Sentencia Nº 796 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 27-08-2021

Fecha27 Agosto 2021
Número de sentencia796
MateriaV.A. Vs. I.D.P.Y.S.S.D.T. S/ AMPARO

SENT Nº 796 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores V.es de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por la señora V. doctora C.B.S., el señor V. doctor A.D.E., la señora V. doctora E.R.C. y el señor V. doctor D.O.P. -por no existir votos necesarios para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctora C.B.S., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, demandado, en autos: “V.A. vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ A.. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora E.R.C., doctor A.D.E., doctora C.B.S. y doctor D.O.P., se procedió a la misma con el siguiente resultado: La señora V. doctora E.R.C., dijo:

I.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (en adelante IPSST), demandado en autos, plantea recurso de casación contra la Sentencia N° 559 dictada por la S.I. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 6 de noviembre de 2019, el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución N° 693 del 29 de diciembre de 2020.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple con el requisito del artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta arbitrariedad por parte del fallo en cuestión. Cabe apuntar por último que, en virtud de lo prescripto por el artículo 24 del Código Procesal Constitucional (CPC), no es exigible en el presente proceso de amparo el depósito que prevé el artículo 752 del CPCyC. Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal cimero para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los cuales aquel se sustenta.

III.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis hizo lugar a la acción de amparo promovida en autos por A.V. en representación de su hija menor M.B. contra el IPSST y, como consecuencia de ello, reconoció el derecho de M.B. a que la demandada cubra el 100% de los gastos que demanden las sesiones de fonoaudiología y kinesioterapia en el agua llevadas a cabo por las profesionales que con ella vienen trabajando, por el tiempo y con la frecuencia que indique su médico tratante. La parte demandada manifiesta que la sentencia la condena a otorgar la cobertura de las prestaciones reclamadas a valores fijados por normativa que no obliga al IPSST, sin dar razones de tal imposición; y sin tampoco dar razones por las cuales debe aplicarse en el caso valores de extraña jurisdicción y no los valores fijados en los convenios que celebra el IPSST con los prestadores que actúan en la plaza local. Afirma que brinda cobertura del 100% de las prestaciones reclamadas y que, por lo tanto, cumple con el mandato constitucional de integralidad. Señala además que no hay un criterio unificado con las demás S. de esta Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo ya que en distintos fallos se ha pronunciado condenando al IPSST a los valores acordados con sus prestadores. Sostiene que la Ley Nº 24.901 en su art. 8 establece que las obras sociales de jurisdicción provincial no se encuentran comprendidas en el régimen nacional general, desde que se prevé de modo expreso y como necesario, el dictado de normas locales que establezcan principios análogos a los que contiene la Ley Nº 24.901. Aduce que el art. 2 del Dec. Nº 1193/98, reglamentario de la Ley Nº 24.901 prescribe que las obras sociales no comprendidas en la Ley Nº 23.660 podrán adherir al sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad. Señala que la cláusula quinta del convenio de adhesión celebrado por la Provincia de Tucumán y ratificado por Ley Nº 7.282 indica cuáles son las obligaciones que asume la provincia a los efectos de implementar gradualmente el sistema único de prestaciones, entre las que se encuentra adoptar el nomenclador de prestaciones, pero no la determinación del monto de los aranceles. En consecuencia, continúa, y no habiendo asumido la Provincia de Tucumán la obligación de pagar los Aranceles que fija el Ministerio de Salud de la Nación, la condena impuesta al IPSST no encuentra basamento jurídico alguno. En particular teniendo en cuenta que una cosa es el nomenclador de prestaciones y otra muy distinta son los aranceles o valor económico que se asigna a cada prestación. Explica que el nomenclador es el instrumento que detalla las prestaciones básicas que se encuentran a cargo de la obra social y que, por ende, son obligatorias; mientras los aranceles son referenciales y no obligatorios. En virtud de ello concluye que los valores fijados en sede nacional no resultan de cumplimiento obligatorio, máxime en los casos de las Obras Sociales no adheridas expresamente a la Ley Nº 23.660, como ocurre con el Subsidio de Salud. Destaca como elemento de juicio relevante que en la resolución emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad por las cuales se estableció el valor de los aranceles vigentes del nomenclador de prestaciones expresamente se dejó sentado que los valores deben fijarse teniendo en cuenta las paritarias salariales de cada sector involucrado y, sobre todo y muy especialmente, el carácter local de cada una de las jurisdicciones, puesto que ello obedece fundamentalmente a que las realidades de las provincias son disímiles en materia de costos, infraestructura, etc. Considera que esta situación es reveladora de que, a la fecha, no existe un criterio uniforme sobre qué parámetros deben ser considerados en orden a la determinación del valor de las prestaciones del nomenclador de prestaciones básicas a favor de personas con discapacidad habida cuenta la diferencia sustancial que existe entre las jurisdicciones. Manifiesta que no encontrándose el IPSS comprendido en el sistema nacional de la Ley Nº 23.660 y visto que el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad rige para los entes comprendidos en dicha ley, la analogía como técnica de integración normativa de aquel vacío impone dar preeminencia a la norma prevista para el caso similar más próximo, lo que en la especie viene dado por los aranceles locales acordados entre el IPSST y los colegios de profesionales que brindan las prestaciones reclamadas en la demanda. Estima que no le resultan oponibles los valores establecidos a nivel nacional, puesto que pese a que esta Corte ha señalado que se encuentran derogadas tácitamente las normas que limiten, por razones económicas u otras, las prestaciones a cargo del Subsidio de Salud, de allí no cabe extraer que las normas provinciales han perdido todo valor. En el caso en particular, existen normas provinciales que regulan concretamente la situación y lo hacen razonablemente, de modo que no cabe aplicar normas foráneas, ajenas e indebidamente traspaladas al régimen provincial y forzando su inserción al mismo.

