Sentencia Nº 70342/1 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:20 de Abril de 2018
 
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FALLO Nº 11/18 P.A. - SALA "B": En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los veinte días del mes de abril de dos mil dieciocho, se reúne la Sala "B" del Tribunal de Impugnación, integrada por los señores Jueces F.G.R. y M.F.P., asistidos por la Secretaria M.E.G., a los efectos de resolver los recursos de impugnación interpuestos por la abogada V.R.O., defensora de K.A.V.O. y de C.D.D.P., y por el abogado G.E.G. defensor de C.E.C., en legajo Nº70342/1 -registro de este Tribunal-, caratulado: "V.O., K.A.; D.P., C.D.; CARO, C.E.S./ Recurso de impugnación", del que:

RESULTA: I) Que el Jueza de Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial mediante sentencia nº335/17, resolvió rechazar el requerimiento defensivo de declaración de actividad procesal defectuosa (art. 159 y cc del C.P.) y rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena, establecido por el art.167 quáter incs. 1º y 6º del C. Por otro lado condenó a K.A.V.O., D.N.I. nº 36.284.492, a C.E.C., DNI 37.034.141, y a C.D.D.P., DNI 31.076.996, como autores material y penalmente responsables del delito de Abigeato calificado (art. 167 quáter incs. 1º, -en relación con el art. 164-, y 6º, del CP. y art. 45 del C.), a la pena de cuatro años de prisión ( arts. 40 y 41 del C.), con más la accesoria del art. 12 del C., con costas ( arts. 355, 474, 477 y cc del C.P.).

II.a) Que contra dicha sentencia la letrada Defensora V.R.O., interpone en favor de K.A.V.O. y de C.D.d.P., recurso de impugnación en base a lo dispuesto por el art. 400 ss. y cc. del C.P..

La recurrente, plantea principalmente su disentir con la postura asumida por el Tribunal. Entiende que para arribar a la calificación penal se considera el delito como consumado y que para descartar la aplicación del grado de tentativa considera que se realizó un fraccionamiento de la prueba y se forzaron razonamientos lógicos.

Enumera la defensora una serie de conclusiones que surgen de la "Primera Cuestión" sobre las pruebas ofrecidas. Concluye que en base a esos datos fácticos, tomados de la sentencia, el hecho aún mereciendo el encuadre en la alternativa del abigeato debió ser juzgado en grado de tentativa ya que la intervención del accionar policial impidió la efectiva y total consumación del ilícito enrostrado.

Considera que la solución interpretativa sobre la "tentativa" la brinda la llamada "teoría de la disponibilidad".

Por último recalca que debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público F. entendió apropiado llevar el caso a juicio sin dar inicio a la investigación fiscal preparatoria, porque se entendió que el delito fue descubierto "in fraganti".

Por otro lado, en el segundo agravio, la defensa plantea la inconstitucionalidad el mínimo punitivo.

De modo subsidiario al anterior agravio y de mantenerse inalterable la calificación atacada, propone la recurrente analizar la desproporcionada previsión punitiva que presenta para el caso.

Alega la defensa que todas las agravantes del art. 167 quáter evidencian un rigor punitivo que resulta objetivamente excesivo y desproporcionado al compararlo con las sanciones previstas en delitos cuyos bienes jurídicos se consideran de mayor significación o con mayor necesidad de tutela legal, como por ejemplo, la vida.

Cita doctrina y jurisprudencia para apoyar su postura sobre los principios de razonabilidad y legalidad que deben respetar las leyes y que corresponde a los jueces realizar el control para el caso concreto.

Asimismo cita el antecedente provincial en el cual el Dr. L. en su carácter de Juez de Audiencia de Juicio dictó la inconstitucionalidad del mínimo punitivo del art. 167 quáter en el Legajo n° 13604, caratulado: "Ministerio Público F. c/ S., S.A.-.J., W.D.-.J., Á.F.-.J., Á.F. s/ Abigeato agravado por la sustracción de más de cinco cabezas de ganado menor y por la concurrencia de más de tres personas, agravado por la participación de menores de 18 años de edad".

Por último, alega sobre la intervención de sus defendidos, conforme la teoría del caso de F.ía asumida en la sentencia, las que no fueron de mayor peligrosidad. Así también la defensora arguye sobre las circunstancias personales de D.P. y V. para apoyar su postura sobre la desproporcionalidad de la pena impuesta.

II.b) Por otro lado, y en favor de C.E.C., el abogado G.G. interpuso recurso de impugnación. Encuentra fundamento en la errónea aplicación de la ley sustantiva con afectación a garantías constitucionales, en la inobservancia de las normas del Código Procesal Penal y errónea valoración de la prueba (art. 400 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.).

En el primer agravio el defensor reedita los planteos sobre actividad procesal defectuosa.

Entiende el letrado que existe una violación a las normas constitucionales y procesales flagrante y explícita.

Manifiesta que la génesis del procedimiento policial se encuentra viciada ya que no se ha podido corregir el vicio inicial que torna nulo de nulidad absoluta el procedimiento del empleado policial Losada.

El accionar del preventor constituyó una detención y requisa sin orden judicial dando origen a la investigación afectando derechos y garantía de jerarquía constitucional. El procedimiento privó de la libertad a dos de los imputados resultó un exceso de las facultades policiales afectando los derechos de locomoción, intimidad, presunción de inocencia, igualdad y legalidad.

Entiende que las pruebas resultan ilegítimas e invalorables, siendo de aplicación la doctrina del Fruto del Árbol Prohibido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y receptada por nuestra Corte.

En cuanto a la errónea y arbitraria valoración de la prueba alega que el F. estuvo ocultando información al punto de negar la identificación de un cuarto participante mientras que paralelamente formalizaba una investigación fiscal preparatoria contra el imputado E.J. por idéntico hecho que el que fuera objeto de este proceso.

Por otra parte, alega que la valoración realizada por la Jueza sentenciante muestra que el hilo argumental carece de fundamentos racionales, ya que resulta imposible seguir el curso del razonamiento que le permitió concluir cómo acreditar la participación de C. en los hechos.

Así, luego de enumerar los testigos que declararon en el debate manifiesta que ninguno afirmó ni puede afirmar haber visto a C. en el lugar de los hechos disparar un arma. Tampoco hay dermotest realizado sobre C., ni se lo detuvo en las inmediaciones del lugar y el arma con el que se efectuaron los disparos estaba en poder de V. y D.P. en el automóvil al momento de ser detenidos.

El recurrente entiende que la única prueba donde se menciona a su defendido es en los informes de los aparatos celulares pero de ella no se desprende el grado de organización y división de tareas como pretende el F. y la Jueza recepta en la sentencia.

Sumado a ello, arguye que en el lugar del hecho no hay señal telefónica y que no existe prueba que acredite que C. se diera a la fuga previo permanecer "acobachado" a pocos metros del lugar.

Solicita subsidiariamente en caso de que este Tribunal considere que C. tuvo participación en...

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