Sentencia Nº 8493/23 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:8493/23

En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los quince días del mes de septiembre año dos mil veinte, se reúnen las señoras juezas sustitutas, como integrantes subrogantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, María Elena Grégoire y María Eugenia Schijvarger, a efectos de dictar sentencia en el legajo Nº 8493/23 caratulado “TATAVITTO ROADE, Marcelo; BASTÍAS, Gabriela Angélica, LÓPEZ, Oscar Aníbal s/ recurso de casación” presentado por los letrados Omar Gerbruers y Alejandra Daniela LEZCANO LOPEZ, a favor de sus pupilos Sres. Marcelo TATAVITTO ROADE y Gabriela Angélica BASTÍAS:
‎I) RESULTA:

1. Los recurrentes manifiestan como objeto recursivo la decisión por la cual el Presidente del Tribunal de Impugnación Penal rechazó el planteo de insubsistencia de la acción penal.
‎Consignaron que a partir de la audiencia del 17 de diciembre de 2019 que se hizo ante el Tribunal de Impugnación Penal con sus jueces subrogantes no se había dictado la sentencia pertinente -Leg. Nº 8493/17-. Por lo que entendían que ese organismo debía declarar sin más trámites la absolución lisa y llana por insubsistencia de la acción respecto de sus representados.
‎2. El rechazo del tribunal intermedio ameritó que se presente recurso de casación ante la Sala B del Superior Tribunal de Justicia.
‎3. Solicitan a esta alzada que se haga lugar a la casación y se decrete la absolución lisa y llana por insubsistencia de la acción tanto de Marcelo Tatavitto Roade como de Gabriela Angélica Bastías.
‎II) AGRAVIOS:

4. Invocan para la admisibilidad del recurso interpuesto los supuestos previstos en los incisos primero y tercero del artículo 409 del C.P.P. -según ley 3192- ello en virtud de que les causa a sus representados un perjuicio de imposible reparación ulterior.
‎Puntualizan que se inobservaron preceptos constitucionales lo que torna la decisión en arbitraria, conforme a la doctrina de la Corte Suprema por encontrarse infundada la resolución y tratarse de meras afirmaciones dogmáticas carentes de todo sustento jurídico.
‎5. También, efectúan la reserva del caso federal y la vía supranacional, con indicaciones de la normativa que consideran vulnerada. Solicitan que se efectúe el control de convencionalidad.
‎6. Como fundamentos para la procedencia del recurso de casación en primer término se refieren a la inobservancia de los preceptos constitucionales -Art. 409, inc. 1 del C.P.P.-
‎6.1. Consignaron que la intervención del Sr. Presidente del Tribunal de Impugnación Penal, a criterio de los recurrentes, vulneró la garantía del juez natural según surge de lo oportunamente resuelto por la Sala B de este tribunal superior.
‎Advierten que se encuentra afectada la garantía de imparcialidad, dado que el Magistrado en cuestión confirmó la condena en todos sus términos dictada a Tatavitto y Bastías por la Audiencia de Juicio de la Iª C.J., por lo que el Juez de Impugnación asumió en su momento una posición.

Descartan entonces, que hubiera podido dictar alguna resolución que reconozca y favorezca los intereses de la parte que representa por más fundamentos que contenga.

6.2. Por otra parte, se refieren a la reconocida garantía constitucional y convencional del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, es decir en un plazo razonable y obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin al proceso incoado. En aval de su punto de vista citan el fallo Mattei de la C.S.J.N. -indicando que esta garantía se ve corroborada con la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos a la reforma constitucional de 1994-. Además, mencionan los artículos que se refieren a tal garantía en el derecho convencional y el fallo Mozzatti de la C.S.J.N.
‎Más concretamente sobre la causa que convoca el estudio de esta Sala, en el recurso se efectúa una reseña de todas las instancias del proceso hasta el presente, con las diferentes intervenciones de los organismos de este poder judicial.
‎De ello observan que, hasta el fallo de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia se habían respetado los plazos razonables. O sea, en el desarrollo de la investigación, del debate, de la sentencia condenatoria del Tribunal de Juicio, de la confirmación del Tribunal de Impugnación Penal, audiencia de visu y sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

Destacan que la Sala B del Superior Tribunal, en la decisión del 29 de diciembre 2017 dijo que, con una integración diferente a la que ha actuado con anterioridad en este proceso, se efectúe a la mayor brevedad posible la revisión y revocación de la sentencia condenatoria. E indican que desde el 29 de diciembre de 2017 han transcurrido hasta el momento 32 meses calendario.
‎Consideran que la revocación de la sentencia condenatoria dictada se encuentra vigente. Esto repercute en sus representados que se ven obligados a presentarse cada 20 días para estar a derecho hasta que “…esta tortuosa y prolongada causa sea resuelta en forma definitiva dictándose las correspondientes absoluciones” (sic)
‎Consideran que tampoco cumplió la Sala que integran los subrogantes del tribunal intermedio, con la imposición legal del plazo de “preclusión” de 20 días para el dictado de la respectiva resolución luego de la celebración de la audiencia con ampliación de fundamentos. Por lo cual nuevamente afirman que la mencionada Sala incumplió el mandato también del Superior Tribunal de Justicia en la decisión de diciembre de 2017.