IV.- En lo que aquí interesa la sentencia impugnada, tras reseñar las normas que regulan los derechos de las personas con discapacidad y la jurisprudencia proveniente de esta Corte, destacó que el criterio de interpretación apropiado para este tipo de casos es el del concepto efe cobertura integral de los requerimientos de la persona con discapacidad. El Tribunal señaló, en consideraciones que no han sido puestas en tela de juicio por la demandada y -por ende- se encuentran actualmente firmes, cuáles son las condiciones de salud de la niña, la idoneidad de los tratamientos recomendados por su médico tratante y la necesidad de realizar las sesiones de fonoaudiología y kinesioterapia en el agua con las profesionales que vienen tratando a la menor. En cuanto a los precios que cobran estos profesionales por prestar tales servicios, la Cámara consideró que los mismos no lucen excesivos, pues guardan correspondencia con los valores actualizados de la Tabla de Aranceles vigentes, del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. A ello añadió que la demandada no ha aportado elementos de juicio que permitan descalificar per se las elecciones de la parte actora, por cuanto no demostró, verbigracia, la falta de idoneidad de las profesionales (quienes ya vienen trabajando con M. y cuya continuidad fuera recomendada por el médico tratante); o lo excesivo o irrazonable del gasto que podría insumir realizar con ellos la rehabilitación; o cualquier otra circunstancia demostrativa de lo inconveniente o perjudicial que resultaría la opción en cuestión.

V.- Sabido es que el tribunal de mérito tiene libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado su conocimiento, con la única condición de que no queden al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones conducentes introducidas en el pleito por las partes (cfr. CSJT, 10/6/2011, “D.R.H. y otro vs. La Luguenze S.R.L. s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 381). Por eso se ha sostenido que el discurso del órgano jurisdiccional debe contener argumentos suficientes dirigidos a rebatir las razones relevantes esgrimidas por el litigante en sentido contrario a lo que se decide y que le permitan apartarse fundadamente de los elementos conducentes...

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