Sentecia definitiva Nº 73 de Secretaría Penal STJ N2, 21-04-2016

Fecha de Resolución:21 de Abril de 2016
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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///MA, 21 de abril de 2016.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “BÁEZ, J.A. s/Homicidio s/Casación” (Expte.Nº 28320/16 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. subrogante doctor C.R. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Nº 32, de fecha 9 de diciembre de 2015, la Cámara Segunda en lo C. de la IIIª Circunscripción Judicial resolvió: “I. Rechazar la cuestión preeliminar planteada por la Defensa.- II. Declarar a J.A.B. autor penalmente responsable del hecho materia de debate y acusación, calificado como homicidio y en consecuencia imponerle la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 375, 498 y c.c. del C.P.P. y arts. 12, 19, 20 inc. C, 26, 40, 45, 79 del C. Penal)” (fs. 1450/1487).
1.2. Contra lo decidido, la doctora R.L.M., Defensora oficial de J.A.B., dedujo recurso de casación, que fue concedido por el Tribunal a quo.
2. Argumentos del recurso de casación:
La Defensa refiere cumplir los requisitos de admisibilidad y entiende que la sentencia en crisis ha efectuado una errónea interpretación y aplicación de la siguiente normativa: arts. 15, 16, 18, 19, 75 inc. 22 y 120 de la Constitución Nacional; arts. 1, 3, 8, 5.3, 5.6 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 14, 10 inc. 3 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 200 de la Constitución Provincial; arts. 98, 148 inc. 2, 149, 374, 375 y 380 inc. 3 del Código Procesal Penal y arts. 12, 34, 40 y 81 inc. a) del Código Penal.
Aduce que la resolución no se encuentra debidamente motivada, pues omite contestar planteos defensistas respecto de cuestiones esenciales para la resolución del caso y asimismo valorar y mencionar hechos probados en juicio que acreditaban la tesis sostenida por esa Defensa. Añade que la sentencia no ha dado razón y fundamento respecto de todo aquello que han aprehendido los Jueces de la prueba testimonial.
/// Alega además que en el proceso de mensura de la pena el Tribunal se apartó de lo previsto en el art. 40 del Código Penal y aplicó art. 12 del mismo cuerpo normativo vulnerando garantías constitucionales de B..
Luego desarrolla los siguientes agravios:
Primero: Violación al principio constitucional de unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público F.: Sostiene que como cuestión preliminar del juicio oral planteó la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio en razón de que esta fue efectuada en evidente contradicción con lo sostenido previamente por representantes del Ministerio Público F. que, además, revisten mayor jerarquía que el F. de grado que efectuó la requisitoria cuestionada.
Concretamente, dice que el F. de Cámara instó el sobreseimiento de B. en razón de su inimputabilidad, lo cual tuvo acogida favorable por la Cámara Primera en lo C. que lo sobreseyó; luego el F. General, en el marco del recurso de casación articulado por la parte querellante contra el sobreseimiento, dictaminó también a favor de esta última decisión y postuló el rechazo del recurso casatorio de la querella.
Agrega que insistió en que el Ministerio Público F. fijó posición desincriminante respecto de B. y que, por más que existiera una decisión jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que revocara el sobreseimiento dictado por la Cámara Primera, el órgano acusador -que es independiente- ya sentó su posición en lo que atañe al ejercicio de la acción penal, que fue la desincriminatoria.
Expresa que el planteo se refiere a la actuación de la F.ía de manera inorgánica, lo que no ha sido tratado por el fallo, reitera que la F.ía de grado no respetó los principios de actuación de rango constitucional -unidad de actuación y dependencia jerárquica-, y destaca que este Superior Tribunal de Justicia anuló la resolución jurisdiccional de la Cámara Primera pero no los dictámenes desincriminatorios del F. de Cámara y del F. General.
Segundo: Falta de motivación suficiente. Violación a las reglas de la sana crítica. Omisión de valorar prueba de descargo mencionadas en el alegato: Sobre el punto, afirma que el fallo reconoce la existencia de una reacción “absolutamente desproporcionada de B., lo que es propio de aquellos que no controlan sus impulsos, y esto no ha sido valorado sino en contra de su pupilo. Refiere que este no dijo que tenía pensado matar a M. y que no está capacitado para planear un homicidio porque tiene concretitud de pensamiento.
///2. Aduce que B. relató que M. le dijo “cuándo te vas a avivar vos, tonto” y que se puso violento: “me sacó de las casillas, me perdí totalmente, se me nubló todo, esto no va más ya me cansó”. Continúa diciendo la Defensa que estos fueron los motivos que llevaron a B. al descontrol, pues tiene intolerancia a la frustración, y se estableció que “fácilmente se siente ofendido, corre el riesgo de no ver todo con la objetividad suficiente o con la necesaria calma”, “corre el peligro de ponerse inquieto y agotar su energía nerviosa”. Señala que esto excluye la existencia de una “motivación de matar” y demuestra que B. obró presa de su propio descontrol; que de haber habido motivación para matar tendría que haberse demostrado la planificación del hecho, cosa que el imputado no está capacitado para hacer porque su pensamiento es concreto, es decir, su pensamiento se queda en lo concreto pues “las cosas son lo que son”.
Agrega que prueba de su descontrol es la reacción “absolutamente desproporcionada” que reconocieron los Jueces.
Menciona que C.M. fue ofrecida como testigo por esa Defensa y recordó haberle alquilado una vivienda a la víctima y que recibió de esta un trato agresivo, que le gritaba con la sensación de que se “abalanzaba a nuestro lugar”, que no escuchaba, era alguien que “te avasallaba como persona”. Afirma que B. no pudo tomar idéntica decisión que M. de irse ante estímulos similares, dadas las características personales reseñadas, cosa que efectivamente sucedió.
También agravia a la Defensa la importancia que el a quo otorgó a la intervención de los profesionales del Hospital Zonal local, pero omitió valorar que la médica M.P. del citado Hospital reconoció que a B. no se le efectuó ningún test pese a estar hace cinco años, ni siquiera el de B., que es básico para determinar patologías, lo que demuestra que no lo estudiaron para dictaminar que no presenta patología ni causa clínica de internación.
Alude a los dictámenes médicos y cuestiona la declaración de A. diciendo que no parece razonable que pudiera distinguir desde una distancia de cien metros que una persona porta un hacha en sus manos. También cuestionó que ese testigo no habló de dos momentos de ingreso de B. a la casa, situación que fue puesta en sus palabras por el abogado de la querella.
/// En cuanto a los dos lugares de agresión determinados por la sentencia, la Defensa dice que no hay huellas de arrastre hacia el dormitorio, allí solo hay manchas por goteo y las huellas de arrastre están en la cocina y desde allí hacia el living, lugar al cual la víctima llegó por sus propios medios.
Aduce que ningún testigo ni la autopsia sostienen que el golpe en la cabeza tuvo que ser sobre el final de la acción, ya que de lo contrario no podría haberse movilizado como lo hizo, ni habla de inconciencia profunda luego de ese golpe, como atribuye el sentenciante.
Cita al doctor S. en cuanto dijo que las lesiones producidas en distintas partes del cuerpo y con diferentes ángulos no desacreditan una conducta descontrolada, impulsiva, no pensada, como fue la de B.. Luego cuestiona que el fallo afirme lo contrario.
Manifiesta que la sentencia termina sosteniendo que “cualquier mal trato que hubiese recibido B. no tiene proporción con su reacción” y que esto es precisamente lo que la Defensa viene alegando, que el ataque desproporcionado demuestra descontrol, ya que las lesiones superan el objetivo de quitar la vida.
La funcionaria sigue diciendo que tampoco se valoró que todos los profesionales y familiares de B. escuchados en juicio afirmaron y/o reconocieron que este hombre no controla sus impulsos, datos que aniquilan la capacidad de reproche.
Tercero: Emoción violenta: La Defensa aduce que de forma subsidiaria solicitó que el reproche debía adecuarse a la culpabilidad, esto es, que si la persona actúa con una disminución en sus frenos inhibitorios la atenuación no es de carácter facultativo. Refiere que todas las personas entrevistadas han afirmado o reconocido que al momento del suceso no controló sus impulsos ni frenos inhibitorios y se acreditó que recibió un estímulo del afuera que tuvo una magnitud tal que no le permitió la elección de una conducta distinta, por lo que no puede desconocerse que el caso encuadra en el art. 81 inc. a) del Código Penal.
La recurrente afirma que los magistrados no han tenido en cuenta que tanto la madre como la pareja de B., quienes lo conocen y saben acerca de sus reacciones, indicaron que “cuando se nubla no escucha”, “son como brotes”, y que “no hay que hablarle en ese momento no hay que llevarle la contra porque es peor” (según palabras de su madre). De allí se pregunta de qué posibilidad de reflexión están hablando los Jueces.
Cuarto: Pena: La casacionista sostiene que no se han dado suficientes razones para imponer la alta pena y argumenta que se omitió valorar como atenuante el tiempo que lleva en
///3. prisión preventiva y lo angustiante y penoso que está siendo este proceso para B.; que tampoco se tuvo en cuenta como atenuante su personalidad en razón de su trastorno por falla en control de impulsos, y menos se consideró la atenuante de la falta de tratamiento por parte del Estado para que B. logre el control de los impulsos ni se merituó la falta de educación, en especial la de haber concurrido a una escuela...

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