6.3. Alegan que, en definitiva, de tal forma se violentó el derecho que goza todo ciudadano a que un juez o tribunal imparcial decida los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable.
‎Motivos por los cuales la consecuencia debe ser el inmediato dictado de la resolución de absolución lisa y llana tanto de Marcelo Tatavitto Roade y de Gabriela Angélica Bastías por insubsistencia de la acción penal.

7. Como segundo agravio desarrollan la invocación de la arbitrariedad de la decisión recurrida -409 inc. 3º del C.P.P.-.
‎7.1. Explican que la resolución que cuestionan es causal de arbitrariedad dado que, al rechazar el planteo, se valió de una cuestión fáctica que no modifica la mora del dictado de la resolución, ni el vencimiento del plazo legal establecido de la causa para poner fin a la resolución del caso.

7.2. Recuerdan que, en su entendimiento, el plazo dispuesto en el artículo 398 del C.P.P. es un plazo de preclusión que se establece al efecto del dictado y concreta notificación de las partes del acto resolutivo y no del mero comienzo del estudio del análisis de la causa.

De lo que derivan que transcurrido en exceso los 20 días hábiles impuestos en la norma sin ser notificados de resolución alguna, debe sin más trámite decretarse la insubsistencia de la acción penal.
‎8. Por último, peticionan atento a la naturaleza del objeto de la vía casatoria que se efectúe audiencia en los términos del 411 segundo párrafo de la ley 3192. Esto a los efectos de informar verbalmente en relación al recurso interpuesto y hacen reserva de solicitar oportunamente la instrumentación de los sumarios que eventualmente correspondan.

9. El jueves 3 de septiembre de 2020 pasaron las presentes actuaciones a estudio de la admisibilidad formal y además se fijó audiencia en los términos del art 411 del C.P.P.

III) Desarrollo de la audiencia del art 411.

10. En la audiencia realizada ante esta alzada las partes informaron respecto del recurso incoado -audios reservados por secretaría- A continuación se indican los argumentos principales de los alegatos de las partes.

11. El Ab. Omar Gebruers reeditó los argumentos vertidos en su recurso de casación, concluyendo que esta alzada debe dictar la absolución por insubsistencia del señor Tatavitto Roade y de la señora Bastías.

12. Por su parte, el Fiscal Juan Bautista Méndez en su calidad de representante de la acusación pública, hizo hincapié en que a los efectos de evaluar la insubsistencia de la acción penal esta es de aplicación restrictiva y excepcional, con mención de jurisprudencia de la Sala B del STJ que así lo ha expresado, no resultando aplicable al caso puntual,.

12.1. El Ab. José M. Aguerrido -por la acusación privada- fundamentalmente consideró en primer término que el recurso de casación de la defensa debía declararse inadmisible. Explicó, en primer lugar, que desde lo formal el defensor debió presentar un recurso de reposición contra la decisión del Presidente del TIP y contra esta resolución pudo haberse interpuesto un recurso de casación. En definitiva, considera que la decisión del tribunal intermedio no era recurrible vía recurso de casación.
‎En cuanto a la cuestión sustancial, si bien entiende que el planteo de la defensa es razonable en cuanto al paso del tiempo, no es una situación que sólo afecta a las personas imputadas sino también a las víctimas. Aunque para el caso concreto refiere que no se dan las condiciones para el dictado de la insubsistencia de la acción penal.

Sobre todo se centró en marcar que la defensa: a) consintió al momento de la audiencia del pasado diciembre ante los jueces subrogantes del TIP que estos no fijaran fecha de lectura de la sentencia, b) que el defensor no presentó queja alguna por retardo de justicia, c) que la ley no establece una sanción expresa respecto del dictado de la sentencia fuera de término, o sea, no está prevista la preclusión pretendida por la defensa, d) que los antecedentes no son aplicables al caso, e) y que a mediados de marzo la normalidad judicial dejo de ser tal por el COVID-19.
‎13. También intervino la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Agostina Pensa quien resaltó que los derechos en juego son también los de niños víctimas de abuso sexual infantil.
‎El paso del tiempo afecta no sólo a las personas imputadas sino también a los niños víctimas y su entorno familiar. Coincide en un todo con la argumentación de la inadmisibilidad formal alegada por el Dr. Aguerrido.

Destacó el deber estatal de compensar las desigualdades reales en las que se los niños con fundamento en el interés...

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