Sentecia definitiva Nº 75 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 01-09-2011

Fecha de Resolución: 1 de Septiembre de 2011
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
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///MA, 31 de agosto de 2.011.-
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "CHANDIA, JOSE DELFIN Y OTROS S/ AMPARO S/ COMPETENCIA” (Expte. Nº25294/11), puestas a despacho para resolver, y

CONSIDERANDO:
-Los señores Jueces doctores V.H.S.N. y A.I.B. dijeron:

Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de la declaración de incompetencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IV Circunscripción Judicial, obrante a fs. 110/113 vta, al sostener que la acción de amparo intentada comporta un caso de los contenidos en el art. 800 del CPCyC, el que establece que conflictos de poderes de los municipios son resueltos por el Superior Tribunal de Justicia. Puntualiza que la acción impetrada a fs. 93/103 versa sobre una contienda de la Convención Constituyente de la Ciudad de Cinco Saltos, referida a una disputa acerca de la validez de un agregado a un artículo de la Carta Orgánica Municipal, efectuado en aparente trasgresión del término válido para sesionar.


La presentación ha sido efectuada ante ese Tribunal por J.D.C., D.H.G. y E.D., Convencionales Constituyentes de Cinco Saltos, en el marco de una acción de amparo contra el Estado Municipal de dicha Ciudad. Alegan que el acto cuestionado emanado de la Convención Constituyente altera arbitraria e ilegalmente los principios fundamentales del federalismo, consagrado por las Constituciones, nacional y provincial.


En tal sentido, expresan que la Ordenanza Municipal Nº 831, que dicta la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica, establece en su artículo 9 que la Convención Constituyente deberá cumplir sus tareas en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de su constitución. Señalan que la convención se constituyó el día 4 de enero de 2011, conforme consta en el Acta Nº1 de la Convención”, por lo que culminaría indefectiblemente su labor el 4 de mayo de 2011.


Afirman que el 04.05.11, se realizó la sesión plenaria que aprobó en forma definitiva las reformas a la Carta Orgánica. Destacan que ese día culminó la labor parlamentaria y se dió por terminado el trabajo de la Convención, dándose plazo hasta el día 6 de mayo para la corrección del texto aprobado, fecha en la que se reunió sin modificar ningún artículo porque el plazo para ello había expirado. Sin embargo, los amparistas manifiestan que en forma irregular, culminada la sesión referida, la Secretaría de la Convención convoca para el lunes 9 de mayo a reconsiderar el tema “Título XII, Normas Transitorias”, violando con ello el plazo de labor parlamentaria de la Convención.

Arguyen que el artículo 1 del T. su redacción válida, esta es la aprobada en la sesión definitiva del día 4 de mayo, textualmente expresa: “La presente Carta Orgánica tendrá plena aplicación a partir de la renovación de autoridades municipales del año 2011, con excepción de lo dispuesto en los arts. 163, 164, y 165 del Capítulo del sistema electoral, los cuales entrarán en vigencia a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial”.


En la nueva y, según sostienen, ilegal sesión del día 9 de mayo, se agregó al referido artículo como nueva excepción a la entrada en vigencia luego de la renovación de autoridades municipales del año 2011, lo dispuesto en el art. 60 COM; cuyo texto prescribe: “Quien se presente para el cargo de intendente no podrá ser candidato simultáneamente para el cargo de concejal”.

Manifestaron al tribunal del amparo que con ello se violó el reglamento interno de la Convención, sumado a que las autoridades de la Convención se extralimitaron en las facultades conferidas por Ordenanza Nº 831, cambiando el espíritu que se la había dado durante las sesiones válidas a la cláusula del art. 1 de las normas transitorias de la Carta orgánica, debido a que en ningún momento de las sesiones estuvo en discusión la inclusión del artículo 60 en las normas transitorias.


En concreto, los accionantes pretenden se declare la nulidad de la incorporación irregular del artículo Nº 60 al art.1 del Cap. XII “Disposiciones Transitorias” de la Carta Orgánica aprobada por la misma Convención Constituyente de la ciudad de Cinco Saltos, el día 4 de Mayo de 2011, considerando que dicho artículo fue incorporado fuera del plazo otorgado por la ordenanza municipal de declaración de necesidad de la reforma, Nº 831, violando también el reglamento interno de la Convención atento que se reconsideró el art. 1 del Título X y se modificó con el voto de solo cinco Convencionales.


