Sentecia definitiva Nº 9 de Secretaría Penal STJ N2, 28-02-2011

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2011
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 24746/10 STJ
SENTENCIA Nº: 9
PROCESADO: M.M. ÁNGEL
DELITO: INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 28/02/11
FIRMANTES: BALLADINI – LUTZ – S.N. EN ABSTENCIÓN
///MA, de febrero de 2011.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “MÉNDEZ, M.Á.s.. de los deberes de funcionario público s/ Casación” (Expte.Nº 24746/10 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 1494) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor A.Í.B. dijo:

1.- Mediante Sentencia Nº 14, del 10 de junio de 2010, el Juzgado en lo Correccional Nº 6 de Viedma resolvió -en lo pertinente- no hacer lugar a la nulidad planteada por el señor defensor particular respecto del acta obrante a fs. 1 vta. en relación con la fecha que en ella consta y condenar a M.Á.M. a la pena de cinco mil pesos de multa ($ 5000) e inhabilitación especial para cumplir funciones dentro de cualquier unidad penitenciaria o establecimiento que tenga personas detenidas por el término de un año a partir de la firmeza de la decisión, de acuerdo con lo previsto en el art. 249 del Código Penal.

2.- Contra lo decidido deducen sendos recursos de casación el abogado defensor del imputado y el apoderado de la parte querellante, los que son declarados admisibles por el a quo.

3.- El señor abogado defensor reitera su planteo de prescripción de la acción penal, en oposición al criterio del juzgador según el cual esta se encontraba suspendida desde el 7 de noviembre de 2005, para lo que computaba el
///2.- ejercicio de cualquier cargo público. Sostiene que esta postura conduce de modo implícito a la imprescriptibilidad de la acción penal dirigida a cualquier policía por hechos cometidos y propios de sus funciones, toda vez que estos cumplen sucesivos y cambiantes cargos públicos dentro de la institución policial, incluso pues el policía en situación de retiro mantiene el grado y el estado policial (art. 109 inc. b Ley L 1542, en consonancia con sus arts. 27 y 2 y Anexo I). Por el contrario, entiende que la suspensión se extiende hasta el momento en que el causante renuncia o es separado de sus funciones, no así a cualquier otra ocupación que pudiera haber desempeñado posteriormente, por más que fuera semejante o igual a la anterior.

Cita doctrina en abono de su planteo y, en este orden de ideas, aduce que la suspensión finalizó cuando M.Á.M. cesó como J. de la Cárcel de Encausados y fue trasladado a otra Unidad Policial de la localidad de Choele Choel, esto es, el día 02/12/05, de modo que la acción prescribió el día 02/12/07, pues el llamado a indagatoria es del 06/08/08, según fs. 1046. Además considera que -de todos modos- la acción penal conforme el art. 249 del código sustantivo se encontraría prescripta con la misma argumentación supra desarrollada.

Por último alega que, atento a las omisiones reprochadas a su pupilo, durante casi todo el tiempo en que la víctima cumplía su sanción de aislamiento no fue desatendida, por lo que estima contradictorio que el fallo establezca la única responsabilidad del J. de al Unidad y también la de otros miembros superiores del establecimiento.
///3.- Sostiene que la ley no le exige al J. o D. del establecimiento el seguimiento, la atención y el control del interno sancionado, sino al personal superior. También argumenta que la víctima no fue desatendida, pues recibió atención médica durante los días en que cumplió la sanción, con lo que se dio cumplimiento al art. 88 de la Ley 24660.-
A continuación argumenta que al momento de los hechos las autoridades superiores de la unidad carcelaria eran O.G.B. y E.M. como jefes segundo y tercero, respectivamente, y que resulta ilógico que una sola persona -el J. de Cárcel- sea el único que deba cumplir con las obligaciones que la ley impone.

4.- Por su parte, el apoderado de la querellante considera que se efectúa una errónea interpretación del tipo legal que subsume el hecho reprochado y que resultaba aplicable al caso el art. 248 del Código Penal, pues se encuentra acreditado que el imputado actuó en forma deliberada y a sabiendas, lo que vuelve inaplicable el art. 249 del mismo cuerpo legal. Expresa que, además, se trataba de una clara omisión de las disposiciones legales vigentes, pues se hizo caso omiso a las previstas en la Ley 24660 y su decreto reglamentario, las que habrían resguardado la integridad física de D.M..

5.- El a quo tiene por acreditado que el imputado, como titular de la Unidad Penal I de la ciudad de Viedma, no habría previsto un guardia en el sector de aislamiento donde se encontraba sancionado H.D.M., ni tampoco habría ordenado la elaboración de informes médicos y psicológicos diarios del detenido por parte de profesionales
///4.- idóneos, para establecer si este estaba en condiciones de soportar la sanción de aislamiento que se le había impuesto. Relata además que aquel había reclamado a las autoridades que se dejara sin efecto la sanción y que se lo trasladara de nuevo al pabellón donde se encontraba alojado con anterioridad y que había avisado de su huelga y había amenazado con que se autolesionaría y que haría levantar el pabellón.

La querella prosigue argumentando que se trataba de una sanción administrativa grave y que el imputado se desentendió de su cumplimiento en una situación de extrema precariedad, ante la inminencia de que estallara un conflicto y la posibilidad de que el interno pudiera realizar alguna conducta que era necesario evitar. “Nada hizo y el conflicto se potenció con un resultado no querido, por él ni por nadie”.

De tal modo, sostiene que M. ha incurrido en el delito de omisión de los deberes del oficio (art. 249 C.P.).
6.- En cuanto a la recurribilidad de las sentencias definitivas de los jueces correccionales adoptadas luego de la audiencia del proceso especial de instancia única (art. 381 C.P.P.), me remito a lo sostenido en autos “MILLAR” (Se. 108/10).

7.- El primer agravio de la defensa es que la acción penal se encontraría prescripta, en una conceptuación diferente de la del señor J. Correccional en la extensión del plazo en que se había suspendido. Para este debe mantenerse mientras el imputado desempeñe cualquier cargo público (art. 67 segundo párrafo C.P.), mientras que la
///5.- defensa argumenta que habría finalizado cuando dejó el cargo en el que revistaba el momento de los hechos, aunque hubiera continuado en otros en la propia institución policial.

El segundo párrafo del art. 67 del Código Penal reza: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de...

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