Sentencia Nº 86/09 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2010

Fecha de Resolución:30 de Junio de 2010
 
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TIP-10-TRIPPUTI-30.06 ACUSACIÓN FISCAL – Contenido y alcance: fundamentación en pedido de pena El F. deberá formular motivadamente su acusación, exponiendo los aspectos fácticos que reproduzcan objetivamente un tipo penal determinado y su autoría por el imputado, como así si corresponde formular un reproche penal hacia su persona, solicitando en consecuencia la pena que estime corresponder, dentro de la escala penal propia del tipo y cuyo quántum surgirá como consecuencia de la gravedad del hecho por el que se acusa, la modalidad delictiva, la extención del daño causado, etc.,etc., interpretados todos estos componentes de la acusación dentro de un contexto general, pues no debemos olvidar que si bien la existencia de acusación es la que habilita a la jurisdicción para la imposición de una pena -conforme doctrina CSJN en casos "Tarifeño", "G., "C. y otros-, no es menos cierto que la solicitud fiscal de sanción, no obliga al órgano jurisdiccional a su imposición, como así tampoco a ceñirse al quántum pedido por su parte -CSJN por mayoría en "A."-, de allí que mal puede exigírsele a quien no tiene capacidad decisoria sobre la cuestión puntual subexamen -determinación del quántum de la pena y su modalidad de cumplimiento-, despliegue una actividad procesal propia del órgano competente para ejercer esa función. (Voto Dr. J.) [...] es mi criterio que, dentro de un proceso más que de neto cuño acusatorio, adversarial, como es el que se viene perfilando conforme la manda constitucional, es deber de las partes, sobre todo las que peticionan una concreta sanción, explicitar los fundamentos del por qué lo hacen, permitiendo así que la otra parte esté en mejores condiciones para refutar, con argumentos útiles y pertinentes a lo escuchado, a fin que el tribunal pueda, desde su posición de tercero imparcial, resolver la cuestión [...] Que también correspondería a la parte querellante, en su rol de acusador privado, ofrecer a las otras partes y al Tribunal de juicio, la motivación congruente que dé andamiaje a su concreto pedido de pena, exigiéndosele una más cuidadosa fundamentación en derecho de la postura por él sostenida. (Voto Dra. F.) SENTENCIA - Fundamentación de la condena de efectivo cumplimiento "...Resulta claro del texto legal analizado que la pena de prisión, por su propia naturaleza, debe ser de cumplimiento efectivo, siendo una facultad de los jueces dejar en suspenso su cumplimiento, aspecto técnico que si bien aparece claro y ajeno a toda discusión, no es menos cierto que la realidad actual de la actividad jurisdiccional en esta materia ha llevado a invertir los parámetros que sustentan el principio allí enunciado, haciendo que la condena de ejecución condicional sea la norma y la de cumplimiento efectivo la excepción, apareciendo así de total logicidad dar un debido fundamento a la imposición de un condena efectiva por las consecuencias de toda índole que ello acarrea para quien deba cumplir el encierro. [...] La necesidad de una adecuada fundamentación de la sentencia condenatoria, en cuanto a la decisión de imponer una pena de cumplimiento efectivo, ha sido acogida en forma favorable por la CSJN en el conocido fallo "SQUILARIO, A. y otros", de fecha 08/08/2006, por considerar: "...que si bien los jueces de la mayoría del fallo de casación argumentaron que sólo la aplicación de la condenación condicional debía ser fundada por ser la excepción a la pena de encierro (art. 26 del C.igo Penal), no es menos cierto que la opción inversa, en casos donde aquella hipótesis podría ser aplicada, también debe serlo, puesto que de otro modo se estaría privando a quien la sufre la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato mas favorable. [...] ....Que si bien surge del citado Art.26 de la ley de fondo el mandato expreso de fundamentar la condenación condicional, no por ello el magistrado deberá dejar de lado el mandato implícito que lo obliga -con el fin de asegurar una debida defensa en juicio- a dictar sus fallos en términos de una derivación razonada del derecho vigente conforme las constancias de la causa para resolver sobre una pena a cumplir en prisión.