Sentecia definitiva Nº 86 de Secretaría Penal STJ N2, 20-04-2017

Fecha de Resolución:20 de Abril de 2017
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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///MA, 20 de abril de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores L.L.P., S.M.B., R.A.A., G.G.L. y S.E.F. de V. los dos últimos por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 46, con la presencia del señor Secretario doctor W.A., para el tratamiento de los autos caratulados “QUINTERO, N.R. s/Incidente de excarcelación s/Casación” (Expte.Nº 28809/16 STJ), elevados por la Sala A de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta localidad, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión la señora Jueza doctora L.L.P. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
En la audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2016 en los términos de la Acordada Nº 2/16 STJ, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió rechazar el pedido de excarcelación presentado respecto de N.R.Q..
Contra lo decidido la Defensa interpuso recurso de casación, que fue concedido por el a quo y posteriormente admitido por este Cuerpo.
Se dispuso entonces que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa. Asimismo, se dio intervención a la Defensoría General que sostuvo el recurso a fs. 29/31 vta.- y a la F.ía General.
2. Agravios del recurso de casación:
La Defensa afirma que la resolución atacada, que considera equiparable a definitiva, es contraria a las previsiones legales contenidas en los arts. 200 de la Constitución Provincial y 98 y 374 del Código Procesal Penal, por cuanto carece de motivación suficiente y tiene\n/// fundamento aparente, de modo que no resulta ser derivación razonada del derecho vigente ni de la doctrina legal de este Superior Tribunal.
Entiende configurados los agravios previstos en el art. 429 incs. 1º y 2º del ritual (vicios in procedendo e in iudicando), además de la arbitrariedad de la sentencia.
Señala que su defendido N.R.Q. se encuentra privado de la libertad en forma cautelar desde el 20/7/2013, a lo que debe sumarse su anterior detención, que fue desde el 13/05/2013 hasta el 27/05/2013. Refiere luego que la sentencia condenatoria dictada a su respecto el 23/12/2015 aún no ha adquirido firmeza, y cita la doctrina legal de este Superior Tribunal sobre tal aspecto.
Reseña que en fecha 01/09/2016 solicitó la excarcelación del nombrado por vencimiento del plazo de la prisión preventiva en los términos de los arts. 287 bis y 287 ter del código adjetivo, así como por inexistencia de riesgo procesal. Agrega que de la compulsa de las actuaciones no surgen pedidos de prórroga de la prisión preventiva en los términos del art. 287 bis, por lo que plantea que el plazo razonable de detención se encuentra vencido.
Se agravia sosteniendo que la decisión impugnada ha incurrido en la inobservancia de la garantía constitucional de presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el principio de igualdad de trato ante los tribunales, como parte de la igualdad ante la ley, todo ello con cita de la normativa constitucional, internacional y legal que entiende vulnerada, más la doctrina legal pertinente.
Sintetiza que la decisión de la Cámara, en pos del mantenimiento del encarcelamiento cautelar de Q., expresó que la jurisprudencia invocada no resulta aplicable porque no se encuentra afectada en autos la garantía de plazo razonable, cuyos efectos derivan sobre la prisión preventiva vigente, y que el plazo máximo de prisión preventiva dispuesto en los arts. 287 bis y 287 ter tiene carácter ordenatorio, por lo que su vencimiento no necesariamente conlleva la revocación automática de la cautelar.
Estima que lo resuelto por el Tribunal ha cometido una contradicción insalvable, pues consideró salvaguardada la garantía de juzgamiento en plazo razonable a partir de la sentencia condenatoria dictada en contra de su pupilo, sin perjuicio de reconocer al mismo tiempo que la sentencia no se encuentra firme.
///2. Alega que sin lugar a dudas los plazos previstos los arts. 287 bis y ter del Código Procesal Penal son perentorios, con cita de lo establecido en el art. 139 del mismo cuerpo legal.
Señala además que los ordenamientos que prevén un máximo de duración de la prisión preventiva no habilitan a dictarla por el máximo legal en todos los casos, sino que esta circunstancia debe ser evaluada en cada caso en particular de acuerdo con el principio de razonabilidad. Eso significa, prosigue, que una prisión preventiva cuya duración se encuentre dentro del término máximo de tres años y seis meses (incluyendo la prórroga prevista en los artículos citados) no necesariamente resulta razonable o legítima, sino que puede ser incluso arbitraria si no aparece fundada en el mantenimiento de los indicadores de riesgo procesal oportunamente verificados en el dictado de la medida.
Añade que la referencia a la situación de condena de su defendido efectuada por el a quo se encuentra en flagrante contradicción con los estándares internacionales sobre la materia y no existen argumentos válidos para su sostenimiento. Alude a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del control de convencionalidad, acogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y trae asimismo a colación los requisitos y principios aplicables al mantenimiento de medidas cautelares.
La parte cuestiona que, al resolver, la Cámara ni siquiera entró a dilucidar la temática de la existencia de riesgo procesal, entendido como tal el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, en conformidad con variada jurisprudencia que menciona.
Concluye que la situación de condena del imputado carece de virtualidad para erigirse en un presupuesto independiente y exclusivo del dictado del encarcelamiento preventivo y solo podría, a lo sumo, tener algún valor como indicador de riesgo procesal, pero de ninguna manera en forma aislada, como se ha utilizado en la resolución impugnada, sino integrando un conjunto de indicadores concretos que hagan presumir la verificación de alguno de los peligros mencionados.
Finalmente efectúa la reserva del caso federal y solicita que se conceda la excarcelación a su pupilo y se ordene su inmediata libertad, sin perjuicio de las medidas alternativas que se pudieran disponer.
3. Breves notas presentadas por las partes:
/// 3.1. La señora Defensora General manifiesta en su escrito que sostiene el recurso de casación, por compartir plenamente sus fundamentos.
Añade que del...

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