Sentencia Nº 6187/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 4 de Octubre de 2018
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados "FERNÁNDEZ, E.A.C.G. de FERNÁNDEZ, M.E. y Otro S/ ORDINARIO" (expte. Nº 6187/18 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de esta Circunscripción
El Dr. R.F.R., sorteado para emitir el primer voto, dijo
Sentencia de grado: A fs. 401/408 la aquo dicta la sentencia cuestionada en las apelaciones vertidas por los recurrentes. La magistrada de Primera Instancia realiza un pormenorizado relato de los hechos del expediente a fs. 401/402 vta., a los cuales me remito por razones de brevedad. La jueza esgrime que examinará tres cuestiones, la primera es el acto instrumentado mediante la escritura pública N° 135; en segundo término la procedencia de la acción de reducción; y por último la intervención del escribano J.S.J.R.. Aclara que deviene aplicable la normativa del Código Civil de V. en sus arts. 955 a 960
Respecto al acto instrumentado en la escritura N.. 135 dice que cabe definir -conforme a las pruebas producidas- si las partes otorgantes han tenido motivos para llevar adelante un acto simulado, apoyada en doctrina que cita. En principio señala la sentenciante que se admiten todo tipo de pruebas, habida cuenta que quien entabla la acción es un tercero ajeno al negocio celebrado entre los otorgantes del acto, y sigue citando jurisprudencia en su favor
Afirma que la relación cercana entre quienes celebran un negocio constituye una presunción de simulación. En este sentido la jueza aseveró que la Sra. M.E.G. convivía con el Sr. A.F. y se apoya en la prueba testimonial brindada en autos. Otra grave presunción en que se basa la jueza en favor del acto simulado es que el causante haya procedido a vender todo su patrimonio, que era su única fuente de ingresos, sin que aparezca visible la necesidad de tal enajenación, e inclusive la propia demandada no da claros argumentos que justifiquen ese desprendimiento de bienes, y cita doctrina en su favor
Otra presunción que la jueza entiende por acreditada es el bajo precio de la operación de compraventa por el total 90.000 australes, que resultan sustancialmente menor al informado por el perito tasador, debiéndose tomar este precio como un indicio acorde con las otras pruebas arrimadas a la causa
También se especifica que al momento de celebrarse el negocio la accionada solo se limitó a manifestar que había recibido el importe con anterioridad, lo cual constituye una presunción contraria a la onerosidad del acto, y aclara que no se aportaron al pleito transferencias bancarias, ni recibos, ni se produjo otra prueba que corrobora el pago. Otro indicio importante es la carencia de recursos económicos de la demandada, la sentenciante se basa para afirmar este hecho en la prueba de declaración de parte de la propia accionada en que reconoce que tuvieron que prestarle dinero para la operación de compraventa; además agrega que la inexistencia de constancias contables y bancarias demuestran la escasez económica de la demandada.
Otro punto que la Jueza destaca es la "Retentio Possesionis", por la cual, luego de suscripta la escritura, el causante A.F. continuó viviendo con la demandada en la casa de Ing. L., e inclusive continuó llevando adelante la explotación agropecuaria, basándose la magistrada, en los dichos de los testigos que transcribe.
Por último la Jueza en torno a la escritura N.. 135 observa que la actitud de la demandada no ha sido tendiente a demostrar, a lo largo del proceso, si el acto celebrado es un acto real y sincero; sino que sólo se ha limitado ha descalificar a la contraparte, siendo su actividad probatoria sumamente escasa, lo que conspira contra la realidad del negocio impugnado, citando doctrina en su favor.
Por todas estas presunciones, la sentenciante entiende que la escritura pública N.. 135 encubre un acto simulado, quedando al descubierto el real negocio jurídico, la donación, citando doctrina en favor de esta argumentación.
