Sentencia Nº 6122/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Emisor:Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)
Estatus:Publicado
Número de sentencia:6122/17

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo C.il, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "HERNÁNDEZ Clemente Oscar C/ PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A S/ ACCIDENTE LABORAL" (expte. Nº 6122/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. N° 1 de esta Circunscripción


El Dr. R.M.I., sorteado para emitir el primer voto, dijo:-


ANTECEDENTES: A fs. 37/53 se presenta C.O.H., con patrocinio letrado, a incoar demanda para obtener las prestaciones dinerarias de las leyes 24.557 y 26.773 contra PREVENCIÓN ART S.A., solicitando la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8, 21, 22, 46 de la ley 24.557, decretos 1278/00, 717/96 y 410/01


El actor dice que, al momento de la demanda, tenía 43 años y que se desempeñaba como empleado de D.L.R. como chofer de camiones. En las circunstancias indicadas, el día 07/12/15 a las 15:00 hs. sufre un accidente de trabajo que afectó su brazo derecho


Asimismo indica que, una vez denunciado el siniestro, la demandada lo deriva al "Centro Médico FITZ ROY" ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se lo interviene quirúrgicamente y se le hacen los controles posteriores hasta el 01/06/16 cuando, a pesar de su mal estado de salud, se le da el alta médica sin secuelas incapacitantes, sin sugerencia de recalificación, sin prestaciones médicas e indicando que debía retornar a las tareas al día siguiente


Frente a lo dictaminado por el centro de salud viajó a Santa Rosa a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y ante la falta de una inmediata respuesta -teniendo en cuenta que se le había otorgado el alta médica cuando no se encontraba en condiciones de retornar al trabajo- procedió a iniciar el reclamo judicial


Plantea la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557 que, en principio, vedan el acceso a la Justicia Ordinaria.


Reclama las prestaciones dinerarias de las leyes 24.557 y 26.773 y ofrece la prueba que hace a su derecho.


A fs. 61 el actor amplía la demanda informando que, no obstante haber desistido de la Junta Médica, el 07/07/16 se le notificó que se revocaba el alta médica y que se debía continuar con las prestaciones.


A fs. 68/69 se amplía nuevamente la demanda indicando que, en el mes de agosto de 2.016, el Dr. PORTILLO extendió una constancia de alta médica con incapacidad a evaluar.


A fs. 102/112 se presenta PREVENCION ART S.A. a contestar la demanda. Reconoce la existencia del accidente de trabajo denunciado por el trabajador y manifiesta que, hasta el alta médica ocurrida el 01/06/16 brindó las prestaciones a su cargo. Asimismo indica que el 05/07/16 la Comisión Médica Jurisdiccional modificó el alta y mandó a continuar con las prestaciones. También hace constar que el 05/08/16 se le otorgó el alta médica sin secuelas incapacitantes.


La demandada dice que el actor no tiene derecho al reclamo no solo por no haberse respetado el procedimiento establecido en la LRT sino por tratarse de una enfermedad inculpable. Asimismo rechaza el planteo de inconstitucionalidad realizado por el trabajador. Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda.


A fs. 115/120 se resuelve la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT y declara la competencia del Juzgado L. de esta Circunscripción Judicial para entender en el pleito.


Luego del trámite judicial, a fs. 211/221 se dicta Sentencia de Primera Instancia en virtud de la cual se hace lugar a la demanda y se condena a la ART al pago de $ 412.973,95 con más intereses y costas.- - - -


Para sentenciar de la forma en que lo hizo, la J.a decretó la inconstitucionalidad de los arts. 6, 21, 22, 49 y 50 de la ley 24.557, estableció la incapacidad del actor en el 23,30% (siguiendo la opinión del perito médico), declaró la inconstitucionalidad del art. 12 LRT, fijó la indemnización correspondiente al art. 14.2 LRT en $ 344.144,96 y la del art. 3 Ley 26.773 en $ 68.828,99 y ordenó adicionar intereses -tasa mix de uso judicial- desde el 07/12/15.


RECURSO: La demandada apeló la Sentencia de Primera Instancia y expresó agravios a fs. 236/246.


Primer Agravio: Al fundar el primer agravio, "PREVENCION ART S.A." considera que el actor carece de la facultad de demandarla por haber obviado el trámite administrativo previo y obligatorio.


Segundo Agravio: La recurrente dice que todo el cuestionamiento de inconstitucionalidad no tiene asidero ya que no se ha demostrado un perjuicio en el caso concreto.


Asimismo se refiere específicamente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 LRT y se agravia por la violación al principio de congruencia ya que la norma en cuestión no fue oportunamente impugnada por el actor.


Por último -dentro del mismo agravio- ataca el porcentual de incapacidad otorgado por la Sentenciante que resolvió sin tener en cuenta las críticas que se realizaron a la pericia médica que se practicó en autos.


En mi opinión, los dos primeros agravios se complementan, en parte, y pueden ser tratados en conjunto.


En primer lugar observo que la recurrente, al expresar agravios, cae en alguno de los defectos que ella misma imputa -básicamente el de generalidad- ya que no hay una crítica concreta y razonada al fallo de Primera Instancia en lo que se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 LRT, lo que la coloca al borde de la deserción.


La apelante comienza cuestionando la facultad del actor para demandarla, por haber abandonado intempestivamente el procedimiento administrativo dispuesto por la ley 24.557, y luego discute la declaración de inconstitucionalidad declarada por la J.a de grado, que en definitiva es lo que permite que el trabajador acuda ante el Poder Judicial provincial a realizar el reclamo por lo que considera debe abonársele en concepto de prestaciones dinerarias.


Para decretar la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 49 y 50 LRT, entre otras cosas, la Sentenciante dijo: "La amplitud y el tenor de las facultades conferidas a organismos administrativos creados por ley, las Comisiones Médicas, al estar dotadas de facultades jurisdiccionales se convierten en pseudo-tribunales, lesionando el principio de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso consagrados por la Constitución Nacional. La norma transgrede el artículo 109 de la Constitución Nacional en cuanto otorga potestades jurisdiccionales a órganos administrativos federales designados por el Poder Ejecutivo con exclusión de los jueces naturales del Trabajo de cada Provincia (...) El procedimiento...

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