-". (Voto Dr. J.). PENAS – Cuantificación: prohibición de doble valoración. P.S.Z., en su obra "Lineamientos de la determinación de la pena", Ed. Ad-Hoc, 1966, pág. 107, denomina "...lo que en doctrina se conoce como "prohibición de doble valoración"...Todas aquellas reflexiones que ya han sido tomadas en cuenta por el legislador al establecer el tipo penal, o dicho de otro modo, todas aquellas circunstancias que fundamentan el ilícito, no pueden ser consideradas nuevamente al momento de fijar la pena por un hecho concreto" PENAS – Cuantificación: fundamentación requerida para descartar la modalidad de ejecución condicional. Mas allá que de la fría letra del Art. 26 del C., así como de la literalidad de la palabra "prisión", es dable inferir que la regla es el encierro y la excepción su cumplimiento en libertad, no es menos cierto, como ya lo expusiera supra, que la evolución de la humanidad y junto a ella la vigencia de los derechos individuales, han traído profundos cambios en los criterios interpretativos de la ley, basados en el principio "pro homine", al que reiteradamente ha hecho referencia la CSJN (fallo "A., E...", entre otros). Dentro de esta concepción moderna y humanista del derecho, la privación de la libertad merece ser considerada como la excepción y no la regla, utilizándose su imposición como la "última ratio" en condenas que no excedan los tres años de prisión y tratándose de autores primarios y ocasionales, tal lo acontecido en autos. No puedo dejar de reproducir aquí la doctrina de la CSJN en el señero y ya citado fallo "S., donde dijo: "...el instituto de la condenación condicional previsto en el Art.26 del C.igo Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en caso de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el art.18 de la Constitución Nacional.". (Voto Dr. J.) Santa Rosa, 15 de abril de 2010. FALLO 21/10-SALA B: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los treinta días del mes de junio de dos mil diez, se reúne la Sala B del Tribunal de Impugnación, integrada por los Sres. Jueces G.A.J. y V.E.F., asistidos por la Sra. Secretaria, M.E.G., a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto a fs.1462/1483 de la presente causa nº86/09, caratulada: "TRIPPUTI, J.P. s/ Recurso de Impugnación" -registro nº204/05 de la Cámara en lo Criminal nº1 de la Primera Circunscripción Judicial-; y RESULTANDO: Que la Cámara en lo Criminal nº1 de esta ciudad, con fecha veintiocho de octubre del año dos mil nueve, mediante fallo nº47/09, condenó a J.P.T. como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor (art. 84 del C.igo Penal con la agravante establecida en su segundo párrafo) a la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para conducir vehículos motorizados por el término de Diez Años, con costas (arts. 29 inciso 3º del C. y 375, 498 y 499 del CPP). A fs. 1462/1483 los Dres. E.L.A. y F.G.M., por la defensa de J.P.T., interpusieron recurso de impugnación. En primer lugar se agraviaron por la falta de motivación de los pedidos de pena solicitados por la F.ía y la querella, vulnerando el derecho de defensa en juicio y debido proceso. Considerando el art. 58 del CPP y jurisprudencia al respecto, las intervenciones del Ministerio Público deben ser motivadas. Ello así conforme al acta correspondiente, la F.ía en ningún momento hizo referencia alguna a cuáles fueron las causas o motivos que lo llevaron a peticionar la pena de tres años y seis meses de prisión, no realizándose mención alguna a los arts. 40 y 41 del CP. En cuanto al pedido de pena por la parte querellante, además de resultar insuficiente, la supuesta e inexistente fundamentación se basó en la peligrosidad de T. conforme consta en acta. El Dr. Z. considera que el reproche del injusto que incide sobre la pena, debe ser entendido como pura culpabilidad del acto, sin contaminaciones de consideraciones preventistas ni componentes ajenos al hecho mismo. Por último, conforme los fundamentos que expusieron, ellos se dirigieron a sustentar una acusación por homicidio por dolo eventual, de manera que no resulta una fundamentación suficiente para el delito subsidiario que planteó. Todo esto arrojó una afectación al derecho de defensa en juicio por obligar a la parte a contestar a ciegas un alegato preñado de un concepto peligrosista inaceptable. Por lo expuesto en primer lugar la defensa pretende se decrete la nulidad de ambas acusaciones y por ende de la sentencia dictada, absolviéndose al encartado. En segundo lugar indicaron que los inmotivados alegatos acusatorios respecto de los pedidos de pena prisión, repercutió directamente en la facultad que poseía el tribunal para el dictado de las penas peticionadas, careciendo los jueces de jurisdicción para aplicar condenas cuando no hay acusación válida que la preceda (fallo A. de la CSJN), por lo que también debe dictarse la nulidad del fallo recurrido. Como tercer agravio, expusieron la desproporción entre la pena, el ilícito y la responsabilidad acusada, resultando inmotivada la imposición de una pena de efectivo cumplimiento por un delito culposo. No habiéndose planteado en el debate argumentos por los cuales resultaría necesaria su imposición, no se aportó a los magistrados material suficiente para la construcción de argumentos y fundamentos para disponer su aplicación. Además la jurisprudencia de nuestra provincia en delitos...

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