Sentencia Nº 82902/2 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020

Fecha de Resolución: 6 de Enero de 2019
 
EXTRACTO GRATUITO

FALLO Nº 48/20 SALA "A": En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veinte, se reúne la Sala "A" del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por la señora Jueza Sustituta María Elena Grégoire y el señor Juez Filinto Benigno Rebechi, asistidos por la Secretaria sustituta María Paola Frigerio, a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto por la Defensora Particular -Vanessa Ranocchia Ongaro- de H. M. R. G. S., que tramita bajo Legajo Nº 82902/2 -registro de este Tribunal-, caratulado: "G. S., H. M. R. S/Recurso de Impugnación", del que:

RESULTA:

I. Que el Juez Gastón Boulenaz -ejercicio unipersonal- de la Audiencia de la Primera Circunscripción Judicial, con fecha 06 de diciembre de 2019, mediante Fallo Nº 236/19, resolvió, en lo que aquí interesa: “PRIMERO: Condenar H. M. R. G. S.,… como autor material y penalmente responsable de los delitos de Abuso Sexual Simple de una menor de 13 años, agravado por ser el encargado de la educación (Art. 119, primer párrafo, cuarto párrafo inc. b) y último párrafo del C.P.) y Abuso Sexual Gravemente Ultrajante por las circunstancias de realización de una menor de 13 años de edad, agravado por ser el encargado de la educación (Art. 119 segundo párrafo y cuarto párrafo inc. b) del C.P.; todo como delito continuado (Art. 54 contrario sensu del C.P.) -redacción Ley 25087- y en el marco de la ley 26485 y 26061 de Protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; en concurso real (Art. 55 del C.P.) con el delito de Tenencia de Material Pornográfico de menores de 18 años (Art. 128 segundo párrafo del C.P.) a la pena de ONCE AÑOS de prisión, con más la accesoria del art. 12 del Cód. Penal; con costas (arts. 355, 474, 477 y cc. del C.P.P, 29 inc. 3º del C.P.).”

II. Contra la sentencia, oportunamente fue presentado recurso de impugnación por su Defensora Particular -Vanessa Ranocchia Ongaro-, en los términos del art. 400 incs. 1 y 3 del C.P.P. quien solicita se revoque la sentencia y absuelva a H. M. R. G. S., y subsidiariamente se readecue la pena conforme lo solicitado. A su vez G. adjuntó al recurso una serie de manifestaciones, a modo de descargo, en ejercicio de su defensa material y por su propio derecho.

III. En razón de lo expuesto, se procedió a dar el trámite legal pertinente para el recurso de impugnación, quedando la Sala A que intervendrá integrada por la Jueza Sustituta María Elena Grégoire y el Juez Filinto Benigno Rebechi. Notificadas las partes, habiendo presentado informe escrito el Fiscal, la Asesora de NNyA, los Querellantes Particulares y la Defensora, y entrevistado a G. mediante video-llamada, ha quedado la presente a disposición de la Sala para emitir su voto, y;

CONSIDERANDO:

La Jueza Sustituta María Elena Grégoire, dijo:

1. Admisibilidad

El recurso de impugnación deducido por la defensa del condenado H. M. R. G. S. resulta formalmente admisible en los términos de los arts. 8.2.h) de la C.A.D.H., 14.5 del P.I.D.C. y P., 18 y 75 inc. 22 de la C.N., arts. 387, incs. 1, 2, 3, 389 y 392 inc. 1, todos del C.P.P. Ley 3192 (arts. 400 incs. 1, 23, 402 y 405 inc. 1 del C.P.P. conf. Ley Nº 2287 vigente al momento de su interposición).

Asimismo, la impugnación se encuentra debidamente motivada, brindando el marco de tratamiento que este Tribunal revisor debe realizar, a los efectos de garantizar a quién resultó condenado mediante sentencia aún no firme, el derecho que tiene de que la imputación concreta en su contra, sea analizada una vez más en forma integral. Ello a los fines de legitimar plenamente el poder punitivo estatal, conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos (art.8.2.h) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art.14.5), incorporados a nuestra Carta Magna, como ordenamiento legal positivo.

En tal sentido, el examen de la sentencia debe abordarse conforme los parámetros establecidos por la C.S.J.N. en el fallo "Casal, Matías y otro" (del 20/09/05), al referirse sobre los alcances de esta segunda instancia o doble conforme, expresó que: "(...) debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, toda lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, solo inevitables por la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.

