Sentencia Nº 896 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 07-09-2021

Número de sentencia896
Fecha07 Septiembre 2021
MateriaG.L.E. Vs. P.D.T.Y.O. S/ AMPARO

SENT Nº 896 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por la señora Vocal doctora C.B.S., el señor Vocal doctor A.D.E. y la señora Vocal doctora E.R.C., bajo la Presidencia de su titular doctora C.B.S., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, demandado en autos: “G.L.E.v.P. de Tucumán y otros s/ A.. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora E.R.C., doctor A.D.E. y doctora C.B.S., se procedió a la misma con el siguiente resultado: La señora Vocal doctora E.R.C., dijo:

I.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (en adelante IPSST), demandado en autos, plantea recurso de casación contra la Sentencia N° 590 dictada por la S.I. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 11 de noviembre de 2020, el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución N° 689 del 29 de diciembre de 2020.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple con el requisito del artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta arbitrariedad por parte del fallo en cuestión. Cabe apuntar por último que, en virtud de lo prescripto por el artículo 24 del Código Procesal Constitucional (CPC), no es exigible en el presente proceso de amparo el depósito que prevé el artículo 752 del CPCyC. Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal cimero para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los cuales aquel se sustenta.

III.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis hace lugar a la demanda de amparo promovida por L.E.G. en contra del IPSST y, en consecuencia, condena a este último a brindarle al hijo de la actora una cobertura integral (100%), permanente y por todo el tiempo que sea necesario, de los gastos totales y efectivos referidos a la prestación de terapia ocupacional que brinda la licenciada que viene trabajando con el niño, de conformidad a los valores que fija la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Aduce que los montos presupuestados por la profesional escogida por la amparista “no lucen excesivos, sino razonables y proporcionales, pues son los mismos que establece el Estado Nacional (en sentido lato) conforme a las pautas objetivas que resultan expresamente del Nomenclador de Aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad”.

IV.- Objeta el recurrente que se lo haya condenado a brindar la cobertura por fuera de cartilla que reclama la amparista a valores fijados en extraña jurisdicción, distintos a los importes que el IPSST fija por idéntica prestación. Tras remarcar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que el Subsidio de Salud no se encuentra comprendido en la ley 23.660, y observar que el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad aprobado por Resolución N° 428/99 rige, en principio, para los sujetos alcanzados por dicha ley, sostiene que la analogía como técnica de integración normativa de aquel vacío impone dar preeminencia a la norma prevista para el caso similar más próximo, más cercano, lo que en la especie -según su criterio- viene dado por los aranceles locales acordados entre el IPSST y los Colegios Profesionales de la Provincia de Tucumán, respecto de las mismas prestaciones reclamadas en la demanda. Aduce que los valores de la Resolución Nº 428/99 constituyen fondos utilizados que luego son reintegrados a las obras sociales sindicales a través del Sistema Único de Reintegro (SUR), en tanto son prestaciones de alto costo y baja incidencia solventadas por el Fondo Solidario de Redistribución que administra la Superintendencia y del cual no participan las obras sociales provinciales no adheridas a la ley 23.660. Entiende que, en consecuencia con lo anterior, no corresponde extrapolar los aranceles de un sistema del cual el IPSST no participa, máxime cuando existen valores locales de aplicación analógica preferente. Dice que los aranceles acordados entre el IPSST y los colegios de profesionales o centros de rehabilitación de la Provincia son el producto de un proceso bilateral de negociación y concertación, y que en el caso debe considerarse el grado de representatividad que tienen dichas entidades en el marco de la concertación y negociación de los valores respectivos. Agrega que razones de equidad imponen también que en la especie deba estarse a los aranceles acordados en la jurisdicción local, en tanto ello no significa, ni la fijación de valores unilaterales por el IPSST, ni los pretendidos unilateralmente por un efector de salud. En este sentido afirma que incluso razones de justicia distributiva tendientes a componer los intereses contrapuestos de las partes en litigio (el IPSST como representante del colectivo de sus afiliados versus el interés personal de la amparista) exigen aceptar aquella circunstancia en cabeza del afiliado, máxime cuando el Subsidio de Salud constituye un sistema de salud solidario, a diferencia de las obras sociales sindicales. Pone de resalto que la autoridad de aplicación de la ley 24.901 es el Ministerio de Salud de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, y su poder de regulación resulta acotado a los entes comprendidos en la ley 23.660, no así respecto de aquellos organismos que forman parte de los Estados Provinciales. Sobre el particular apunta que el sistema federal y la autonomía de las provincias reconocida por la Constitución Nacional se presentan como un obstáculo para que el mentado poder de regulación pueda extenderse, habida cuenta que la fijación de una obligación dineraria a cargo de un Estado Provincial tiene directa implicancia en su ejecución presupuestaria, y por ello mismo inmediata vinculación con el ejercicio de su autonomía. Considera que condenar al IPSST a abonar prestaciones a valores fijados en extraña jurisdicción a favor de profesionales que no forman parte de su menú de prestadores y respecto de los cuales no se ha acreditado su idoneidad, máxime considerando la profusa cartilla con la que cuenta el Subsidio de Salud, constituye una vulneración de la prerrogativa que tiene el organismo de acordar libremente y conforme pautas justas el precio de los bienes y servicios en la economía. Asegura que no resulta irrazonable emplear como herramienta de valoración de los montos de las prestaciones a los convenios que el IPSST celebra con todos los entes colegiados y centros que nuclean a la totalidad de profesionales de la salud de la Provincia, pues no es sino en ese ámbito en el que necesariamente se ponderan los costos propios de la jurisdicción. Concluye que sólo podrían cuestionarse como irrazonables los valores que reconoce la obra social provincial en la medida que se demuestre que no son acordes con los que se convienen en la plaza local, pero no cuando lo que se pretende son aranceles que responden o se fijan conforme a una realidad foránea. Por último, cuestiona que se lo haya condenado en costas cuando -según afirma- de la ponderación del caso y la documentación obrante en autos surge claramente que el IPSST no incumplió normativa alguna, ni actuó con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que pudieran afectar los derechos con garantía constitucional de la amparista. Asegura que ello queda totalmente acreditado si se tiene en cuenta que el Subsidio de Salud reconoce el 100% de la cobertura requerida por la actora para su hijo.

V.- Sabido es que el tribunal de mérito tiene libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado su conocimiento, con la única condición de que no queden al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones conducentes introducidas en el pleito por las partes (cfr. CSJT, 10/6/2011, “D.R.H. y otro vs. La Luguenze S.R.L. s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 381). Por eso se ha sostenido que el...

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