En segundo lugar la aquo analiza la procedencia de la acción de "Reducción" y señala que la escritura N.. 135, ya descubierta como una donación, ha violado el derecho a la protección de la legítima del actor, debiéndose esa donación ser reducida hasta que quede cubierta la porción legítima del actor en este proceso. Por otra parte la accionada no ha cuestionado la forma en que el actor planteó el reintegro de esos bienes, con lo cual aquélla deberá reintegrar los bienes recibidos hasta la porción referida, citando jurisprudencia en su favor.
En cuanto a la intervención del escribano J.J.R., la jueza observa que si bien el profesional debió ser citado al proceso, su actuación debe distinguirse, según se cuestionaran vicios instrumentales de la escritura o el contenido del acto, que justamente este último es el que se invoca en este pleito, por lo cual la aquo entiende que el escribano es ajeno al negocio celebrado por las partes. En relación al hecho del pago se dejó en claro en la escritura que no fue pasado ante la presencia del escribano sino que se expone según los dichos de la "compradora" haber entregado el dinero con anterioridad a la suscripción de la escritura. Por lo cual rechaza la citación como tercero del escribano e impone las costas.
Finalmente la jueza hace lugar a la demanda entablada condenando a la demandada a restituir los bienes que recibiera mediante la escritura N° 135, hasta cubrir la porción disponible; impone las costas del proceso a la demandada y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.
Recurso de la parte demandada: A fs. 426/429 expresa agravios la accionada. En principio solicita la nulidad de la sentencia en función de lo estipulado por el art. 250 del C. Pr. Aduce que el fallo adolece de un defecto insubsanable, ya que la magistrada no ha aplicado la normativa vigente, es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación. Expone que en el caso hipotético que se declare la simulación de la compraventa y se entienda que el verdadero negocio efectuado entre las partes es la donación, la jueza debió aplicar el Código Civil y Comercial vigente y no la vieja normativa del Código Civil. Dicha situación le ocasiona un perjuicio irreparable, ya que la porción disponible estipulada en el "viejo" ordenamiento establecía dos quintos y la ley vigente dispone de un tercio, por lo cual se amplió la porción disponible y sería mucho mayor, por lo cual pide la nulidad de la sentencia.
En subsidio de la nulidad opuesta, expresa los agravios referidos a la sentencia dictada. Afirma que la sentenciante interpreta a los indicios como presunciones, cuando en verdad no lo son; además que no se evidencia la presencia de presunciones en este pleito. Advierte que no existen elementos que permitan presumir al existencia de una relación amorosa entre la demandada y el causante. Observa que los testigos no son precisos en sus declaraciones y por ello concluye que no es real esta presunción tomada por la jueza de grado.
Por otra parte el recurrente sostiene que es ilógico poner en cabeza de la accionada la carga de explicar las razones por las cuales el causante enajenó los inmuebles de su patrimonio. Agrega que la accionada ya poseía una porción de tierra, con lo cual podría pensarse en que la misma quería acrecentar su porcentaje de hectárea al adquirir otras.
En cuanto al precio bajo de la operación afirma que no ha sido tal, ya que el valor de la hectárea rondaba el precio aproximado por el cual finalmente el negocio se efectuó. Además agrega que la propia jueza observó que en las operaciones inmobiliarias generalmente se plasma un monto inferior al real, y por todo ello no puede ser un indicio para acoger la demanda impetrada.
En relación con la insuficiencia de recursos económicos de la demandada, esa parte reconoce que recibió ayuda para adquirir los bienes, pero ello no quita que pese a su humilde situación, no haya podido procurarse sus ahorros provenientes del trabajo de toda su vida.
El recurrente se queja porque la jueza toma como presuncional la actitud de la accionada en el proceso, entendiendo que ello es producto de una estrategia defensiva del profesional que la asistió en aquella oportunidad, y no de su parte.
Por todos estos argumentos la apelante entiende que no han sido numerosos, ni graves, ni precisos, ni concordantes los indicios aludidos por la aquo como para constituir presunciones en su contra. Aclara la apelante que no se atacó el acto del escribano RENAUDO de nulidad, que ello le otorga mayor validez probatoria a la escritura de compraventa, que fue el acto real, según su apreciación.
Por todo ello concluye que no...

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