Sentencia Nº 823 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 26-10-2020

Número de sentencia823
Fecha26 Octubre 2020
MateriaPEñAFLOR DEOLINDA ANTONIA Vs. OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ALIMENTACIóN (OSPIA) Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

juicio: “Peñaflor Deolinda Antonia vs. Obra Social del Personal de la Alimentación (OSPIA) y Otros s/Daños y Perjuicios” ACTUACIONES N°: 9999/10 C A S A C I Ó N En Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por la señora Vocal doctora Claudia Beatríz Sbdar y los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse y Daniel Leiva, bajo la Presidencia de su titular doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la parte actora en autos: “Peñaflor Deolinda Antonia vs. Obra Social del Personal de la Alimentación (OSPIA) y Otros s/ Daños y Perjuicios”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Leiva y Daniel Oscar Posse y doctora Claudia Beatríz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor Daniel Leiva, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 461/465 por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia de fecha 4/10/2019 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 455), que dispuso rechazar el recurso de apelación deducido por la accionante contra el pronunciamiento del juez inferior en grado que, a su turno, decidiera declarar la caducidad de la instancia abierta con motivo de la demanda interpuesta en autos.

II.- El recurrente alega cumplidos los requisitos formales impuestos al recurso interpuesto y pide se admita la procedencia del mismo. Cuestiona que se tome como último acto impulsorio el auto de apertura a prueba puesto que “el proceso está activo mientras el órgano jurisdiccional realiza todos aquellos actos que instan el proceso” como “realizar las cédulas de notificación y proceder a dejarlas en los correspondientes casilleros de notificaciones”. Alega que “todos ellos son actos impulsorios del proceso y que el tiempo que transcurre entre ellos, no puede ser utilizado para el plazo de caducidad, como si hubiera un desinterés en instar el proceso”. Menciona que mientras el proceso estaba activo y se realizaban las notificaciones se asienta un informe de la Secretaria del Juzgado dirigido al magistrado (del 6/9/2017) en el que manifiesta que “no se puede computar el término de prueba en razón de que aun no fueron notificados del auto de apertura los codemandados Franco Veglia, Francisco Veglia y Enrique Gómez, atento lo informado por Oficina de Casilleros de Notificaciones en fecha 31/7/2017”; informe que daba cuenta de que el letrado Leonel Héctor Sosa se encontraba inactivo. Destaca que atento a la nota actuarial, mencionada, el juez interviniente dispuso en igual fecha (6/9/2017), tener presente el informe citado, devolver el escrito precedente y dejar constancia en autos. Alega que la situación suscitada cuenta con una específica solución en el art. 67 del CPCC, que manda suspender el trámite del juicio en razón de que una de las partes se encuentra indefensa, instando un procedimiento especial a fin de que el afectado designe un nuevo abogado o continúe el proceso en rebeldía. Denuncia que su parte planteó la necesidad de transitar este camino, al contestar el traslado del incidente de caducidad de instancia y en el memorial de apelación, no obstante lo cual se ignoraron sus alegaciones. Afirma que si bien no se verifica en autos la situación de muerte o incapacidad contemplada por la norma procesal, este último supuesto debe interpretarse en sentido amplio, como comprensivo de cualquier situación que obste a la actuación procesal del apoderado, como puede ser la incompatibilidad o la suspensión o eliminación de la matrícula del profesional; y que constatada estos extremos, se imponía disponer la suspensión de los plazos. Señala que “aunque el a quo no lo haya dictaminado”, el proceso se suspendió de pleno derecho porque ninguna de las partes podía hacer avanzar el proceso “sin que ello no devenga en una futura nulidad derivada de la imposibilidad de los codemandados, de ejercer su legítimo derecho de defensa”. Cita en apoyo de su posición, precedentes que estima de aplicación al caso. De conformidad a las consideraciones precedentes, pide se admita el recurso interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

III.- El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 465 vta.)...

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