Sentencia Nº 89 de Secretaría Penal STJ N2, 17-06-2015

Fecha de Resolución:17 de Junio de 2015
 
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///MA, de junio de 2015.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Enrique J. Mansilla, Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini, Adriana C. Zaratiegui y Ariel Gallinger, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 412/413, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados “P., J.E. s/Homicidio s/Casación” (Expte.Nº 27559/15 STJ), elevados por la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Viedma, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Nº 154, del 23 de julio de 2014, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial resolvió -en lo pertinente- rechazar el acuerdo de las partes para la realización del juicio abreviado en la presente causa, por las razones expuestas en los considerandos (fs. 347/351).
1.2. Contra lo decidido, las doctoras Marta Gloria Ghianni, Margarita G. Carriqueo y Patricia Arias, Defensoras Penal subrogante y Adjunta y Defensora de Menores e Incapaces, respectivamente, en forma conjunta y en representación de J.E.P., y el doctor Fabricio Brogna, Fiscal de Cámara subrogante, dedujeron sendos recursos de casación, que fueron denegados por el a quo y declarados admisibles por este Cuerpo, vía queja.
1.3. Dispuesto que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados (arts. 435 y 436 C.P.P.), a fs. 392/398 vta. y a fs. 399/409 presentaron dictamen la señora Defensora General y el señor Fiscal General, respectivamente.
/// 1.4. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal con la asistencia de la señora Defensora General doctora María Rita Custet Llambí y el señor Fiscal General doctor Marcelo Álvarez, los autos han quedado en condiciones de ser tratados.
2. Agravios del recurso de las señoras Defensoras:
Las funcionarias refieren que la sentencia impugnada resulta arbitraria en los términos del art. 200 de la Constitución Provincial, en tanto rechaza de manera infundada el acuerdo al que arribaron las partes para la realización de juicio abreviado.
Afirman que resulta arbitrario no reconocerle este derecho al joven por su calidad de tal, por la edad de la víctima o por el tipo de hecho, en tanto ello excede totalmente los requisitos que se exigen para la procedencia del instituto. Recuerdan que, en el actual sistema de enjuiciamiento -de neto corte adversarial-, cuando hay consenso entre los interesados no hay conflicto ni adversarios, por lo que, salvo normas de mayor jerarquía en juego, el Juez debe reconocer (no interferir, admitir, autorizar) esas convenciones, las que muchas veces trasuntan o suponen variantes, circunstancias, intereses institucionales o un proceso previo de negociación que la magistratura por regla desconoce.
Se agravian con lo resuelto por el a quo por cuanto consideran que “la simplificación del proceso en este caso atenta contra el dictado de Justicia”, y señalan que han presentado un acuerdo, conjuntamente con el representante de la acusación, el que se encuentra motivado en el marco legal de lo dispuesto por el art. 330 del rito, con el cumplimiento de todos los recaudos y requisitos exigidos.
Agregan que, en la oportunidad de la realización de la audiencia de juicio abreviado, el Tribunal claramente le informó al imputado acerca de la voluntariedad del acto y los alcances y efectos del consentimiento que había prestado con tal fin, circunstancia que, además, antes de realizar el ofrecimiento, había sido conversada extensamente entre el joven y esa Defensa. Manifiestan que la denegación de ese juicio abreviado consensuado y propuesto por las partes conduciría a un juicio oral desgastante e inútil en el que seguramente, y en conformidad con los estándares internacionales en materia de derecho penal juvenil, la Fiscalía reiteraría la misma pretensión punitiva y la Defensa se expediría en idénticos términos.
Entienden que la loable preocupación del Tribunal por el hecho enrostrado al imputado, así como por la juventud tanto de este como de la víctima, de ningún modo imposibilita la aplicación del instituto de juicio abreviado. Manifiestan que el hecho de no
///2. haber prestado declaración indagatoria hace precisamente a la estrategia defensista, y la no-sustanciación de la prueba es la clara consecuencia de haber optado en forma conjunta, tanto la Fiscalía de Cámara -titular de la acción- como la Defensa, por el instituto del juicio abreviado previsto en los arts. 330 y sgtes. del código adjetivo.
Alegan que el instituto del juicio abreviado resulta plenamente aplicable a la justicia de menores, que corresponde adaptar la normativa interna a los estándares internacionales y que la Constitución Nacional no hace distinciones en función de las edades. Destacan además que la Constitución Provincial determina que los jóvenes gozan -como mínimo- de las mismas garantías procesales que los adultos (art. 18 C.Prov.).
También critican la afirmación del a quo en el sentido de que la aceptación del juicio abreviado no le permitiría introducirse en “el conocimiento profundo de la cuestión investigada”, dado que la esencia del procedimiento de juicio abreviado radica en que no se ventila en él la prueba; los hechos existen -están en la requisitoria de elevación a juicio- y de allí surge la calificación legal y la responsabilidad atribuida a su representado.
Por otra parte, señalan que el pronunciamiento en crisis refiere que, de comprobarse la autoría, correspondería una discusión profunda acerca de la pena que cabría aplicar, respecto de lo cual alegan que ese Ministerio Público de la Defensa aceptó la calificación jurídica dada al hecho materia de reproche en el requerimiento de elevación a juicio y, teniendo en cuenta el resultado del tratamiento tutelar impuesto así como la obligatoriedad del Estado de cumplir con un tratamiento judicial diferente del que en igualdad de circunstancias le correspondería a un adulto -con la reducción prevista para el delito tentado-, ofreció el cumplimiento de una pena de seis años, todo lo que fue ratificado por su defendido en la audiencia fijada al efecto. Agregan que el quantum de la pena ofrecida en forma conjunta con la parte acusatoria se basó en los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derecho penal juvenil que nuestro país suscribió.
Por lo expuesto, solicitan que se revoque la sentencia que desestima la homologación del juicio abreviado y se ordene la constitución de un nuevo Tribunal para resolver la presentación.
3. Agravios del recurso del señor Fiscal de Cámara:
/// El representante de la acusación sostiene que las partes en el proceso han pugnado por lograr sus pretensiones y que la instancia del juicio abreviado permite cerrarlo de manera cierta y definitiva, cometido que la realización de un juicio común no asegura en lo inmediato ya que, atento a la particular situación del imputado, es de esperar que la sentencia que se dicte sea recurrida por una u otra parte hasta llegar a las instancias extraordinarias finales.
Continúa diciendo que para la Fiscalía se destaca la certeza de una condena a pena de prisión efectiva, que resulta particularmente controvertida en los casos en donde se cuenta con imputados menores, agotando así el interés de esa parte que consiste en que el hecho no quede impune y su autor sea condenado a una pena superior al mínimo previsto para su caso.
Aduce que ese Ministerio no puede fundar en particular los extremos que hacen al monto de la pena (v.gr., extensión del daño causado, calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, grado de educación, conducta precedente, edad, etc.) sin comprometer su estrategia para un eventual juicio. Agrega que, de todos modos, el Tribunal no ha motivado el rechazo en la cuantía de la pena ni ha dado razón alguna acerca de la necesidad de discutirla entre partes que ya lo han hecho.
Menciona que de las constancias de autos no surge que la voluntad del imputado tuviera signo que indique alteración alguna de sus facultades mentales y que su comprensión de los extremos del acuerdo están previstos como una presunción legal y asegurados triplemente por la labor del Presidente del Tribunal que lo examinó, por su Defensa técnica penal y su Defensa tutelar, por ser menor al momento del hecho.
Adujo que la calificación legal no ha sido la razón del rechazo del Tribunal, que esta no se encuentra controvertida en autos y se ha mantenido invariable, al igual que el hecho imputado durante todo el proceso.
Refiere que el Tribunal formuló consideraciones genéricas y declarativas, sin referencia normativa o jurisprudencial alguna, y expresó la preocupación, que comparte, por un hecho cuya gravedad y repercusión social es de público conocimiento, pero no fundó en derecho su rechazo, lo que ha privado a las partes de una sentencia con fundamentación razonada y legal, a la que tienen derecho de índole constitucional, conforme la previsión del art. 200 de nuestra Constitución Provincial.
Destaca que los dos principales argumentos que el Tribunal esgrimió a la hora de desestimar el acuerdo presentado por las partes no corresponden al ámbito de su competencia;
///3. por un lado, se inmiscuyó en la estrategia defensiva (art. 22 inc. d Ley K 4199), señalando que el imputado no había declarado en indagatoria y que no se había producido prueba en su defensa, y por el otro lado se arrogó la función de la Fiscalía de Cámara de velar por el interés de la sociedad (art. 16 inc. b Ley K 4199), aduciendo que el...

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