Sentencia Nº 833 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 27-10-2020

Número de sentencia833
MateriaP.H.G. Vs. P.D.T. S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACTUACIONES N°: 556/13 SENT Nº 833 C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Juan Ricardo Acosta, Sergio Gandur y Ebe López Piossek -por encontrarse excusados la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, el señor vocal doctor Antonio D. Estofán, la señora vocal doctora Eleonora Rodriguez Campos, el señor vocal doctor Daniel Posse y el señor vocal doctor Daniel Leiva, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “Pereyra Héctor Gustavo vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso Administrativo”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Juan Ricardo Acosta, Sergio Gandur y Ebe López Piossek, se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor Juan Ricardo Acosta dijo:

I.- A fs. 479/493, la parte actora plantea recurso de casación contra la Sentencia Nº 118 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 18 de marzo de 2019, obrante a fs. 470/474, el cual es concedido por el referido Tribunal mediante Resolución N° 587 del 31/10/2019 (fs. 508), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 751 del CPCyC (de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo)

II.- Sostiene la parte actora, para fundar su recurso de casación, que la sentencia atacada lo priva de su derecho constitucional a la defensa en juicio y a obtener una sentencia justa y razonada, atentando básicamente contra su derecho de propiedad. Afirma que el Ad Quem ha violentado en su pronunciamiento, las disposiciones de la Ley N° 5.806, que define y regula las licencias, extrayendo conceptos, ideas y nociones totalmente ajenas a lo que la ley ha definido expresamente, haciéndole decir lo que esta nunca ha consagrado. Manifiesta que la acordada cuya nulidad se persigue, da a entender que no se presentó la documentación legal en forma oportuna, lo que es totalmente falso, ya que con la primera presentación en el trámite se acompañó el certificado de derivación médica, el que, si bien por ley reviste la condición de requisito sine qua non para la justificación del beneficio legal, en ninguno de sus párrafos la norma establece que dicho certificado debe ser actualizado año a año. Señala que no existía en el expediente administrativo notificación alguna para que se presente la documentación en un plazo determinado. Agrega que la presentación del certificado de derivación actualizado, hace que no se pueda hablar de temporaneidad (sic) o no de la presentación de la documentación. Destaca que la recomendación practicada por el cuerpo médico y superintendencia, fue efectuada con posterioridad a la solicitud de justificación de inasistencias y otorgamiento de los beneficios de la ley, por lo que el requisito solicitado, pese a no encuadrarse en el marco legal, fue cumplido íntegramente, motivo por el cual deben justificarse las inasistencias solicitadas. Expone que se dio cabal cumplimiento con lo normado por la Ley N° 5.806 y pretender interpretar que, si el certificado de derivación es actualizado o no, o si fue presentado o no extemporáneamente, resulta a todas luces contrario a las normas del informalismo. Añade que no debe olvidarse que se trata de un tema de salud, en donde siempre debió estarse a la interpretación más favorable para el personal dependiente del Poder Judicial Refiere que, además, en la especie se ha violentado el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, en tanto el pronunciamiento en recurso en nada ha valorado la Acordada de la Corte Suprema local N° 1.085/2013.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde señalar que el recurso ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 475 y 493 vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento con el depósito establecido en el artículo 752 de la ley de rito (cfr. fs. 478); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; finalmente, la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por todo ello, el recurso de casación en análisis resulta admisible.

IV.- La cuestionada Sentencia N° 118 del 18/03/2019 (fs. 470/474) de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, rechazó la demanda deducida por el actor en procura de la nulidad del decreto de fecha 04/03/2012 de la Secretaría de Superintendencia, que tuvo por injustificadas sus inasistencias desde el 14/06/2012 al 29/06/2012 y desde el 24/08/2012 al 26/08/2012, decisión confirmada por las Acordadas N° 634/2013 y N° 869/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán. Los actos mencionados denegaron la justificación de las inasistencias del actor debido a la inobservancia de éste en adjuntar -en tiempo oportuno- el certificado de derivación médica actualizado (referido al tratamiento de su cónyuge). Para así decidir, luego de describir el trámite seguido en sede administrativa en las actuaciones “Pereyra Héctor Gustavo s/ Ley 5806” (actuaciones de Superintendencia N° 120/12, acumuladas a actuaciones N° 14.022/10) y de transcribir los textos pertinentes de las normas contenidas en la Ley N° 5.806 y de la Acordada N° 763 del 23/12/2005 (Procedimiento interno al efecto del otorgamiento de los beneficios estipulados en la Ley N° 5.806), aquél Tribunal razonó que la presentación de la documentación antes mencionada era una forma exigida en la ley y en la reglamentación, con un “sentido de acreditación principal”, que es adecuado y guarda pertinencia con “el fin constitutivo de la licencia de la ley 5806”. Entendió que el beneficio en cuestión está supeditado a la condición negativa de que el tratamiento no se realice en nuestro medio, razón por la cual la ley y la reglamentación exigen explícitamente el certificado de derivación médica, con indicación específica del lugar en donde debe efectuarse el tratamiento. Consideró además que la presentación de ese documento por parte del interesado es -por su propia índole- a priori de los hechos, no siendo un certificado de convalidación del hecho médico consumado.

V.- a).- Con el objeto de analizar los agravios exteriorizados por el actor en contra del pronunciamiento impugnado, considero de relevancia dejar aclaradas ciertas pautas y principios que, por su trascendencia e incidencia en la cuestión a resolver, deben tenerse presentes. Como punto de partida, es imprescindible desentrañar cuál es el objetivo y finalidad que inspira a los beneficios que confiere la Ley N° 5.806 (B.O. 28/11/1986), como asimismo, a favor de quién se han estipulado en último término las franquicias que confiere dicho régimen legal. El artículo 1 de la Ley N° 5.806 establece a favor de todos los agentes que trabajen en la Administración Pública en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, entidades autárquicas o descentralizadas, el derecho a licencia por tratamiento de hijo o cónyuge discapacitado, de 90 días al año con goce de haberes, ampliables por 60 más sin goce de sueldo en caso de tratamientos a efectuarse en la Provincia (inciso 1º). A su vez, si el tratamiento no se realizase en nuestro medio y por ello deba efectuarse fuera del territorio de la Provincia por derivación médica y requiera de la atención personal del agente, debidamente justificada, el agente gozará de la licencia por el término de ciento ochenta (180) días al año corridos, continuos o discontinuos con goce de haberes. Agotada la licencia, podrá el agente solicitar hasta ciento veinte (120) días al año corridos sin goce de haberes. (inciso 2º). A su vez el artículo 2 establece una asignación especial para atención y tratamiento de familiar discapacitado de un 50% del total de sus haberes por 90 días cuando se trate de tratamientos a realizarse en la Provincia, en forma independiente al uso de la licencia antes mencionada y de las remuneraciones que pudieren corresponderle por cualquier concepto (inciso 1º). Ella se incrementa al 100% de sus haberes por 180 días, si aquellos deben efectuarse fuera del territorio provincial (inciso 2º). Por último, en lo que concierne al tema en debate, el artículo 4 de la Ley N° 5.806 dispone que “los beneficios que se establecen por la presente ley no podrán por ninguna causa, ni siquiera por razones de servicio, postergarse en su otorgamiento o interrumpirse en su goce”. Mediante Acordada N°...

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