En esa línea de razonamiento la Corte ha reiterado: “8. (…) En este sentido, debe remarcarse que no existía obstáculo alguno para que el superior local, actuando en función casatoria, tratara ampliamente los agravios esgrimidos por las recurrentes, ya que la inmediación no impedía examinar el razonamiento lógico expresado en la sentencia y el procedimiento de valoración probatoria. 9. (…) con relación a su completa ajenidad a los hechos que se les atribuyen. En efecto, no obstante haberle sido indicado al a quo, por parte de esta Corte Suprema, el deber de observar los estándares sentados in re “Casal” y, consecuentemente, tener que efectuar un examen integral del fallo condenatorio recurrido de conformidad con los agravios planteados…” (conf. "Expte. N 48669/2015 (Ex N 340/2010) - Defensora Oficial de Instrucción' N 2 - Dra. Criseida Moreira s/ recurso de casación en autos expte. N 122(A) 10 Dr. Venialgo s/ rec. de casación en autos: 430-2007 Rojas, Lucía Cecilia; Jara, Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado".)

2. Antecedentes relacionados con la cuestión controvertida.

El fallo Nº 236/19 recurrido por la defensa y bajo análisis de esta Alzada tuvo como fuente el debate oral llevado adelante los días 20, 21, 22, 25, 26 y 29 de noviembre de 2019 con relación al legajo Nº 82902/0.

Durante esa audiencia, el fiscal Cristian Casais manifiestó que en primer lugar iba a hacer referencia a los hechos por los cuales fue acusado el señor H. M. R. G. S. y la correspondiente calificación jurídica.

"En primer lugar, se le imputa que antes de las vacaciones de invierno estando en sexto grado, en 2016, en el aula de clases particulares ubicada en Ayala nº 424 de esta ciudad, H. M. R. G. S. hizo sentar sobre la falda a L. A. R. -de 11 años de edad en ese momento- y, mientras estaban viendo un video, la empezó a manosear por debajo de la ropa sobre sus pechos. Asimismo, después de las vacaciones de invierno de 2016, la llevó a su habitación y estando con el uniforme del Colegio, le levantó la remera, y la empezó a manosear y besar sus pechos, le bajó el pantalón, le corrió la bombacha y le pasó su lengua por la vagina de la menor. En ese momento la niña se quedó quieta y no pudo reaccionar. En otra oportunidad siendo ya a fin de año de 2016, estaba estudiando la niña y le dijo ‘veni vamos a estudiar a la pieza donde vamos a estar más cómodos’ la llevó a su habitación, y le empezó a hacer los mismo que lo relatado anteriormente, no sabiendo la niña cómo reaccionar y qué hacer. En un momento la sentó en la cama y le mostró el pene e hizo como que ella se lo chupara y ella se quedó quieta, sintiendo asco por dentro. Acto seguido, hizo que le tocara su pene. En algunas ocasiones le introdujo un dedo en la vagina, sin poder precisar en cuál circunstancia de los hechos mencionados. Todo esto se desarrolló mientras el imputado daba clases particulares a la niña en horario de tarde. En lo que hace al segundo hecho se le imputa poseer numeroso material de pornografía infantil (específicamente fotografías y vídeos), en los cuales se observa a niños menores de edad desarrollando actividades sexuales explícitas, encontrándose puntualmente las mismas, y acá voy a hacer un detalle de los discos en cuanto al modelo (…): 1) Disco Duro marca Western Digital, dónde se recuperó 134 archivos de imágenes de pornografía infantil; 2) Del Disco Duro marca HITACHI, se recuperaron 180 archivos con formato JPG, también con pornografía infantil; 3) del Disco Duro marca Western Digital se recuperaron 2.644 archivos de imágenes con formato JPG también de pornografía infantil explícita, (6) archivos de vídeo formato WMV de pornografía infantil explícita: (2) documentos word, uno posee links de páginas web dirigidos a sitios de pornografía infantil; (9.807) archivos de imágenes también formato JPG con el mismo contenido pornográfico; (06) documentos Word con links de página web con contenido pornográfico; 1.510 de archivos imágenes con pornografía infantil; (1.510) archivos de imágenes con pornografía infantil explícita en plantillas personalizadas de Office y (140) archivos de imágenes en ruta Usuarios Ricardo Downloads, que indudablemente pertenece al imputado.”

En lo que tiene que ver con la calificación jurídica que le corresponde respecto de esos dos hechos la fiscalía acusó por el delito de abuso sexual simple a una menor de 13 años, agravado por ser el encargado de la educación de la menor víctima (art. 119 primer, cuarto párrafo inciso b) y último párrafo del C.P.) y abuso sexual gravemente ultrajante a una menor de 13 años de edad, agravado por ser el encargado de la educación de la menor víctima (art. 119 segundo párrafo y cuarto párrafo inciso b) del C.P.) en dos oportunidades (siendo los hechos anteriores a la modificación de la Ley 27.352), todo en concurso real (art.55 del C.P.). Asimismo, se le imputó la tenencia de material pornográfico de menores de 18 años, conforme el art. 128 segundo párrafo del C.P., ambos hechos que deben concursar en formal real conforme el artículo 55 del C.P. y manifestó que deben ser valorados en el marco de la Ley 26.061 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el marco también de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.

La parte querellante, alegó que en su carácter adhesivo adhería a los hechos y calificación que en definitiva es lo que esa parte se proponía demostrar en el juicio con la prueba tanto documental...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA