Sentencia Nº 629 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 11-05-2018

Fecha11 Mayo 2018
Número de sentencia629
MateriaS/ COBRO DE PESOS

SENT Nº 629 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de T., a Once (11) de Mayo de dos mil dieciocho, reunidos los señores V.es de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores V.es doctores D.O.P. y R.M.G. y la señora V. doctora C.B.S., bajo la Presidencia de su titular doctor D.O.P., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “Ale de M.S.L. vs. Platino Turismo S.R.L. s/ Cobro de pesos”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora C.B.S., y los doctores R.M.G. y D.O.P., se procedió a la misma con el siguiente resultado: La señora V., doctora C.B.S., dijo: I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 791/811 y vta.) contra la sentencia de la Sala IV de la Cámara del Trabajo de fecha 19/12/2016 (fs. 772/784). El Tribunal declaró admisible el recurso por resolución del 19/9/2017 (fs. 834 y vta.) y del informe actuarial de fs. 841 surge que ninguna de las partes presentó la memoria que autoriza el art. 137 del CPL. La sentencia impugnada hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de $25.569,31 en concepto de SAC proporcional 2005, vacaciones 2004, vacaciones proporcionales 2005, indemnización por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, arts. 1 y 2 Ley Nº 25.323 y diferencia de categoría, y la rechazó por los rubros indemnización Ley Nº 25.561, SAC sobre vacaciones no gozadas, indemnización art. 80 LCT, horas extraordinarias, comisiones del 20% de las ganancias distribuidas entre todo el personal de la empresa, diferencias de indemnización por diferencias de categoría, daño moral, daño emergente y lucro cesante. Asimismo impuso a la demandada la totalidad de las costas generadas por su actuación más el 60% de las devengadas por la actora y a esta el 40% restante y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. II.- Luego de una extensa referencia a los antecedentes de la causa, la recurrente critica el rechazo del rubro “comisiones reclamadas en base a las ganancias de la empresa” y la remuneración que estableció el pronunciamiento recurrido. Denuncia “falta de aplicación del Artículo 61 Procesal Laboral” ya que “Al perito informático no se le permitió trabajar sobre las computadoras de la Casa Central de la Empresa, donde se puede extraer sin duda alguna la estipulación sobre distribución de comisiones al personal, de las ganancias de la empresa”. Manifiesta que la empleadora confeccionó “balances 'falsos', donde no se producen ganancias efectivamente, o sea utilidades separando los insumos, y su costo y el producto de las ventas, restando impuestos y demás erogaciones, incluido pagos al personal”. Añade que pese a esos balances y/o estados contables con pérdida, “la actividad comercial continuó, aún luego del despido” y que es insólito que la empresa aparezca “sin ganancias de ninguna especie, pero que sigue operando en el mercado turístico”. Entiende que “cuando en el cuaderno de prueba contable de la demandada se expresa un detalle de la producción de los empleados de la Sucursal, sin duda ratifica que hubo discriminación del rendimiento para que surja de allí la distribución de comisiones de las ganancias obtenidas por la empresa”. Alega que a la absolución de posiciones ofrecida por su parte no concurrió “el Sr. I., Gerente de la empresa accionada” y que “no se utilizó la opción procesal, al ser notificada la accionada del ofrecimiento de la prueba, y luego en la audiencia compareció quien no era gerente de la demandada”. Afirma que “se ha violentado e inobservado” las disposiciones de los arts. 157 de la Ley Nº 19.550 y 315 inc. 4, apartado b) del CPCyC, por lo que “debe tenerse por reconocidas las posiciones que se incluyeron en la audiencia, tanto en cuanto al cargo gerencial, cuanto a las horas extraordinarias, y al 25% de distribución de ganancias o pago de comisiones”. La actora se queja de que “no se reconozca el rubro de indemnización por la falta de entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, certificado de trabajo y constancia de aportes y contribuciones de la seguridad social” y de que “se viola o interpreta erróneamente el artículo 80 de la LCT”. Asevera que “surge con nitidez que la demandada no dió cumplimiento con la obligación establecida en la norma legal citada, me refiero al texto del artículo 80 L.C.T., y su modificación introducida por el art. 45 de la ley 25345. En tal sentido, se hace constar que mi mandante efectuó la intimación en 3 despachos telegráficos remitidos el 03/09/05 y 10/09/05 y 22/09/05, que ratifican los despachos anteriores”. Aduce que “un Decreto pretendidamente reglamentario no puede variar el sentido de la norma legal, e imponerle al trabajador la espera de los 30 días corridos del rompimiento del vínculo para recién intimar la entrega de la documentación mencionada en el segundo y tercer apartado del Art. 80, modificado