Sentencia Nº 86 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 27-09-2010

Fecha de Resolución:27 de Septiembre de 2010
 
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///MA, 27 de septiembre de 2010.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del S.erior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores L.L., A.I.B. y V.H.S.N., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ AMPARO COLECTIVO LEY 2779 (BASURAL MUNICIPAL GENERAL CONESA)” Expte. Nº 24794/10, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado:

V O T A C I O N

El señor Juez doctor L.L. dijo:
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1.- ANTECEDENTES.
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A fs. 2/10 la Sra. Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Dra. A.I.P., interpone “amparo colectivo ambiental”, en los términos de los artículos 43 y 44 de la C.P.; 43 de la C.N., L. nacionales Nº 25675, Nº 25688, Nº 25916, Nº 24375 y las L. provinciales B Nº 2779, “Ley 2342 y sus modificatorias”, dirigido contra el Poder Ejecutivo de la Provincia; el CONSEJO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (también de la Provincia) (CODEMA) y/o contra la MUNICIPALIDAD DE GENERAL CONESA.


Por medio de tal presentación pretende que se ordene: A) la relocalización del actual basural de dicha localidad; B) la toma de medidas y recaudos necesarios para el manejo adecuado de los desechos domiciliarios; C) se encomiende la adopción de medidas que permitan sanear el actual basural; y D) cesar en la transgresión de derechos y garantías fundamentales que sufren los vecinos y/o residentes de GENERAL CONESA dada la cercanía del basural en función de los principios preventivo y precautorio.

2.- DICTAMEN DE LA SRA. PROCURADORA GENERAL.
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A fs. 12/16 obra dictamen de la Sra. Procuradora General de la Provincia Dra. L.L.P. quien dictamina considerando que conforme los artículos 44º y 167º de la Constitución Provincial, artículo 9º inc. b) de la ley K Nº 2756 y art. 43º de la Constitución Nacional, la Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro se encuentra legitimada para incoar acciones de esta naturaleza.
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Reitera lo expresado en anteriores dictámenes sobre el alcance del artículo 167 de la Constitución Provincial y la modificación de Ley K Nº 2756, estableciendo expresamente la legitimación para la “defensa en juicio de los derechos difusos o derechos de incidencia colectiva, gozando para ello del beneficio de litigar sin gastos.”

3.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.


En primer lugar ha de advertirse que la profusa cita de normas vinculadas con la cuestión ambiental por sí sola no son sustento suficiente para definir el objeto de una acción.

Tratando de encuadrar el objeto de la presente pretensión e interpretando que la cita de la derogada Ley M Nº 2342, desde el año 1998, hoy en el Digesto “histórico”, refiere a la Ley M Nº 3266 que establece el “Procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental”, puede considerarse que por el presente amparo se pretende trasladar (ubicar en otro lugar) el basurero municipal de GENERAL CONESA a fin de garantizar el derecho a un ambiente sano de los vecinos de esa localidad.

Es decir, la Sra. Defensora del Pueblo entiende que la actual localización y situación de dicho vertedero contaminan el ambiente afectando el derecho de los vecinos de GENERAL CONESA en cuyo interés dice accionar.

4.- PRETENSION DE LEGITIMACION.- Para fundar su pretensa legitimación, cita el artículo 167 de la Constitución Provincial y el artículo 9 inciso d) de la Ley K Nº 2756, entre otros. Esta normativa claramente define que le corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales o colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial.
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Nadie puede cuestionar la calidad de “derecho colectivo” del derecho a gozar de un ambiente sano, lo que resulta cuestionable es la competencia/legitimación de la Defensora del Pueblo de la Provincia, en el acotado espacio del artículo 167 de la citada Constitución, para inmiscuirse en cuestiones de estricto carácter municipal.


5.- COMPETENCIA AMBIENTAL.- La Ley M Nº 3266, establece en el artículo 5º que todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Resolución Ambiental (R.A.), expedida por la Autoridad Ambiental Provincial “ ... o por las municipalidades de la provincia, quienes...

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