Sentencia Nº 877 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 03-09-2021

Número de sentencia877
Fecha03 Septiembre 2021
MateriaSORAIRE OLGA SOFIA Vs. CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN ART S/ AMPARO

SENT Nº 877 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN Provincia de Tucumán

Y VISTO:
El recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada en autos: “S.O.S. vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán ART s/ Amparo”;

y C O N S I D E R A N D O :
Voto del señor V. doctor A.D.E.:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de C. en fecha 16/12/2020, que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 130 CPL y declaró inadmisible el recurso de casación deducido por esa misma parte en contra del pronunciamiento de fecha 11/02/2020.

2.- La sentencia recurrida examina en primer lugar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la demandada y arriba a la conclusión de que no existe inconstitucionalidad del art. 130 CPL (cfr. Ley Nº 8.969 B.O. 04/01/2017) en cuanto exige conjuntamente la definitividad de la sentencia impugnada con más la existencia de gravedad institucional para acceder al recurso de casación. Seguidamente aborda el examen de admisibilidad del recurso de casación intentado por la demandada, y en este marco de análisis sostiene que si bien el recurso se dirige contra una sentencia definitiva, el requisito formal de existencia de gravedad institucional exigido por el art. 130 CPL no se encuentra cumplido en el presente caso, por lo que declara inadmisible al recurso.

3.- El recurrente se agravia de la interpretación que efectúa la Cámara en torno al art. 130 CPL, puesto que la instauración de la doble instancia en el proceso laboral llevó al legislador a redactar una norma que debe ser entendida con el mismo alcance que el determinado en el proceso civil. De acuerdo con ello, señala que la norma prevé por un lado el supuesto de sentencia definitiva, y por otro lado el supuesto de sentencia equiparable a definitiva, determinando que únicamente en este último supuesto resulta exigible la concurrencia de gravedad institucional. Por otra parte sostiene que contrariamente a lo sostenido por la Cámara, en el caso existe gravedad institucional, al verse afectado el sistema de responsabilidad establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo, con lo cual se afectaría a toda la universalidad de aseguradoras y a toda la comunidad asegurada, puesto que de admitirse la interpretación que la Cámara propugna, deberán ver acrecentada la prima. A ello agrega que la Cámara incurrió en incongruencia al fallar sobre una cuestión no planteada, como es la garantía de defensa en juicio, y en cambio no lo hace sobre base de la afectación de los arts. 5, 31 y 75 de la CN invocada por su parte, lo que por sí solo anula a la sentencia denegatoria como acto jurisdiccional. Finalmente asevera que el Tribunal procede con desconocimiento de la jurisprudencia sentada por la CSJN en los casos “S.” (Fallos 308:490), “D.M. (Fallos 311:2478), O. y Baretta (Fallos 312:483), circunstancia que descalifica a la decisión por su carácter arbitrario, ya que ante el planteo de una cuestión federal suficiente (arts. 17, 18, 19, 28 y 31 CN), los órganos jurisdiccionales provinciales no pueden negar su competencia para decidir sobre la cuestión que se les planteaba, desconociendo la obligación que les atañe de velar por la efectiva y prioritaria aplicación de la Ley Suprema de la Nación.

4.- La queja ha sido deducida tempestivamente, los fundamentos que la abonan resultan suficientes y se encuentran dirigidos a impugnar la sentencia denegatoria de la casación, y se han acompañado en archivos digitales las copias exigidas por el art. 141 CPL, razón por la cual se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad del recurso directo intentado por la demandada.

5.- En orden a la admisibilidad del recurso de casación intentado, se constata que el mismo ha sido deducido en término, contra una sentencia definitiva, se basta a sí mismo, se ha denunciado infracción normativa y gravedad institucional (arts. 130 a 132 CPL), y el requisito del art. 133 CPL resulta inexigible, teniendo en cuenta a criterio de esta Corte, en los procesos de amparo tramitados ante el fuero laboral no corresponde exigir el afianzamiento estipulado en el art. 133 del CPL (Cfr. CSJTuc., sentencia Nº 1159 del 19/11/2014). Por otra parte, en el caso se ha dado cumplimiento con las exigencias formales de presentación del escrito de casación establecidas en la Acordada N° 1498/18, vigente al momento de presentación del recurso de casación (cfr. Acordada Nº 126/19). Siguiendo con el análisis de admisibilidad del recurso casatorio, corresponde efectuar algunas precisiones acerca de las alegaciones efectuadas por el recurrente en su memorial recursivo, en cuanto denuncia que la sentencia impugnada, a más de ser definitiva, reúne el requisito de causar gravedad institucional, como así también en cuanto afirma que es inconstitucional la interpretación del art. 130 CPL que exige la indispensable concurrencia del requisito de gravedad institucional en las sentencias definitivas. Al respecto, considero pertinente señalar que si bien es cierto que la interpretación mayoritaria de nuestra Corte, se inclina por exigir, aún en presencia de sentencias definitivas, la gravedad institucional -como requisito concurrente indispensable- para habilitar la instancia casatoria; me he permitido disentir con dicha interpretación en votos anteriores. En mi opinión, el art. 130 CPL no reviste carácter de inconstitucional, pues, en una adecuada interpretación del mismo, no limita la actuación de este Tribunal -en materia de casación laboral- a los supuestos de sentencias definitivas únicamente cuando éstas revistan gravedad institucional. Conforme lo señale en varios precedentes (“M.P.M.v. Transportes 9 de Julio S.A. s/ Cobro de pesos” - CSJT, sentencia N° 459, 24/7/2020; “C.M.E.v.A.S.F. y otro s/ Cobro de pesos” - CSJT, sentencia N° 661, 15/9/2020; “G.R.R.A. vs. Gomería Universal S.A. s/ Ordinario” - CSJT, sentencia N° 657, 15/9/2020, entre otros), en el supuesto de sentencias definitivas, aun cuando la cuestión en análisis no revestía gravedad institucional, consideré que no era ese el motivo dirimente para declarar inadmisible un recurso, sino la circunstancias de que los agravios remitían a cuestiones meramente fácticas y/o de valoración de pruebas, que no se verificaba violación a normas de derecho, como así tampoco el excepcional supuesto de arbitrariedad; situaciones éstas últimas, que -a mi criterio- habilitarían la instancia casatoria, cuando estuviésemos ante sentencias definitivas, aún no existiendo gravedad institucional. Es que considero, que una adecuada hermenéutica del art. 130, que armonice con la legislación vigente (art. 131 CPL y ccdtes. y CPCCT de aplicación supletoria en la materia) y la concepción axiológica de la norma, lleva a concluir que: en aquellos supuestos de sentencias que no sean definitivas pero equiparables a tales, será condición indispensable la concurrencia del requisito de gravedad institucional; sin embargo en los casos de sentencias definitivas, la existencia de violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho o la configuración del supuesto excepcional de arbitrariedad, serán suficientes para habilitar esta instancia extraordinaria, sin que sea indispensable la concurrencia de gravedad institucional. Ello es así en virtud de la regla hermenéutica según la cual “la ley ha de interpretarse evaluando la totalidad de sus preceptos y de los propósitos que la animan, a fin de lograr su armonía con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente, del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional” (CSJN, Fallos, 285:260; 292:211; 296:22; 302:1209; 302:1284, entre otros). Es a la luz de este criterio que en el presente caso considero...

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