Sentecia definitiva Nº 85 de Secretaría Penal STJ N2, 30-07-2019

Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
Número de sentencia:85
///MA, 30 de julio de 2019.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores E.J.M., R.A.A., L.L.P., A.C.Z. y M.R.C.L. -esta última por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 574/575, con la presencia del señor Secretario doctor W.A., para el tratamiento de los autos caratulados "PINAZO, A. s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública s/Juicio s/Casación" (E..Nº 29998/ 18 STJ), elevados por la Sala A de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta localidad, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión los señores Jueces doctores E.J.M., R.A.A. y L.L.P. dijeron:
1. Antecedentes de la causa:
Mediante Sentencia Nº 17, del 30 de julio de 2018, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- absolver a A.P. en orden al delito de de fraude a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta (arts. 174 inc. 5º y 173 inc. 7º CP), por lo que había sido traído a juicio.
En oposición a ello dedujo recurso de casación el señor F. de Cámara, el que fue declarado admisible por el a quo y por este Cuerpo, por lo que el expediente quedó en Oficina a disposición del interesado. En el término acordado, el señor F. General sostuvo el recurso, mediante escrito que se agrega a fs. 553/560 vta.
En la fecha oportunamente fijada se celebró la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del código ritual (Ley P 2107) con la presencia de dicho funcionario y del defensor particular del imputado, quienes alegaron a favor de sus posturas según consta en el acta respectiva; también se agregaron las breves notas acompañadas por la acusación, por lo que el expediente está en condiciones para su tratamiento definitivo.
2. Agravios del recurso de casación:
El casacionista pide que se haga lugar a su recurso y que se condene al imputado en los términos en que fue formulada su acusación; subsidiariamente solicita la nulidad de lo resuelto para la realización de un nuevo juicio.
En sustento de su reclamo alega que se ha analizado arbitrariamente la prueba, pues se le dio un mínimo valor a los testimonios vinculados con la inexistencia de la prestación del servicio de telefonía que fue facturado por la empresa Claro, a lo que suma la errada ponderación del expediente administrativo Nº 150614-A-2012 y sus acumulados, referidos a las irregularidades en la contratación de esa empresa, así como la omisión de considerar el trámite de legítimo abono desarrollado.
Sobre el punto argumenta que la simple nota para pedir el cese de los descuentos no exculpa la responsabilidad del funcionario, en tanto no se tuvieron en cuenta los pagos efectuados desde abril del año 2008.
Añade que, de acuerdo con lo informado por la licenciataria telefónica, efectivamente se activaron líneas cuyo adquirente era el imputado con la indicación de que el titular solicitante era el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), organismo del cual aquel era P.. Además, prosigue, del expediente administrativo mencionado surge incluso el reconocimiento, por parte del imputado, del sistema de débitos que comenzó a funcionar en el año 2008, pagando la deuda por legítimo abono.
Sostiene que el servicio era inexistente y que, de todos modos, sus costos fueron debitados. En ese sentido, refiere que el Director Contable y Financiero del organismo que tomó el cargo desde el mes de diciembre de 2011 afirmó que no se encontraron los celulares ni fue posible dar con la documentación respaldatoria.
Por lo expuesto, considera demostrado que el imputado contrató un servicio de telefonía bajo una modalidad contraria a la normativa vigente para ello (Ley 3186), lo que fue abonado por el erario público (débitos a favor de Claro de la cuenta 900001477 del Banco Patagonia SA), con lo que beneficiaba a terceras personas no individualizadas. Explica que ello ocasionó un perjuicio económico de $ 495.622,48, como se desprende del expediente administrativo Nº 351-DJR-2013 en el marco de una auditoría del Tribunal de Cuentas. En cuanto al legítimo abono (Ley 3186 y art. 90 Decreto 1737/98), aduce que este se encuentra establecido para abonar los servicios prestados ante la continuidad de la contratista.
En virtud de todo lo anterior y la prueba reseñada, asevera que la conclusión no podía ser otra que la condena.
El escrito de sostenimiento del recurso, las breves notas y el alegato en audiencia del señor F. General desarrollan fundamentos complementarios del recurso.
3. Alegato de la defensa de A.P.:
En el debate el doctor H.L. alega sobre la logicidad de la sentencia absolutoria y resta importancia a la crítica del recurrente, en el entendimiento de que, aun cuando las actuaciones administrativas presentan irregularidades, no se dan las notas de tipicidad en la conducta de su pupilo.
4. Hechos reprochados:
El hecho reprochado por el Ministerio Público F. al doctor A.P. se formuló textualmente del siguiente modo: "En circunstancias de...

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