Sentecia definitiva Nº 72 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 12-08-2009

Fecha de Resolución:12 de Agosto de 2009
Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
 
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///MA, 12 de agosto de 2009.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores A.I., V.H.N. y L.L., con la presencia del señor Secretario doctor E.L., para el tratamiento de los autos caratulados: "GIANNINI, H.L. Y CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA REGIONAL RIO NEGRO S/ AMPARO S/ COMPETENCIA" (E..Nº 23810/09-STJ-), deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
V O T A C I O N

El señor J. doctor A.I.B. dijo:
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A fs. 14/28, se presentan H.L.G. y la Central de Trabajadores de la Argentina R.ional Río Negro, ante la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca interponiendo amparo por la cual pretenden proteger sus derechos a un trato igualitario y no discriminatorio para acceder a su haber jubilatorio equivalente al 82% garantizado constitucionalmente ante la inminente aprobación legislativa del Convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobernador de la Provincia por el cual se dispone el traspaso de los Funcionarios y M.J. Provinciales a la ley 24018.


Asimismo solicitan se ordene cautelarmente a la Legislatura Provincial “la prohibición de innovar en materia previsional”.

La Cámara se declara incompetente para conocer en autos por entender que la cuestión previsional a partir de la transferencia de la Caja de Previsión Social a la Nación es competencia federal conforme jurisprudencia de este Superior Tribunal de Justicia, y remite lo actuado al Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca.



El Juzgado Federal se declara incompetente considerando que la justicia federal es limitada y de excepción y que en el caso de autos nos encontramos ante una cuestión propia del derecho público provincial pues se trata de una acción y/u omisión de los poderes legislativo y ejecutivo provinciales relativa al cumplimiento de una norma establecida en la Constitución de Río Negro.


Vueltos a la Cámara Tercera del Crimen (a fs. 75/76) èsta reitera su incompetencia y eleva las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto.

El máximo tribunal nacional entendió, en consonancia con el dictamen de la Procuración General que al tratarse de normas provinciales del derecho público local la competencia es de la justicia provincial.


Una vez más, ante la Cámara Tercera del Crimen, ésta entendió que el objeto de la pretensión de autos consiste en impedir que la Legislatura Provincial ratifique el Convenio celebrado entre la Provincia y el Estado Nacional, es decir no involucra a actos de particulares sino de la administración pública, resultando competente en la presente acción el Superior Tribunal de Justicia.

A fs. 97/101, obra dictamen de la Sra. Procuradora General de la Provincia. En el mismo reiteró su criterio en cuanto que el juez receptor debe controlar los requisitos de procedencia del amparo en cualquiera de sus modalidades a fin de evitar un dispendio jurisdiccional cuando la acción puede resultar manifiestamente improcedente a la luz de la excepcional vía que se intenta (cf. STJ “Geoffroy”).

Asimismo puntualizó que el objeto y la orientación del instituto, a los fines de la competencia, no se define sólo con la simple lectura de la petición y que en principio la acción impetrada participa de la naturaleza del amparo, correspondiendo entender en las presentes el J. receptor quien deberá previo a todo ponderar los recaudos de procedencia formal exigidos por el artículo 43 de la Constitución Provincial.


En primer lugar corresponde rechazar “in limine” el difuso planteo formulado en el punto 6, obrante a fs. 16, el que carece de argumentos y fundamentación para ser tenido en cuenta para su tratamiento.


Ahora bien, puestos a resolver la presente acción, corresponde en primer lugar expedirnos sobre la competencia y para ello ahondar en la naturaleza de la acción a fin de determinar cuál es el órgano que deberá entender.

Considero que estamos en presencia de una acción de mandamiento de prohibición prevista en el art. 45 de la Constitución Provincial atento a que en el escrito inicial, los accionantes peticionan: 1.- protección a su derecho a la igualdad y a la no discriminación que podría verse afectado con la aprobación por parte de la Legislatura Provincial del Convenio de Transferencia de Jueces y M. al sistema de la ley 24.018 que garantiza el 82 % móvil para su jubilaciones y 2.- medida cautelar de prohibición de innovar, ordenándole a la legislatura y al poder ejecutivo que se abstengan de innovar en materia provisional. Tal pretensión cabe ser subsumida en la acción prevista en la normativa que señalamos


Asumiendo la competencia que corresponde a este STJ para conocer en la cuestión, en primer lugar se advierte la improcedencia de la acción intentada, por diversos motivos.


Se tiene presente el carácter restrictivo que debe predominar en este tipo de acciones cuando lo que se peticiona cuenta con un notorio carácter preventivo, y en tal sentido este tribunal ha señalado que cabe declarar la improcedencia de la acción cuando no se cumple con los requisitos de urgencia, peligro en la demora, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta, sumado a que lo que se pretende no importa una afectación real y cierta del derecho que se pretende vulnerado, (cf. STJRNCO SE. 41/97, "C ., A. S/AMPARO S/APELACION", 08-05-97; “Gorbarán”, sen. 5/91).
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Por ora parte, este STJ ha señalado que en virtud del principio de la división de poderes y de la naturaleza de las funciones que a cada uno de ellos incumbe, a partir de lo establecido en la Constitución Provincial, la facultad de ordenar la dinámica interna es propia de cada uno de ellos, y no debe admitirse la configuración de una invasión de la esfera de reserva, con sometimiento al principio de la división de poderes (cf. STJRNCO: SE. 107/01, "FISCALIA MUNICIPAL DE V.R.S. DE INCONSTITUCIONALIDAD (ORDENANZA Nº 10/2000; E.. Nº 15228/00 -STJ-, 23-08-01; SE. 110/01, "L., N.R.S., E.. Nº 16014/01, 29-08-01).


También ha señalado que en tanto no medie una situación de absurdidad de la que resulte un perjuicio al orden jurídico, no corresponde que se proceda a una judicialización de decisiones políticas, excepto en el caso que se demuestre que una ley es inconstitucional por defectos de fondo o de forma; o que se alza contra la división de Poderes, porque no es ésta la finalidad del control judicial de constitucionalidad, debiendo ser ajeno a este Superior Tribunal la dilucidación de cuestiones atribuídas con exclusividad a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de las que no resulta materia jurisdiccional manifiesta (cf. SE. 108/01, "FISCALIA MUNICIPAL DE V.R.S. DE INCONSTITUCIONALIDAD, ORDENANZA Nº 48/2000, E.. Nº 15229/00 -STJ-, 23-08-01).


Este Tribunal ya ha expresado que en este tipo de cuestiones hay criterios jurisprudenciales a seguir en cuanto a los requisitos y demás condiciones para la viabilización del proceso y en particular sobre la preservación institucional y jurisdiccional de la división de poderes y otras tendientes a evitar el abuso de la jurisdicción o el "gobierno de los jueces" cuando se intentan acciones de estas características (cf. "TRENTACOSTE" Se. 674/02, "MARTINEL FERREIRA" Se. 144/01, "GARCIA ZAPONE" Se. 30/00, "TSCHERIG" Se. 6/04, "CELESTE" Se. 601/02, entre otros).


No corresponde judicializar cuestiones que, dentro de un sistema democrático de natural y racional división y equilibrio interpoderes, deben ser resueltas por sus titulares; esto es, los propios representantes elegidos por el Pueblo (o en definitiva, por la voluntad popular), en un marco de respeto a sus respectivos espacios, antes de tener que recurrir a la decisión de los jueces por asuntos en principio poco judiciables (salvo vicios manifiestos y graves de constitucionalidad; cf. Se. Nº 81/01 del 07-06-01 en actuaciones caratuladas: "ARRIAGA, J. E. - Intendente Municipal de Cipolletti- c/Concejo Deliberante de Cipolletti s/Conflicto de Poderes, Acción Declaratoria de Certeza; art. 322 CPCC. -Medida Cautelar - art.230 CPCC.-", E.. Nº 15644/01 -STJ- y su acumulado E.. Nº 15663/01-STJ; STJRNCO. SE. 13/05, ".M., O. s/ACCION DE AMPARO s/APELACIÓN", E.. Nº 19908/04 – STJ, 02-03-05).


Ello, por cuanto no corresponde exorbitar las funciones del Poder Judicial y afectar la división de poderes, con el necesario equilibrio, respeto e independencia que debe haber dentro de éstos en el desenvolvimiento del Estado (cf. actuaciones caratuladas: "DEFENSORES GENERALES PENALES DE GENERAL ROCA s/Acción de A., E.. Nº 16567/02 - STJ-, Se. Nº 64/02 del 26-03-02; SE. 60/05 "L., A. G. Y OTROS s/AMPARO s/APELACIÓN", E.. Nº 20239/05 - STJ, 12-07-5).


Por ello, corresponderá:: 1°) Declarar que estamos en presencia de una acción de mandamiento de prohibición (cf. art. 45 C. Provincial); y 2º) Rechazar por improcedente la acción aquí entablada. 3º) Con costas).- ASI VOTO.
El señor J. doctor V.H.S.N. dijo:



Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, en virtud de la remisión efectuada por la Cámara Tercera del Crimen de la ciudad de General Roca, a fs. 93 y vta., al considerar que el objeto de la pretensión de autos involucra a actos de la administración pública, correspondiendo su tramitación por vía de mandamus, competencia originaria del Alto Cuerpo Provincial.


A modo de breve reseña, es dable señalar que trabado el conflicto de competencia entre la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca y la Justicia Federal, la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que en coincidencia con el Dictamen de la P.F. dirime el conflicto atribuyendo la competencia para entender en autos a los jueces locales, al considerar que se trata de normas provinciales del derecho público local, conforme sentencia obrante a fs. 88.

Vueltos los autos a la Cámara Tercera en lo Criminal de...

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