Sentencia Nº 847/08 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2009

Fecha de Resolución: 4 de Septiembre de 2009
 
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SA-A847.08-04.09.2009

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 04 días del mes de septiembre de dos mil nueve, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia integrada por su presidente, D.J.A.P. y por su vocal, D.E.D.F.M., a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: “PICCIRILLI, A.H.G. c/PROVINCIA DE LA PAMPA s/demanda contencioso administrativa”, expte. nº 847/08, letra d.o., registro del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:

Que a fs. 24/32, la Dra. E.V.M., en su carácter de apoderada de la parte actora, interpone demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa a fin de obtener la anulación de la Resolución Nº 069/08 y de su antecedente, Disposición Nº 269/07 dictadas en el marco de los expedientes nº 7489/04 caratulado: “Ministerio de Obras Públicas - Administración Provincial de Energía s/línea media tensión 33 kv. El Sauzal-Algarrobo del Águila” y expediente nº 1732/04 caratulado: “Ministerio de Obras y Servicios Públicos -Administración Provincial de Energía s/cumplimiento artículo 11 de las cláusulas particulares del pliego de licitación pública nº 18/04 “garantía de materiales”.-

Aclara que la presente acción carece de contenido económico toda vez que lo que se busca es obtener la enmienda judicial de un vicio en la actividad administrativa por no haberse respetado la garantía del debido proceso.-

Relata los antecedentes de la causa diciendo que su mandante resultó adjudicatario de los ítems nº 12, 13 y 14 de la Licitación Pública Nº 18/04 llevada adelante por la Administración Provincial de Energía (APE), aclarando que, al 10 de agosto de 2005, había cumplido con la provisión de postes inicialmente comprometida.-

Indica que el 16 de febrero de 2006 y el 6 de marzo de 2006, la repartición estatal le formuló requerimiento en torno a la calidad de los postes al tiempo de su utilización, mientras que, el 22 de marzo de 2006, su mandante firmó un acta acuerdo con la APE aceptando la provisión de los postes requeridos, bajo el principio de colaboración.-

Reitera que el objeto de la presente acción es la denegación de información por parte de la Administración Pública a los fines de que su representado pueda –luego de efectuar las corroboraciones pertinentes– formular fundada, clara y concretamente reclamos en orden a la protección de sus derechos patrimoniales.-

Sigue diciendo que la APE se refugió en la garantía del art. 11 del Pliego licitatorio nº 18/04 y en los arts. 72 y 87 del Decreto Nº 470/73 pero ello no justifica que no le brinde la información requerida, ya que al no poder contar con ella, el contratado queda en estado de indefensión, impidiéndosele concretamente formular reclamos patrimoniales por la doble provisión de postes licitados.-

Entiende que además de que en el Acta Acuerdo no se hizo referencia a los arts. 72 y 87 del Decreto Nº 470/73, estos no resultan aplicables del modo en que pretende la resolución impugnada puesto que, el primero de ellos dispone que la recepción provisional no equivale a la definitiva.-

Sostiene que el art. 87 deja a salvo los vicios redhibitorios aparecidos luego de la recepción definitiva, pero las “rajaduras actuales” de los postes, los tratamientos previos solicitados y las condiciones de acopio no son responsabilidad del adjudicatario.-

Más adelante refiere que agravia a su mandante el acto administrativo impugnado puesto que no se le brindó información concreta y acabada que le permitiera corroborar los datos que enumera a fs. 28, 28 vta. y 29.-

Agrega que, mientras el actor duplicó la provisión de postes, tanto por la entrega inicial como por la que hizo en el marco del Acta Acuerdo, no le resultó posible controlar la transparencia del actuar de la Administración Pública.-

Señala que hay una afectación del debido proceso adjetivo ya que su representado no puede recibir de parte de la Administración la información que se le requiere para ejercer reclamos que hacen a su derecho de propiedad, independientemente de la suerte que éstos tengan una vez que se le suministre.-

Manifiesta que la garantía del debido proceso está expresamente consagrada en el art. 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 951 y que por ello, los administrados tienen derecho a ser oídos antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos.-

Párrafos después agrega que: “El referido afán obstruccionista de la Administración para brindar la información surge incluso del archivo de las actuaciones que ordenó la APE mediante la disposición nº 269/07, al resolver negativamente la reconsideración requerida por su mandante...” (fs. 31).-

Ofrece prueba, funda en derecho, plantea el caso federal y solicita que se haga lugar a la demanda disponiendo la nulidad de la resolución recurrida y ordenando a la demandada que provea la información requerida.-

A fs. 63/77 vta. obra la contestación de la demanda realizada por el Dr. J.A.V., Fiscal de Estado de la Provincia de La Pampa y por C.R.C., abogado, quienes solicitan el rechazo de la acción con fundamento en las consideraciones de hecho y de derechoque se desarrollan a continuación.-

Señalan que la empresa LP Ingeniería resultó adjudicataria de los ítems nº 12, 13 y 14 de la Licitación Pública Nº 18/04 la que consistía en la entrega de 1680 postes, que fueron entregados el 10 de agosto de 2005 y recibidos provisionalmente por la APE.-

Siguen diciendo que, al detectar deficiencias en el material entregado, la repartición intimó a la empresa para que proveyera nuevos postes que cumplieran con las normas IRAM Nº 9531, 9532, 9539, 9515 y 9588, conforme lo previsto en el pliego de especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nº 18/04.-

Detallan que la firma no respondió a la intimación, haciéndolo recién el 14 de marzo de 2006, luego de una segunda intimación, y que finalmente las partes firmaron un Acta Acuerdo en la que convinieron que intervendría el INTI para determinar cuántos y cuáles postes debían ser reemplazados; que este dictamen era indiscutible e inapelable; que el señor P. debía efectuar la reposición de trescientos postes mensuales para la continuidad de la obra; que la APE debía notificar en el plazo de tres meses el informe definitivo sobre la aceptación o rechazo de los postes provistos y finalmente que ésta última ponía a disposición del actor la totalidad de la documentación vinculada con los postes rechazados.-

Expresan que posteriormente la actora efectuó un reclamo administrativo a los efectos de demostrar que no había existido incumplimiento alguno de su parte, alegando además que la provisión había sido íntegramente entregada y recibida por la APE, y que el deterioro de los postes se debía al tipo de preservación, y a un defectuoso y prolongado almacenamiento en los lugares de acopio.-

Dicen también que, mediante Disposición nº 236/07 de fecha 8 de octubre de 2007, el Administrador General de Energía rechazó el reclamo administrativo interpuesto ya que el pliego licitatorio establecía cuál debía ser el tratamiento de la provisión contratada, teniendo en cuenta además la garantía de materiales establecida en el art. 11 del pliego licitatorio y el art. 87 del Reglamento de Contrataciones.-

Precisan que el Sr. P. interpuso recurso de reconsideración, el cual fue rechazado mediante Disposición Nº 269/07, atento a que la mayoría de los postes provistos no cumplían con las normas IRAM, reiterándose la obligación de garantía de materiales que surge de la normativa citada en el párrafo anterior.-

Más adelante expresan que el 29 de febrero de 2008, el Ministerio de Obras y Servicios resolvió rechazar el recurso jerárquico incoado por el...

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