Sentencia Nº 87 de Secretaría Penal STJ N2, 16-06-2011

Fecha de Resolución:16 de Junio de 2011
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 24109/09 STJ
SENTENCIA Nº: 87
PROCESADO: NAVARRO JUAN CARLOS
DELITO: ROBO AGRAVADO
OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
VOCES:
FECHA: 16/06/11
FIRMANTES: SODERO NIEVAS – BALLADINI – LUTZ EN ABSTENCIÓN
///MA, de junio de 2011.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “NAVARRO, Juan Carlos s/Robo calificado p/uso de arma de fuego cuya apt. para el disparo no pudo ser acreditada, agravado por la participación de un menor s/Casación” (Expte.Nº 24109/09 STJ), puestas a despacho para resolver el recurso extraordinario federal deducido a fs. 466/487, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 554) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor Juez doctor Víctor Hugo Sodero Nievas dijo:

1.- Antecedentes de la causa:

1.1.- Por Sentencia Nº 100, de fecha 23 de junio de 2010, obrante a fs. 420/427 de las presentes actuaciones, este Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso de casación deducido por la Defensa Oficial en representación de Juan Carlos Navarro y, atento a su revisión integral, confirmó la Sentencia Nº 43 de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti que había impuesto al nombrado, en carácter de pena única, la de dieciocho años de prisión, sanción que acumula las discernidas en los Exptes.Nº 483 y 520 de dicha Cámara y en el Expte.Nº 28 de la Cámara Primera en lo Criminal de Neuquén.

1.2.- Dos días después de notificado de lo resuelto, el imputado presenta un escrito en el que manifiesta su voluntad de recurrir tal pronunciamiento, por lo que, luego de ser notificada la Defensa Oficial para que encauce
///2.- legalmente tal pretensión -en tres oportunidades, la última previa intervención de la Defensoría General-, se interpone el recurso extraordinario federal sub exámine.

1.3.- De tal presentación recursiva se da vista a la Defensoría General, que se expide a fs. 494/504, y luego se corre traslado a la Fiscalía General, que dictamina a fs. 507/539.

2.- Argumentos del recurso extraordinario federal:

La recurrente sostiene que viene a fundar en derecho la voluntad de Navarro, cuya expresión debe considerarse un recurso extraordinario federal presentado in páuperis contra la decisión recurrida.

En lo sustancial, plantea como agravio que la sentencia impugnada resulta arbitraria por fundamentación aparente, en virtud de que este Superior Tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo, sino que se fundó en la ineficacia de los motivos del remedio casatorio para demostrar la falta de razón de la sentencia que alegaba. Así, a su entender ingresó en el asunto de manera superficial, por lo que considera que, al suprimirse el debate casatorio, se afectó el “doble conforme” y se incumplió lo exigido por los pactos internacionales al respecto. Cuestiona además la remisión a fundamentos del fallo impugnado.

Agrega que este Cuerpo ha confirmado la valoración arbitraria de la prueba que efectuó el a quo e impedido así su derecho a recurrir una resolución perjudicial ante un tribunal superior, lo cual ocasiona una nueva violación al derecho de defensa en juicio y el debido proceso que ampara
///3.- a su defendido.

Asimismo, aduce que encuentra configurada una cuestión de gravedad institucional en el caso, porque el accionar supuestamente irregular de este Tribunal deja librada al azar la suerte de los justiciables, lo cual trae aparejada una grave inseguridad jurídica, además de la conculcación de las garantías constitucionales ya mencionadas.

3.- Postura de la Defensoría General:


La señora Defensora General sostiene y adhiere a los fundamentos vertidos en el recurso extraordinario, por cuanto los comparte plenamente, y considera que tal presentación cumplimenta los estándares exigidos para su admisión y procedencia.


Así, advierte que la Cámara, al momento de unificar las penas impuestas, agravó la situación del imputado, al considerar la pena recaída en la causa Nº 28/08 en su totalidad (3 años), apartándose de la propia sentencia de condena, en la cual se declaró el concurso real de los hechos fallados en las causas Nº 87/07 (7 años) y 28/08 (3 años) y se compone una pena única de 8 años. Entiende que ello lesiona la garantía contemplada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, sostiene que debe realizarse un análisis más profundo sobre la unificación de penas de acuerdo con las reglas de mínima intervención y última ratio que integran el derecho constitucional convencional vigente.
Alude además al alcance del art. 58 del Código Penal y dice que tradicionalmente el procedimiento de unificación de penas previsto en dicha norma se entendió como el resultado
///4.- de las sumas aritméticas de los montos de las penas a unificarse, pero que, como consecuencia de la política mundial de derechos humanos, ese criterio rígido se actualiza sobre la base de la aplicación del principio de unicidad de coerción penal, lo que hace necesaria la aplicación del método composicional de la pena.

Afirma que la evolución del criterio que ha sostenido este Superior Tribunal es un reflejo del cambio de doctrina aludido, y cita algunos precedentes al respecto, de todo lo cual concluye que la unificación de pena impuesta a Navarro no encuentra debida justificación ni fundamentación para la aplicación del método aritmético en su determinación, en detrimento del método composicional, cuyo propósito es la humanización de la pena.

Por otra parte, señala que la sentencia guardó silencio respecto de los tramos de las penas unificadas que ya fueron cumplidos, con lo que se apartó arbitrariamente del límite legal de la pena única, que debería alcanzar solamente al tramo que resta cumplir de la pena inicial más la que se determine ulteriormente, con cita de jurisprudencia al respecto.

Por último, retoma el argumento del recurso de casación relativo a que...

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