por la ley 25345”, y que “estaría claramente desnaturalizada la obligación legal”. Sostiene que “debe ser declarado inconstitucional -al menos para este caso- y/o inaplicable a la especie el Decreto Reglamentario Nº 146/01, y reconocer como otro rubro de la sentencia condenatoria a la empleadora de la suma igual a tres veces la mejor remuneración obtenida, durante el desarrollo de la tarea laboral. También, podría ser aplicable el criterio que si bien se intimó antes de cumplidos los 30 días corridos de la desvinculación laboral, transcurrió largamente ese término sin que se diera cumplimiento integral de la obligación impuesta por el mentado artículo 80 LCT, apartados 2º y 3º”. Cita doctrina referida a la constitucionalidad del Decreto 146/01 y afirma: “Dejo planteada la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 3 del Decreto 146/2001, que recién es mencionado en la sentencia de S.S. que recurro”. Señala que “el cumplimiento del Artículo 80, supuestamente lo constituye la entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones, formulario de ANSES P.S.6 2., ya que si bien es apto para iniciar los trámites jubilatorios en la oportunidad prevista en la ley… no cumple con los requisitos de especificar sobre las funciones que cumplía el trabajador en la empresa, calificación profesional, mención de las acciones o cursos de capacitación que hubiese realizado el trabajador. Además no requiere adjuntar la constancia de haber efectuado los aportes a los organismos de seguridad social (jubilaciones, obra social, etc.)”. Con relación al rechazo de las horas extras reclamadas, denuncia violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas testimoniales, de absolución de posiciones y pericial de ingeniero informático. Expresa que los testigos propuestos por su parte “declararon asertivamente sobre la condición de Gerente o Encargada de Sucursal y el cumplimiento de horas extraordinarias o suplementarias”, que se trata de “testigos calificados en sus exposiciones por ser todos profesionales universitarios”, que las tachas de la demandada fueron desestimadas por la Cámara “aunque no les dio el valor que surgía de las exposiciones a éstos”. Reitera el planteo referido a la infracción de las disposiciones de los arts. 157 de la Ley Nº 19.550 y 315 inc. 4, apartado b) del CPCyC en la valoración de la absolución de posiciones de la demandada. Postula que “de modificarse los montos por los que progrese la demanda en definitiva, seguramente deberá modificarse la asignación de costas. Inclusive, aunque no se modifiquen los rubros indemnizatorios aún en ese supuesto entiende mi parte que deben modificarse las costas asignadas, quedando todas las costas a cargo de la accionada”. III.- La sentencia impugnada estableció que “constituyen hechos admitidos y por ende exentos de prueba los siguientes: 1) Relación jurídica que vinculó a los litigantes desde el mes de julio de 2004 (si bien hay discusión acerca si el ingreso se produjo el día 01.07.04, como afirma la demanda, o el día 22.07.04, como afirma el responde), hasta el despido directo ocurrido el día 31.08.2005; 2) Desempeño del actor en la sucursal T. de Platino Turismo, sito en calle Corrientes 474; 3) Autenticidad y recepción de las piezas postales intercambiadas por los litigantes”; en tanto que las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria eran: “1º) fecha de ingreso, categoría laboral y remuneración del actor; 2º) inconstitucionalidad de la Ley 25.561 y sus prorrogas (Decreto 883/02); 3º) rubros e importes reclamados”. La Cámara, luego de analizar las pruebas producidas en autos, consideró que “existen sobradas pruebas de que la función cumplida fue la de Encargada, tal como surge prácticamente de la totalidad de la prueba de informes producida. Hay algunas excepciones como es el caso del informe de fs. 467, donde la accionante se individualiza como 'gerente', o el informe de La Gaceta, del 17.10.2004 (fs. 184), donde la actora se identifica como 'gerente de una agencia'; empero, es abrumadora la cantidad de piezas donde, tanto de parte de la actora como de la demandada, se individualiza a la accionante como 'encargada'. Señaló que “La prueba testimonial, de la que surgiría el carácter de 'gerente' no es muy precisa y, al describirla precedentemente, se relativizó su importancia, atento a que no se dio razón de los dichos. A lo que se suma que la disputa sobre el pretendido carácter de gerente a los fines de pretender una remuneración tarifada carece de interés por cuanto el cargo de 'gerente' no se encuentra contemplado en el CCT 130/75. O sea, se trata de una figura fuera de convenio. Por el contrario, sí existe la categoría de 'encargado de segunda', categoría 'F', que es la máxima prevista en la rama administrativa, razón por la cual, en función de la prueba arrimada a la causa, determino que es la que le correspondía al actor, y no la de 'Administrativo B', como estuvo...

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