la nulidad absoluta en el caso de labrarse actas de constatación e infracción sin contener requisitos formales e insistió en que la ausencia de firma de testigos no se encuentra prevista como causal de nulidad.
Sostuvo que las notificaciones al actor han sido correctamente dirigidas a su domicilio constituido, no sólo en la base de datos del Municipio sino también en numerosos escritos judiciales y en las oficinas del Colegio de Abogados de la ciudad y que aquéllas fueron válidas entendiendo que, sostener lo contrario basado en una norma que no legisla al respecto, es arbitrario. Respecto a la intervención del portero del edificio manifestó que no puede afirmarse que no estuvo debidamente autorizado o, al menos, conociere su deber de llevar la correspondencia en forma personal.
Se agravió en relación a las ponderadas dificultades para que sea agregado el expediente administrativo y a su falta de orden cronológico. Indicó que el Tribunal impidió al Municipio no sólo la producción de la prueba pericial contable oportunamente ofrecida sino que además le negó la posibilidad de alegar por considerar que su planteo fue extemporáneo. Tampoco se expidió sobre la caducidad de la prueba informativa ofrecida por la contraria.
Asimismo calificó de incoherente la imposición de costas en los términos de la Ley N° 3550 por entender que su ámbito de aplicación se circunscribe al ejercicio de la función pública en el caso de aquellos funcionarios provinciales y de modo alguno alcanza a quienes actúan en el ámbito municipal, quienes quedan incluidos en la Ley N° G 2212 específica para el caso de los honorarios profesionales.
A fs. 270/278 el actor pretendió que se deje sin efecto parcialmente la sentencia recurrida, concretamente ataca el punto “II” de la parte resolutiva tachándola de contradictoria en su lógica de razonamiento y por lo tanto arbitraria, por cuanto -declarada la ineficacia y nulidad de un procedimiento administrativo municipal- determinó válido proceder al pago de la limpieza originada mediante dicho accionar. Asimismo, apeló por bajos sus honorarios y solicitó que se le regule el máximo de lo establecido por la ley de aranceles.
Destacó que, en el hipotético caso que la configuración de su eventual enriquecimiento haya tenido como causa un procedimiento administrativo declarado nulo, no corresponde que la demandada cobre por ello pues ha sido acreditada la ineficacia del acta y de las notificaciones que requiere la normativa como previo a exigir al contribuyente el cobro del servicio de limpieza compulsivo.
Denunció la vulneración del principio de contradicción lógica al ordenar el pago motivado en un acto nulo e hizo referencia a la doctrina de los actos propios. Afirmó que, en el caso concreto, mediante el punto “II” de la parte resolutiva se benefició al sujeto que generó la nulidad del procedimiento de limpieza.
Concluyó en que ha existido arbitrariedad en la sentencia y en tal sentido cita diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A fs. 282/285 el actor contestó el memorial de la parte demandada, requirió que se rechace el recurso deducido y sostuvo que solo se trata un desacuerdo subjetivo con aquellos contenidos de la sentencia recurrida que simplemente no le gustaron, por ser contrarios a sus intereses, sin encontrarnos frente a una crítica objetiva razonada.
Explicó que el demandado intentó minimizar la nulidad del procedimiento administrativo que le generó su ilegal acreencia. Insistió en que la declaración de nulidad fue el norte de la demanda por lo que mal puede pretenderse en esta instancia menospreciar el reconocimiento obtenido en la resolución recurrida respecto a la nulidad de la notificación y del acta de constatación.
A fs. 288/291 la parte demandada contestó el memorial de su contraria y solicitó el rechazo del remedio intentado por la actora, en el entendimiento que aquél carece de una crítica concreta y razonada. Afirmó que la apelación contiene meras disconformidades, sin impugnar de forma concreta la sentencia recurrida que impone la obligación de pago por el servicio de limpieza realizado por el Municipio a su favor.
Indicó que en el pronunciamiento en crisis se ha reconocido que el procedimiento de limpieza se llevó a cabo mediante el mecanismo previsto por el art. 5° de la Ordenanza N° 1022/89 destinado a proteger la salubridad e higiene de los vecinos del actor y que es en esos términos que nació la obligación del recurrente de abonar el servicio extraordinario prestado por la Municipalidad.
3.- DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL.
A fs. 296/304 la señora Procuradora General dictaminó que los recursos interpuestos no resultan...

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