Sentencia Nº 672/04 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2007

Fecha de Resolución:17 de Abril de 2007
 
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SA-A672.04-17.04.2007

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 17 días del mes de abril de dos mil siete, se reúne la Sala A del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, D.J.A.P., y por su Vocal, D.E.D.F.M., a efectos de dictar sentencia en los presentes autos caratulados: “UNION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION -UTELPA- c/Provincia de La Pampa s/ demanda contencioso administrativa”, expediente nº 672/04, letra d.o., registro del Superior Tribunal de Justicia, Sala A, del que,

RESULTA:-

Que a fs. 68/77, las Sras. M.d.C.S. y C.D.R., Secretaria Adjunta y Secretaria Gremial, respectivamente, de la Unión de Trabajadores de la Educación -UTELPa-, con el patrocinio letrado del Dr. C.F.A., promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa con el objeto de obtener la anulación de las Resoluciones N° 6/03 y 7/03 dictadas por el Tribunal de Clasificación de Educación Inicial; las N° 525/03, 527/03, 529/03 y 535/03 emanadas del Tribunal de Clasificación de Educación Polimodal y Superior y las N° 149/04, 153/04 y 154/04 del Ministerio de Cultura y Educación, como así también la inconstitucionalidad del Decreto 2181/02. Esta solicitud anulatoria tiene como propósito la rectificación de los puntajes que los Tribunales de Clasificación nombrados les asignaran a los docentes recurrentes en concepto de servicios prestados como trabajadores de la educación, servicios prestados en otra provincia y residencia en la provincia.-

Seguidamente, analizan puntualmente cada concepto y explican de que manera afectó a cada grupo de docentes la implementación del Decreto Reglamentario nº 2181/02 y la consecuente quita de puntaje. Al respecto manifiestan que en lo referente a los servicios prestados en la Provincia, el inciso ch) del art. 14 de la Ley 1124 otorgaba 2 puntos por años de servicios con un tope de 30 puntos y al ponerse en funcionamiento la nueva reglamentación se derogó el mencionado inciso, lo que hizo que se quitara este concepto de la puntuación y se vieran perjudicados los docentes de mayor antigüedad.-

En lo relativo a los servicios prestados en otra provincia se produjo una modificación al establecerse que se computaría un punto por año de servicio prestado en otra jurisdicción y no dos como en el sistema anterior, lo que hizo que el puntaje de los docentes por ese concepto se redujera en un 50 % y significara una “discriminación inaceptable en términos constitucionales de los trabajadores por el lugar de nacimiento” en claro beneficio de los docentes pampeanos.-

Respecto de la residencia en la provincia, el nuevo decreto también modificó la escala de puntuación. Anteriormente se otorgaba 20 puntos a quien acreditara 4 años y 10 por dos años. Ahora se otorga sólo 5 puntos para quien acredite 2 años de residencia, 10 para los que acrediten 5 años y 20 para los 10 años de residencia. Dicen que esto los perjudicó y les afectó derechos adquiridos. Cuestionan también lo referido a la prueba para acreditar la residencia diciendo que el único medio es el D.N.I. cuando es sabido que este documento se renueva sólo en dos oportunidades y en los nuevos documentos expedidos no queda constancia de los cambios de domicilios y sus fechas.-

Señalan como agravante común a todas las modificaciones analizadas la circunstancia de haber aplicado con carácter retroactivo la nueva reglamentación cuando el texto de la misma nada dice que deba aplicarse de esa forma.-

Posteriormente, formulan un análisis de los vicios de los actos administrativos impugnados y señalan que los recursos de reconsideración resueltos por los Tribunales de Clasificación fueron rechazados en base a argumentos como, por ejemplo, que el art. 2° del Decreto 2181/02 derogaba toda otra norma legal que se oponga a lo allí establecido y que no puede considerarse derecho adquirido al puntaje asignado en años anteriores por la normativa derogada. Discrepan con esas afirmaciones y sostienen que las normas tienen efecto para el futuro y no retroactivo, si así lo fuere debería manifestarse expresamente y no podría afectar derechos adquiridos. Dicen también que no sólo se ha perjudicado la continuidad laboral sino también a los que mayoritariamente poseen más años de servicios.-

Afirman que esas resoluciones carecen de causa o motivo y, por lo tanto, son nulas ya que “... los fundamentos que le pretenden dar sustento carecen de eficacia jurídica y son contrarias al derecho vigente” (fs. 74).-

En cuanto a las resoluciones del Ministerio de Cultura y Educación, que resolvieron los recursos jerárquicos interpuestos, manifiestan que los mismos fueron rechazados por cuestiones formales y no sustanciales basadas en la circunstancia de que, tal como lo dispone el art. 78 de la Ley 1124, los docentes tendrían que haber recurrido ante la Junta de Reclamos y no ante el Ministerio.-

Manifiestan que “...la Junta de Reclamos carece de un funcionamiento permanente, se conforma con integrantes de otras dependencias y tiene carácter ad hoc, circunscribiéndose su competencia a problemas de interpretación de antecedentes valorables, errores materiales, omisiones, etc. pero no a la interpretación constitucional de las normas” (fs. 74), lo que hace que las resoluciones del Ministerio de Cultura y Educación también sean nulas por ser improcedente el rechazo de los recursos jerárquicos por causas formales.-

Seguidamente, se refieren al agravio sufrido en materia constitucional al decir que los puntajes docentes son decisivos para el sostenimiento del derecho a trabajar en igualdad de condiciones y que si en éstos se produce una quita proveniente de una errónea e inconstitucional interpretación y aplicación del Decreto N° 2181/02, se ve cercenado su derecho laboral adquirido.-

Hacen hincapié en las modificaciones de los puntajes en los conceptos de Servicios prestados en otras provincias y Residencia ya que, a su juicio, se crea una discriminación entre docentes por el “lugar de nacimiento”, ...

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