Sentencia Nº 6433/19 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2019
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los treinta días del mes de julio del año dos mil diecinueve, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "PISTORE, J.L. y Otro C/ CHOTRO, J.L. y Otro S/ POSESIÓN VEINTEAÑAL" (expte. Nº 6433/19 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de esta Circunscripción


El Dr. M.C.M., sorteado para emitir el primer voto, dijo
1. El trámite


El día 06/03/2017 y a fs. 145/149 vta., J.L. y R.A.P. promovieron demanda de adquisición de dominio por usucapión (prescripción veinteñal) contra J.L. y C.D.C., titulares registrales del inmueble con nomenclatura catastral Ejido 015, Circ. I, R.. "g", M.. 044, P.. 11, Número de Partida 779.484, Superficie 517,50 mts2., situado en la localidad de I.A. y cuyos demás datos identificatorios resultan de la demanda y del plano de mensura particular a los fines de la prescripción de fs. 12/13


Dijeron que comenzaron a ejercer la posesión del inmueble con animus domini desde el año 1.979, luego de que los codemandados -tíos maternos- por decisión personal se mudaran -en el año 1.974- a la provincia de Buenos Aires. Relataron que, con el paso del tiempo, en virtud de la relación parental, ante la posibilidad real de remate del bien por deudas y la imperiosa necesidad de contar con un lugar para guardar sus maquinarias, se hicieron cargo del mantenimiento del terreno y de los impuestos, comportándose como dueños desde hace más de treinta años. Expresaron que han poseído el inmueble baldío en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida
La citación de los codemandados titulares inscriptos del bien (fs. 15/17) se dispuso por edictos pero en el ámbito de nuestra provincia (fs. 151), ello pese al destino que habría tenido aquella mudanza. Al no comparecer los accionados, se le dio intervención a la Defensora General (fs. 160), quien contestó que estaría a la prueba que se produjera (fs. 161).- - - -


En la audiencia preliminar de fs. 171/172 se abrió la causa a prueba y, producida la que se certificó a fs. 237, se clausuró el período a fs. 238.- - -


Sólo alegaron los demandantes (fs. 244/247) y a fs. 250/254 se dictó sentencia definitiva, la que dispuso rechazar la demanda interpuesta, con costas.
A fs. 257 apeló la parte actora, expresando agravios a fs. 259/263, los que fueron respondidos por la defensora actuante a fs. 265/270.


2. La sentencia apelada.


El rechazo de la demanda se sustentó en los siguientes argumentos centrales: a) la prueba testimonial rendida no acredita la posesión que determina la normativa de fondo para la procedencia del reclamo, por el contrario, evidencia que el inmueble se encuentra desocupado; b) la prueba de informes no demuestra la existencia de posesión animus domini ni el tiempo de la misma, pues solo acredita el pago de impuestos relativos al bien. Ningún organismo refiere desde qué fecha o bajo qué modalidad se han efectuado los pagos; c) la prueba documental (fotografías) permite observar un terreno baldío sin ningún tipo de mejoras ni construcción, lo cual concuerda con el acta de constatación, el que a su vez de modo contundente refleja la inexistencia de ocupantes; d) las tareas de limpieza del terreno, ni el guardado de camiones dentro del mismo, constituyen actos posesorios realizados en forma continua que revelen ánimo de tener la cosa para sí; e) no se acreditó el ejercicio de la posesión pública, pacífica e ininterrumpida, mediante la realización de actos posesorios a título de dueño durante el período mínimo de posesión adquisitiva requerido por ley.


3. El recurso.


3.1. En su primer agravio, los recurrentes señalan que la jueza de grado hizo una consideración errónea cuando, previo a concluir que no se habían acreditado actos de posesión a título de dueño respecto del inmueble situado en I.A., afirmó que ambos actores se domiciliaban en la localidad de B.L..


Más allá del equívoco puesto de manifiesto por la apelante, que vale reconocer ha sido tal, lo cierto es que el desarrollo del presunto agravio luce inconexo y confuso. Resulta dificultoso enlazar ese desacierto del a quo con el pago de impuestos y tasas al que los recurrentes hacen mención citando un precedente jurisprudencial. En otras palabras, no logran explicar razonadamente ni justificar que el fracaso de su pretensión judicial obedezca a ese error de la sentenciante.


Por ende, en este plano de la impugnación no se logra vislumbrar con un mínimo grado de lucidez, cuál sería puntualmente el sentido de la objeción recursiva.


Al respecto, se expone que la crítica concreta y razonada que debe contener el memorial de agravios debe consistir en la indicación, pormenorizada, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le...

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