El Tribunal a-quo ha sostenido que resulta ser un poder del Estado sometido al control judicial en aquellos aspectos que hacen al marco de atribuciones y formalidades bajo las cuales una Convención reformadora debe funcionar, tratándose de un caso de los contemplados en el artículo 800 del Código Procesal, Civil y Comercial, el que establece que conflictos de poderes de los municipios (y otros donde básicamente se producen disputas entre poderes públicos del estado provincial y el municipal) son resueltos por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. –

La Sra. Procuradora General, Dra. L.P., a fs. 116/126, considera que la presentación participa de la naturaleza jurídica del amparo, de donde se deduce la competencia del Juez receptor, conforme lo preceptuado por el art. 43 de la Constitución Provincial, quien debe -previo a todo- ponderar los recaudos de procedencia formal exigidos. Por ello, entiende que no cabe aceptar la competencia, y conforme doctrina inveterada y constante de ese Tribunal, que no ha sido considerada por el a-quo; corresponde la devolución al origen a los fines de cumplimentar acabadamente la labor jurisdiccional.


Sostiene que la acción incoada se inscribe en el marco del amparo y por aplicación del articulo 43 de la C.N. y 43 de la C.P. el “juez natural” es prima facie y a los efectos de analizar los requisitos o recaudos formales de procedibilidad, aquel que ha sido elegido por los amparistas, pues claramente ambos textos constitucionales indican que podrá promoverse acción de amparo “ante el juez letrado inmediato” como bien lo dice la carta magna provincial.


Agrega que la CSJN ha precisado que el conflicto de poderes constituye la invasión que un poder del Estado pudiera hacer en la zona de reserva de actuación de otro, lo que importa siempre por sí misma, una cuestión institucional de suma gravedad que puede versar como un conflicto jurisdiccional o un conflicto de poderes en sentido estricto (Conf. fallo 321: 3236; 324:2299, y 369:371 entre otros). Señala que éste no es el cuadro fáctico jurídico que se presentaría en autos.


Con fecha del 18 de agosto de 2011 se tiene por no contestado el oficio N° 484/11 que requería al Sr. Intendente del Municipio haga llegar al Tribunal la documentación referida al caso.


Pasando a resolver la cuestión propuesta en autos, en primer lugar corresponde analizar la naturaleza de la acción intentada, adelantado que el caso de autos no configura un conflicto de poderes. Al respecto, cabe señalar que este tribunal ha dicho que los conflictos entre los Poderes Públicos se resuelven de acuerdo a lo establecido en el art. 800 del Código Procesal Civil y Comercial. La referida norma establece que las causas sobre competencia y facultades entre los Poderes Públicos de la Provincia, los conflictos de Poderes de los Municipios, los conflictos entre distintas municipalidades, o entre éstas y otras autoridades provinciales deben ser resueltas por el Superior Tribunal de Justicia, a la vista de los antecedentes que le fueren remitidos y previo dictamen del Procurador General; y que para evitar estos conflictos cada uno de los Poderes del Estado debe obrar como freno o contrapeso sobre los otros -asegurando de ese modo una relación de equilibrio interno- y todos coordinadamente, han de propender al ejercicio más eficaz de la acción general del gobierno (Cf. CJ. Salta, Junio 30-1995, ED., 164-700, STJRNCO: "Fiscalía Municipal de V.R.S.ón de Inconstitucionalidad”, Ordenanza Nº 10/2000, Se. 107/01).

En virtud del principio de la división de poderes y de la naturaleza de las funciones que a cada uno de ellos incumbe por la Constitución, la facultad de ordenar la dinámica interna de los Departamentos de gobierno es propia de cada uno de ellos, y no debe admitirse la configuración de una invasión de la esfera de reserva, con sometimiento al principio de la división de poderes (cf. STJRNCO: "Fiscalía Municipal de V.R.S.ón de Inconstitucionalidad”, Ordenanza Nº 10/2000, Se. 107/01; "L., N.R.S., Se. 110/01).


También se ha señalado que el "conflicto de poderes" se configura cuando existen dos ámbitos de competencia que reclaman para sí una determinada función...

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