Sentencia Nº 862 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 02-09-2021

Número de sentencia862
Fecha02 Septiembre 2021
MateriaJOSE MINETTI Y CIA. LTDA. S.A.C.E I. Vs. PROVINCIA DE TUCUMAN S/ INCONSTITUCIONALIDAD

SENT Nº 862 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la S. en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por la señora Vocal doctora C.B.S., el señor Vocal doctor A.D.E. y la señora Vocal doctora E.R.C., bajo la Presidencia de su titular doctora C.B.S., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: “J.M. y Cia. Ltda. S.A.C.E I. c/ Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora doctora E.R.C., doctor A.D.E. y doctora C.B.S., se procedió a la misma con el siguiente resultado: La señora Vocal doctora E.R.C., dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación contra la Sentencia Nº 1.197 dictada por la S. I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 09 de diciembre de 2019, el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución Nº 1.029 del 09 de octubre de 2020.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta S. en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal de casación, revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple con el depósito previsto por el artículo 752 del CPCyC; y satisface el requisito del artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta infracción a normas de derecho en que habría incurrido el fallo en cuestión. Por lo señalado el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal Cimero para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- El planteo impugnativo ha sido objeto de un correcto tratamiento en el dictamen fiscal evacuado en autos, cuyas razones esta Corte comparte y a los cuales se remite, sin perjuicio de agregar: Al igual que el modelo federal, en el ámbito provincial el control de constitucionalidad se caracteriza por ser judicial, difuso y concreto: lo primero, porque, según es posible inferir del artículo 3 de la Constitución de Tucumán (en adelante CT), se trata de una facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial, de la que no participan ni el Ejecutivo ni el Legislativo, a los cuales el Constituyente local no les ha reconocido tal atribución; lo segundo, atento a que es ejercido indistintamente por todos los magistrados y tribunales que integran el Poder Judicial, quienes, en virtud de lo previsto por el artículo 122 de la CT, se encuentran habilitados para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes y demás normas generales que resulten aplicables al asunto donde intervienen; y, lo tercero, pues, tal como prescribe la disposición contenida en el artículo 24 in fine de la CT, sólo procede en un caso o causa judicial y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se limitan a éste (cfr. CSJT, 09/8/2010, “A.J.L.v.P. de Tucumán s/ Amparo”, Sentencia Nº 550). El elemental requisito de caso o causa judicial ha sido definido por una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como aquellos asuntos en que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas (Fallos 156:318; 306:1125; 307:2384; entre muchos otros). De tal concepto se desprende, a su vez, que la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista un caso, causa o controversia que deba ser resuelto por el Poder Judicial (Fallos 322:528; 323:4098; 326:3007; entre muchos otros). En ese contexto, el Alto Tribunal del País, siguiendo los precedentes de su par norteamericano, exige que el demandante actúe siempre en función de un interés jurídico diferenciado, en el sentido que los agravios alegados lo afecten de forma directa o sustancial (Fallos 307:1379; 310:142; 310:606; entre muchos otros). Frente al control concreto de constitucionalidad que instituye el artículo 24 in fine de la CT, cuya observancia incide de manera directa en la efectiva vigencia del principio de división de Poderes, inherente al sistema republicano de gobierno que deben asegurar las organizaciones institucionales locales (cfr. arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional), la posibilidad de impugnar la validez constitucional de una norma jurídica de carácter general (ley en sentido formal o material), sólo se explica en la medida que la pretensión respectiva no tenga un simple carácter consultivo ni importe una indagación puramente especulativa, sino que corresponda -tal se ha visto- a un “caso” o “causa” judicial, donde se persigue, en concreto, la determinación de un derecho debatido entre partes adversas (cfr. CSJT: 21/12/2011, “Bradel del Pueblo S.R.L. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad”, Sentencia Nº 1.005; 17/02/2012, “G.J.R.v.M. de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, Sentencia Nº 39). De allí, entonces, que resulte inviable -como acertadamente fuera juzgado por el A quo- la declaración de inconstitucionalidad que la demandante aspira obtener a través de la presente acción, de manera separada o autónoma de una pretensión de condena (como sería, por ejemplo, la nulidad del acta de deuda y de los demás actos administrativos dictados en su consecuencia), siendo que, fuera del contexto de las actuaciones administrativas N° 13426-376-D-2009, la situación de la razón social no permite hablar de un verdadero estado de incertidumbre, generador de una controversia concreta entre quienes defienden intereses opuestos en el marco de dicha relación, como para tornar admisible la vía de la acción meramente declarativa. Partiendo de la premisa de que debe distinguirse entre las peticiones abstractas y generales de inconstitucionalidad, que no pueden revestir forma...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR