Sentencia Nº 6499/19 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:17 de Septiembre de 2019
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "SPINELLI, Pedro Daniel C/ CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COSTA BRAVA S/ EJECUTIVO Y MEDIDA CAUTELAR" (cuadernillo art. 248 C. Pr.) (expte. Nº 6499/19 r.C.A.), venidos del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras de esta Circunscripción


El Dr. Rodolfo Fabián RODRÍGUEZ, sorteado para emitir el primer voto, dijo


1. Pedro Daniel Spinelli se presentó por su propio derecho a promover juicio ejecutivo contra Club Social y Deportivo "Costa Brava" de Ingeniero Luiggi por la suma de $560.000 más intereses y costas. Dijo que el club ejecutado libró cheques de pago diferido que enumera e identifica, al portador, que le fueron entregados. Una vez presentados al cobro fueron rechazados por el banco girado. Fracasados los intentos de cobro extrajudicial promovió la presente ejecución. Pidió embargo ejecutivo (fs. 5/7 de este cuadernillo art. 248, C. Pr.)


El a quo mandó llevar adelante la ejecución por la suma pedida más la de $224.000 presupuestada para intereses y costas y trabó embargo ejecutivo sobre dos bienes inmuebles denunciados. Citó al ejecutado a oponerse a la ejecución en los términos del art. 511, C. Pr. (fs. 11/12)


El 28 de diciembre de 2017 comparecieron Juan Marcelo Hidalgo, Eduardo Mauricio Mamani, José Mateo Álvarez con patrocinio letrado, en representación de la Asociación Civil Club Social y Deportivo "Costa Brava" de Ingeniero Luiggi, en su calidad de socios e integrantes de la comisión para normalizar la situación del club. Explicaron que a la fecha los mandatos de sus autoridades se encontraban vencidos, y quienes ocupaban los cargos de Presidente y vicepresidente no estaban disponibles ni dieron respuesta a los intentos de comunicación dirigidos a ellos en virtud de esta ejecución. Por este motivo, y a los fines de salvaguardar los intereses de la institución, se presentaron en los términos del art. 52, C. Pr., comprometiéndose a obtener la ratificación de lo actuado en esta instancia. Opusieron excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, incumplimiento de normativa de consumo. Solicitaron apertura a prueba. Ofrecieron prueba (fs. 28/33)


El 14 de marzo de 2018 se presentó Eduardo Mamani y agregó copia del acta N° 377 de la Asamblea General Ordinaria en la que se efectúa la designación de una nueva comisión directiva provisoria y copia del acta N° 378 por la que la comisión directiva procedió a ratificar por unanimidad la contestación de demanda ejecutiva (fs. 52/56 de este cuadernillo).


A fs. 57 del cuadernillo el aquo corrió traslado de las excepciones opuestas. A fs. 58/61 del mismo cuerpo, la actora interpuso reposición con apelación subsidiaria de dicha providencia, solicitando que se decrete la nulidad de lo actuado por entender que no se acreditó la personería, habida cuenta que el art. 52 del C.Pr. invocado no se aplica a terceras personas que no son letrados o abogados; y en caso de considerar esta normativa entendió que se presentaron los instrumentos ratificatorios de personería fuera del plazo estipulado por el art. 52 del C. Pr.


2. Resolución del aquo: A fs. 82/88 del cuadernillo el aquo dicta interlocutorio manifestando que en el presente caso se ha invocado la figura del "gestor procesal" previsto por el art. 52 del C.Pr., que otorga 20 días para su ratificación bajo apercibimiento de nulidad. Pero el magistrado de grado esgrime que la norma citada exige que para invocar el carácter de gestor se requiere ser letrado o procurador, y éste no es el caso, ya que los presentantes de fs. 52 son terceras personas no letrados en el proceso, ajenas a la institución demandada ya que no poseen su representación legal, por lo cual la citada invocación de gestor es inaplicable al caso, citando jurisprudencia en su favor.


El segundo aspecto de la resolución del aquo es que, sin perjuicio de lo dicho, afirma que para convalidar la actuación del gestor procesal ha superado el plazo que prevé la propia normativa invocada, citando jurisprudencia en su favor, y por ello decreta la nulidad de la presentación de fs. 52/57 y lo actuado en consecuencia.


3. Agravios de la demandada: En primer término entiende que el magistrado de grado aplicó erróneamente el instituto de la gestión del art. 52 del C.Pr., ya que quienes se presentaron oponiendo excepciones lo hicieron como gestores oficiosos en los términos del art. 1.781 del Código Civil y Comercial, en un caso de extrema urgencia, ante la acefalía producida en la institución deportiva. Y que justamente la norma contenida en el ordenamiento de fondo se complementa con el art. 52 del C. Pr. que define la gestión procesal.


Afirma que el juez aplicó mal el decreto ley 3/62, ya que el mismo no veda la posibilidad de que un apoderado no letrado comparezca a juicio con patrocinio letrado. Por otra parte entiende que...

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