Sentecia definitiva Nº 85 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 06-07-2015

Fecha de Resolución: 6 de Julio de 2015
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
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///MA, 3 de julio de 2015.
Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. APCARIÁN, Enrique J. MANSILLA, Liliana L. PICCININI, Sergio M. BAROTTO y Adriana C. ZARATIEGUI, con la presencia del señor Secretario doctor Ezequiel LOZADA, para el tratamiento de los autos caratulados: "BAGUES, ANDREA NATALIA Y OTROS S /AMPARO S/ APELACION" (Expte.Nº 27803/15-STJ-), elevados por el Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 5 de la III Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado.
V O T A C I O N
El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:
ANTECEDENTES DE LA CAUSA.
Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 98/99 por los Dres. Roberto Stella y Juan Garciarena, apoderados de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro contra la sentencia obrante a fs. 49/52 dictada por el Dr. Cristian Tau Anzoátegui, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 5 de la IIIa. Circunscripción Judicial, que hizo lugar a la acción de amparo ordenando a la Provincia de Río Negro (Departamento Provincial de Aguas) y Aguas Rionegrinas S.A., a brindar una solución a la problemática planteada por los amparistas, y que garantice el acceso al agua apta para el uso personal, doméstico y fines agrícolas, dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a sede penal, y de fijar una multa diaria de $ 1,000 por cada día de retardo en favor de la actora y tomar las restantes medidas complementarias que correspondan.
Para así decidir, el juez del amparo destacó que, conforme las constancias de autos, se acreditó que los amparistas y sus familias carecen del acceso al agua, acorde a sus necesidades por su condición de habitantes en una zona urbana desfavorecida.
Además tuvo en consideración la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y los reclamos efectuados, sin que se realicen planes de mejoras ni expansión del servicio respecto del lugar donde residen los amparistas.
Entendió que el Estado provincial (D.P.A.) como la empresa que tiene a su cargo el servicio (Aguas Rionegrinas S.A.) tienen el deber de garantizarles el efectivo derecho de acceso al agua, acorde a sus necesidades.
A fs. 98/99 los apoderados de la Fiscalía de Estado se presentan y alegan incumplimiento del art. 149 bis del CPCyC, solicitando la concesión del recurso en relación y con efecto suspensivo, conforme lo indicado en la Ley Nro. 2921, por considerar que no se encuentra en peligro la vida ni la salud de los amparistas.
A fs. 101/106 presentan el memorial de agravios y, en lo sustancial, sostienen que la sentencia atacada es meramente “voluntarista” porque implica la realización de una obra hidráulica para llevar agua hasta el “...asentamiento ilegítimo distante a decenas de kilómetros...” de la Localidad de El Bolsón. Cita en su aval distintos precedentes jurisprudenciales, entre ellos “Levin” del STJ relativo a no desnaturalizar la división de poderes. Tilda al pronunciamiento de arbitrario e incongruente en contra de lo normado por el art. 200 de la C.P. Menciona asimismo que el fallo iría en contra de lo señalado tanto por la Procuración General como por el STJ en el precedente “ZAINUCO”, al referir que se trataría de un “asentamiento habitado en forma ilegítima e irregular”.
Argumenta de tal modo el apelante que no se encontrarían reunidos los requisitos específicos que demanda la acción sub examine, aludiendo al precedente “Oviedo” del STJ en igual línea que la declarada en “Zainuco”. Señala que, en su lugar, se debió seguir la vía pertinente que manda a la “petición de conexión y los trámites inherentes a lo mismo”, con más el pago de los gastos respectivos.
Entiende el recurrente que la Justicia no debe avalar las “relaciones irregulares y mucho menos obligar al Estado a actuar contra sus propias reglamentaciones vigentes”.
A fs. 108/114 la Sra. Defensora de Menores e Incapaces, Dra. Ana María Fernández Irungaray, contesta el traslado conferido solicitando el rechazo del recurso incoado y expone acerca de la insuficiencia de los agravios.
Tras reseñar los informes requeridos a los organismos, destaca la Funcionaria que no se trata del derecho de propiedad de los amparistas, cuestión no introducida ab initio, sino del suministro del líquido vital en condiciones de sanidad el que no existe para nadie (propietarios y no propietarios). Esto último diferencia la situación de autos de la suscitada en el precedente “Zainuco”.
Defiende el fallo atacado y realiza una pormenorizada cita de la normativa constitucional involucrada, que contempla el derecho humano a disponer del agua y la protección de la salud, tanto a lo vinculado a la niñez, a la mujer y asimismo a los grupos minoritarios, pueblos originarios y refugiados.
Trae en aval de lo expuesto el fallo “Kersich” de la CSJN, tras lo cual manifiesta que el Estado está incumpliendo con su obligación del suministro de agua potable en Mallín Ahogado, pretendiendo justificar su omisión en una supuesta inexistencia de título de propiedad, reiterando que esta...

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